Sin embargo, la implementación de esta práctica empieza a generar inconformidades entre alcaldes y recolectores quienes argumentan que no hay preparación para cumplir a cabalidad el Reglamento, a pesar de que ya transcurrieron dos años desde que cobró vigencia.
La norma dice que del 10 de agosto de 2021 al 10 de agosto de 2023 todos los guatemaltecos debían de separar sus residuos sólidos, como mínimo, entre orgánicos e inorgánicos, pero por parte de las comunas y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) hubo escasa difusión de esta obligación.
Esto hace pensar a especialistas y sectores involucrados con el medioambiente de que lo que hace falta es voluntad para, al menos, tratar de cumplir con las normativas ambientales vigentes en el país. Al mismo tiempo les hace temer que con este Reglamento ocurra lo mismo que con el 236-2006, Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales, que en su artículo 24 obligaba a las municipalidades a construir plantas de tratamiento para limpiar sus aguas.
Esta normativa fue aprobada en tiempos del presidente Óscar Berger. Pero, argumentando falta de recursos, las municipalidades han logrado que la entrada en vigor de este artículo se haya postergado en cuatro ocasiones, la más reciente en noviembre del año pasado. Mientras tanto los ríos, lagos y las costas oceánicas siguen contaminándose.
No se puede postergar
Jeanne Samayoa, representante de la Fundación Crecer y quien dirige la iniciativa de reciclaje Haciendo Eco, considera que sería un retroceso postergar o derogar el acuerdo 164-2021 y dice que en cuanto a la clasificación, reciclaje y manejo adecuado de la basura “nunca nadie va a estar 100 por ciento listo”, puesto que es “un camino de mejora continua”.
“Sería un error decir ‘no estamos listos, prorroguémoslo otros dos años’, sobre todo teniendo el precedente tan terrible del acuerdo 236-2006”, señaló.
En opinión de Samayoa todos tienen parte de responsabilidad dentro del Reglamento, y más que recursos financieros, cree, lo que más hace falta es voluntad para dar los primeros pasos para hacerlo realidad.
Como ejemplo, expuso que municipalidades pequeñas como la de Olopa, Chiquimula, han hecho esfuerzos “interesantes”, y ya cuenta con un centro de manejo de desechos, reciclan y hacen compost y van a los centros educativos a recoger residuos ya clasificados.
En contraparte, agregó, la comuna de Santiago Atitlán cuenta con una planta de tratamiento de desechos que construyó el Gobierno, pero que no se ha utilizado mientras la basura continúa llegando a los bosques y lugares turísticos. El alcalde de la localidad dijo que la planta se terminó de construir el año pasado con recursos del Gobierno, de la comuna y de los consejos de desarrollo.
Dijo que esta no funciona todavía porque la población no se acostumbra a separar sus desechos y es algo que no se logra “de la noche a la mañana”. No se sabe cuándo comenzará a funcionar.
Plan
“Si municipalidades chiquitas puede hacerlo, ¡todas pueden!”, señala Samayoa.
La voluntad para tratar de manera adecuada los residuos es la primera condición, enseguida se requeriría de un reglamento municipal que, entre otras cosas, especifique que los recolectores pasen ciertos días por los residuos orgánicos, otro por los inorgánicos y otro por la basura que irá a disposición final. Una vez al mes podrían pasar por basura específica, como la electrónica.
“No se hacen las cosas porque no quieren, es pura falta de voluntad y esto —la clasificación— es impostergable. No hay que pensar en cuánto nos va a costar, sino qué nos está pasando a raíz de que no clasificamos, no podemos seguir viendo como perdemos los ríos y lagos”, dijo Samayoa.
El secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Gerson López, pidió en una reunión con el Marn, que el cumplimiento del Reglamento sea escalonado. A la vez, aseguró que las comunas “reconocen la importancia de trabajar por un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
Félix Aguilar, profesor de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos, opina que, aunque las regulaciones que plantea el Reglamento no son malas, los mecanismos para aprobarlo no fueron los adecuados, puesto que no se tomó en cuenta a todos los actores, lo que generó poca capacidad de consenso.
No obstante, considera que la coyuntura —que ha abierto el debate sobre el tratamiento adecuado de los desechos sólidos— es una oportunidad para abordar el tema con seriedad. Esto probablemente requiera revisar el Reglamento actual, lo cual no debe entenderse como una prórroga para seguir como hasta ahora.
“No podemos caer como país en que no me preocupa este tipo de reglamentación, pero cuando se llega el día que me afecta, entonces pido prórroga, porque así mostramos la poca importancia que le damos al manejo de recursos”, reflexionó Aguilar.
Añadió que el Reglamento está vigente desde hace dos años, pero no se conoce si las autoridades han evaluado los resultados; además, estima que poca gente lo conoce y no saben que tenían que hacer una clasificación de la basura orgánica e inorgánica, y “si no hacen esa primera separación es imposible que hagan la segunda”.
Sin embargo, Aguilar coincide en que urge regular el manejo de los residuos “para evitar un daño ambiental más fuerte, que tendrá impactos a largo plazo”.
No se cumplen
Las normativas ambientales suelen no cumplirse o bien, se posterga su entrada en vigor. Al acuerdo 236-2006 que buscaba regular las aguas residuales, cuya más reciente prórroga la otorgó el actual Gobierno, en noviembre del año pasado, se suman acuerdos de varias municipalidades que han prohibido del plástico y del duroport.
Una investigación del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur) reveló el año pasado que solo 14 de las 26 comunas que aprobaron la prohibición, efectivamente la implementaban y tenían planes de seguimiento.
Alex Guerra, director del Instituto Privado de Cambio Climático, considera que “no conviene prorrogar el acuerdo” porque no garantiza que en otros dos años los actores involucrados se vayan a preparar, y que lo más probable es que transcurra ese tiempo, no se haga nada y cuando falte un mes o días para que entre en vigor vuelvan a justificar que no hay preparación.
“Esto es un proceso de aprendizaje. Es cierto no estamos preparados pero el Reglamento es un buen paso”, expuso Guerra, para quien lo que sí podría revisarse es el capítulo multas porque ni siquiera está claro quién debe imponerlas.
Congreso
Samayoa lamenta que el Congreso no legisle en un tema que es “vital” para el país y afirma considera que ha habido negligencia de las sucesivas legislaturas de no aprobar, por ejemplo, una ley de aguas cuando el 95% de los ríos y lagos están contaminados. El Marn trata de regular, pero su capacidad es limitada, añade.
“La propia Constitución dice que el Estado se organiza para proteger la vida y qué más que proteger los recursos naturales”, indicó.
Guerra indicó que una ley sería más fuerte que un reglamento, por lo cual considera que es necesario que el Congreso legisle al respecto del tratamiento de aguas y de los desechos sólidos, y que el reglamento se haga cargo de indicaciones específicas.
