Salud reproductiva
Desde que se vieron obligados a habitar en la frontera, tres mujeres sufrieron abortos, hubo tres nacimientos de niños, y actualmente hay una docena de mujeres embarazadas.
Aunque la mayoría de los menores que fueron desplazados han nacido en San Andrés, Petén, también hay “entre 15 y 20 menores nacidos en México, que tienen doble nacionalidad”. Por tanto, las familias de estos podrían pedir asilo al país aferrándose a este aspecto.
“Está el derecho humano a la identidad, el derecho a la vida, con esas pérdidas ya se ha violado, pero se puede evitar que sigan otras personas falleciendo”, manifestó Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos.
Rodas también recalcó la preocupación porque a la comunidad se les está vedando el derecho a la salud, alimentación y educación que calificó como “los más preocupantes”.
Por el momento, los campesinos han acordado mantenerse en la posición de”exigir el retorno inmediato a Guatemala, pero no se descarta en algún momento que las personas soliciten asilo a México”, explicó a la agencia Efe, Enrique Vidal de Voces Mesoamericanas.
“Ahora hay unanimidad, consenso en exigir el retorno”, apunta, pero si se da a conocer la vía de reubicación y no les satisface, podría darse una separación entre los que quieran quedarse en México o en Guatemala.
“Lo que pido como procurador, es el inmediato cumplimiento de las medidas cautelares dictadas -por la Cidh-. Por razones humanitarias por la época del año y el invierno, que los dejen retornas a donde fueron desalojados. No puedo permitir que se pierdan vidas humanas ante el abandono del Gobierno”
Obdulio de Jesús Chomá, alcalde auxiliar de la comunidad, afirma que quiere volver a su comunidad, donde puede cultivar tierras, ya que ahora están sin ocupación: “Nosotros somos campesinos, y ¿cómo vamos a generar trabajo? No nos vamos a tirar a robar porque somos personas honestas y honradas”, enfatizó.
Cuando fueron expulsados, los campesinos pidieron permiso para volver a recoger sus cosechas. Sin embargo, la autorización no les llegó hasta septiembre, cuando ya habían perdido el 80 % de los cultivos que constituyen su medio de vida.
“Que el presidente diga 'vuelvan a su lugar'. Con eso basta. No le pedimos la luna ni las estrellas”, pidió Chomá.
Medida cautelar
El caso fue conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), cuya comisión visitó a esa comunidad, comprobando las malas condiciones en las que se encontraban, por lo que a finales de septiembre les otorgó una medida cautelar para proteger la vida e integridad personal de estos pobladores del municipio de San Andrés, Petén.
Esto ha servido para que se vea “por primera vez una preocupación por parte del Estado de Guatemala por resolver esto, todavía falta voluntad política”, dijo a Efe Enrique Vidal, de Voces Mesoamericanas, uno de los grupos que están proporcionando asistencia a los campesinos.
El gobierno guatemalteco todavía “habla de una manera muy genérica de una vía de reubicación, sin fecha concreta”; afirma que “tienen pendiente hacer un censo de población”, pese a que ésta ya se encuentra contabilizada, recalcó Vidal.
“Lo que pido como procurador, es el inmediato cumplimiento de las medidas cautelares dictadas. Por razones humanitarias por la época del año y el invierno, que los dejen retornas a donde fueron desalojados. No puedo permitir que se pierdan vidas humanas ante el abandono del Gobierno”, puntualizó Rodas.
Aun así, la comunidad tiene claro que quiere volver a su tierra, de la que fueron expulsados, pese a que al momento de su asentamiento contaron con el permiso de las autoridades.
El caso está ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que sigue sin resolver el amparo, aunque ya está “fuera de plazo”, indica el activista.
Tras la medida cautelar, el Estado tendrá que informar a la Cidh sobre qué medidas está tomando para atender la situación humanitaria.
Vidal contó a EFE que la ayuda sigue llegando, pero en menor medida. En esto han repercutido, en parte, los sismos registrados en septiembre en el centro y sur de México, que dejaron miles de damnificados.
La situación sanitaria de los guatemaltecos ha mejorado levemente porque desde hace poco cuentan con una planta potabilizadora de agua -aunque no es suficiente para toda la comunidad-, pero una de las preocupaciones es que las lluvias han generado mucho lodo, uno de los principales focos de infección.
En el campamento, hay un médico comunitario instalado de lunes a viernes, pero no se está atendiendo debidamente el impacto psicológico a los campesinos que sufren como víctimas de violaciones de derechos humanos.
Entre los males que presentan los guatemaltecos, enumera Vidal, están situaciones de insomnio, estrés, depresión y extrema ansiedad.
Los niños “quieren volver a su casa”, quieren “su lugar”, señala Américo Chacón, perteneciente al Consejo Comunitario y padre de ocho hijos.
La situación de los menores en el campamento es especialmente grave, ya que no están teniendo una alimentación variada. Según datos de Unicef, hay 36 niñas y niños con desnutrición de leve a grave, esta última diagnosticada a ocho niños menores de 5 años.
Prensa Libre consultó al vocero de la Presidencia, Heinz Hiemann, quien dijo que pediría la información y daría una respuesta el lunes.
