No deje de leer
Solo en la etapa de la primera infancia en Guatemala se cuentan cerca de 2.7 millones de niños que deberían ser atendidos a este nivel, pero los espacios de atención son insuficientes y hay una limitada infraestructura.
Según lo define el Ministerio de Salud, por cada 10 mil habitantes debería haber un centro de salud, por lo que bajo está lógica se requerirían 809 centros a nivel nacional, según un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Mientras que en el caso de los puestos de salud, se necesita uno por cada 5 mil habitantes, y lo ideal sería tener 2 mil 87 puestos.
La cantidad de los servicios de salud es deficiente, y los que están son inaccesibles para buena parte de la población. El sexto monitoreo de la Venta de los Mil Días señala que entre una y dos horas es el tiempo que las personas ocupan para llegar a un puesto de salud en las zonas rurales.
La brecha es difícil de cerrar con el actual presupuesto, y ha orillado a los guatemaltecos a buscar atención en el sector privado, lo que ha aumentado el gasto de bolsillo a un 52%. Un costo difícil de cubrir, principalmente para la población rural, que representa el 40% de los guatemaltecos y que mayoritariamente es indígena (52%), donde siete de cada diez viven en pobreza.
“Aún existe una imposición de barreras por parte del Estado para que la población tenga acceso pleno a la asistencia en los servicios de salud”, indica Adrián Chávez, experto en salud y exviceministro de esa cartera.
Pero hay otros problemas. Luis Linares, experto en ejecución del gasto público, señala como un problema la falta de insumos y medicamentos en los servicios de salud, lo que debe ser cubierto por el Estado.
2 mil 87 pues de salud es lo que se requiere para atender a la población guatemalteca.
“Actualmente la gente va a los puestos y centros de salud, y obtiene una receta, pero el problema es que allí no hay medicinas para darles el tratamiento curativo”, indica Linares.
Además, hay que mejorar los horarios de atención y la cantidad de personal médico disponible. Las personas ya no solo consultan por enfermedad común, cada vez más necesitan tratamiento médico por enfermedades crónicas, y en ocasiones son enfermeros quienes los atienden.
Cuestiona capacidad
Ante la debilidad en la cobertura de salud pública, el Ministerio de Educación prevé implementar el próximo año un seguro escolar para 2 millones 500 mil estudiantes, a través de la contratación de los servicios de 5 mil médicos privados y para lo que pide Q180 millones en el presupuesto del 2020.
No solo cubrirá emergencias, sino se ocupará de esa atención primaria que la cartera de Salud no ha podido solventar.
La propuesta, aunque se presenta como una solución al problema de cobertura en salud, para la exministra de Salud y diptuada electa al Congreso, Lucrecia Hernández Mack, el problema sigue siendo la centralización de los servicios de médicos privados, que están limitados a la capacidad de pago de los usuarios y, además, está el reto de cobertura en las áreas rurales.
“Hay que asegurar que en el momento que un niño o niña necesite la atención médica la obtenga, que no solo se pague el servicio privado y a la hora de una emergencia tenga que recurrir al servicio público. Si estamos hablando de un Ministerio de Educación esos servicios deberían de ser también por parte del Ministerio de Salud Pública”, dice Mack.
En el área rural, Chávez menciona que donde hay una escuela suele haber un puesto de salud, que “fácilmente” podría hacerse cargo del primer nivel de atención de los estudiantes, por lo que sería mejor fortalecer estos puestos.
Atención limitada
Hace 22 años, en 1997, el Ministerio de Salud decidió implementar un Programa de Extensión de Cobertura (PEC) que buscaba ampliar la atención médica a un 46% de la población que no tenía acceso. Este programa descansaba en servicios contratados a oenegés dedicadas, principalmente, en el área rural.
En la primera fase del proyecto los servicios, en promedio, tenían un costo de entre Q54 y Q80 por persona cubierta, pagados a las organizaciones que eran elegidas a través de un proceso y convenio firmado con Salud.
Para 2006 la cartera de Salud trabajaba con 85 oenegés en 26 áreas de salud de 20 departamentos. La atención, estimaba una publicación institucional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) era de 4.1 millones de personas del área rural, que no tenían cobertura antes del PEC.
En el 2014 el programa fue cesado por decisiones políticas, desde el Congreso, cuando se retiró el presupuesto y no se renovaron 220 convenios con 18 oenegés que prestaban los servicios de extensión de cobertura. Esa decisión dejó, en una primera fase unos 2.6 millones de guatemaltecos del área rural fuera de la atención médica de primer nivel.
El recorte significó Q295 millones menos en el presupuesto de Salud para la atención en el 2015 y los servicios se ofrecieron directamente en la red hospitalaria, lo que causó saturación en el servicio, en el mejor de los casos.
Para 2005, el entonces ministro de Salud, Jorge Villavicencio, reconocía que la media de médicos por habitante en el área rural era de 3 por cada 10 mil personas, cuando lo mínimo aconsejable era de 32 por cada 10 mil personas
Contenido relacionado
>Unicef: La niñez y adolescencia deben ser prioridad en la agenda de país
>Guatemala tiene un ineficiente gasto en Salud
>Salud sacrificará tres programas para cumplir acuerdo con sindicalistas
