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Las extorsiones son el punto frágil del Ministerio de Gobernación

Aunque los homicidios y robos al patrimonio se han reducido, el control de cárceles y extorsiones opacan los logros.

La seguridad ciudadana es de los aspectos más demandados por la población a cada gobierno. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La seguridad ciudadana es de los aspectos más demandados por la población a cada gobierno. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los primeros seis meses del gobierno de Bernardo Arévalo en materia de seguridad han estado marcados por el incremento sostenido en los casos de extorsión.

La evaluación semestral del gobierno de Arévalo en materia de seguridad coincidió con el 27 aniversario de la Policía Nacional Civil, acto durante el cual el mandatario reconoció que se ha enfrentado a “negligencia” y “corrupción” que habían cooptado en gobiernos anteriores a la institución.

Arévalo presumió la reducción de homicidios, una tendencia a la baja que es real y que ha venido así desde hace tres gobiernos, aunque omitió los logros en la reducción de denuncias de secuestro, robo de vehículos y motocicletas.


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Sin embargo, el mandatario no se refirió a otras cifras que evidencian un aumento en el robo a viviendas y las denuncias por violaciones sexuales.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (Cien) y la organización civil Diálogos, el primer semestre del gobierno de Bernardo Arévalo en materia de seguridad ha destacado porque se ha enfocado en atacar el problema de las extorsiones, delito que afecta a gran parte del país y, en especial, al área metropolitana.

En este primer semestre, el Ministerio de Gobernación (Mingob) enfocó sus labores en las extorsiones, por medio del Grupo Especial contra las Extorsiones (Gece), y ha atacado a grupos pandilleros recluidos en las principales cárceles del país.

La instrucción ha sido requisar una decena de prisiones para evitar que de estas salgan las llamadas extorsivas. Además, según el Mingob, también se ha reforzado la seguridad ciudadana y las unidades de prevención del delito, para frenar el flagelo de las extorsiones y los homicidios.


Qué dicen los números

Según cifras de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de Incidencia Criminal (Pladeic), respecto de los homicidios, en el 2019, el último año del presidente Jimmy Morales, la violencia homicida dejó tres mil 579 muertos, mientras que, en el 2020, y a raíz de la pandemia, según un análisis elaborado por el Cien y Diálogos, la cifra disminuyó a dos mil 577 víctimas, debido a las restricciones de movilidad.

En el 2021, según la Pladeic, murieron en forma violenta dos mil 844 personas. En el 2022 se incrementó el número a tres mil 4 y el año pasado cerró con dos mil 944.

En este primer semestre del gobierno de Arévalo, los homicidios suman mil 307 en todo el país. De acuerdo con el Cien, es una cifra menor al primer semestre del año pasado.
Walter Menchú, analista del Cien, resume que, de nueve delitos a cuyas denuncias les dan seguimiento, tres han aumentado y seis se han reducido.

Menchú explica que en el primer semestre del nuevo gobierno los delitos que se redujeron fueron precisamente los homicidios, un 7%; los secuestros se redujeron a la mitad; los lesionados, un 5%; el robo de vehículos cayó una quinta parte; el robo de motocicletas, un 4%; y el robo de furgones con mercadería se redujo en una cuarta parte.

Sin embargo, los delitos que aumentaron en relación con el año pasado son las extorsiones, que se incrementaron en un 32%; el robo a viviendas creció 24%; y las denuncias por violaciones subieron 20%.


De acuerdo con la Pladeic, en el 2019 la Policía Nacional Civil (PNC) registró 14 mil 714 casos de extorsión en el país, particularmente en el área metropolitana.

En el 2020 fueron 13 mil 31 denuncias, en 2021 sumaron 13 mil 288, mientras que en el 2022 se incrementó el número a 14 mil 725. El año pasado se reportaron 18 mil 96 y en lo que va de 2024 ya suman 11 mil 677 denuncias.

Abril alarma

Daniel Núñez, director académico de Diálogos, reconoció que, aunque el incremento en los homicidios no es tan grande, a partir de abril, mayo y junio han ocurrido más que el año pasado.

“Abril es el mes más marcado, con 236 homicidios, versus los 224 del año pasado. En mayo ocurrieron 248, seis más que en el 2023, y en junio, 234, versus los 230 del 2023”, explica.

Núñez refiere que, según Previo, el modelo de alertas para la predicción de la violencia en Guatemala arrojado con Prophet, el programa desarrollado por Facebook para generar pronósticos, en abril pasado se preveía que ocurrirían entre 132 y 204 homicidios. No obstante, hubo 236.

“Algo mucho más alto de lo que esperábamos. La cifra de homicidios se comportó diferente a como lo ha hecho en todos los abriles desde el 2001”, expone Núñez.

En cuanto a las extorsiones, sí es preocupante la incidencia, según Núñez. “Vemos un incremento significativo en este semestre. Es un aumento bien fuerte”.

En enero, de acuerdo con Núñez, se registró un 60% más de extorsiones que en enero del 2023, con base en datos de la Policía Nacional Civil, publicados en la plataforma Pladeic.


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En enero de 2024 se denunciaron dos mil 37 extorsiones, mientras que en el 2023 la cifra alcanzó las mil 273.

“En abril de este año, por ejemplo, hubo un incremento de más de 50%. Y así, todos los meses de este semestre han presentado más denuncias de extorsión que los años pasados”, comenta el especialista.

El desafío de cambiar el modelo

Sandino Asturias, del Foro de Organizaciones Sociales especializadas en temas de Seguridad (FOSS), opina que el primer semestre de gobierno de Bernardo Arévalo ha sido para rescatar instituciones que fueron desmanteladas por las administraciones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.

“Vale la pena contextualizar cómo recibió este gobierno las instituciones y, en particular, las de seguridad”, reflexiona.

Asturias cree que ese ha sido un primer desafío para el gobierno de Arévalo. “La institucionalidad, el equipamiento, las estrategias, la falta de profesionalidad, todo lo que dejó el gobierno pasado es un problema que atendió de manera urgente la nueva administración”, explica.

“Es importante contextualizar lo que recibieron y, además, con las cifras desatadas de violencia homicida y extorsiones. Todo estaba en los peores niveles en los cuales últimamente se habían desarrollado”, agrega.


Arévalo también lo ve así. Al menos así lo manifestó en los actos de aniversario de la Policía, el fin de semana pasado: “Algunas autoridades se han equivocado en su concepción de la seguridad e intentaron regresar a la Policía Nacional Civil a las prácticas represivas del pasado; sin embargo, la decisión tomada hace 27 años de conformar una policía autónoma, al servicio de la gente, ha rendido frutos. A pesar de los errores y equivocaciones motivadas políticamente, la institucionalidad de la Policía Nacional Civil da resultados y avanza".

Asturias considera que la apuesta global que el gobierno de Arévalo se planteó, con la cual, indica, “estamos totalmente de acuerdo”, era cambiar el modelo al de seguridad democrática.

“Es un desafío, indudablemente”, manifiesta Asturias. Según el especialista, por ahora, y todavía, “no se comprende qué es seguridad democrática y no se interioriza como parte de las nuevas políticas”.

“Vemos que a nivel presidencial y de la cúpula de Gobernación está muy claro que el desafío y la estrategia es correcta a partir del concepto de seguridad democrática”, añade.

“Tenemos que retomar los acuerdos de paz. Tenemos que plantear la seguridad democrática como un modelo que transforma lo que hasta ahora los gobiernos anteriores habían desarrollado como políticas”, comenta el experto en seguridad.

Según el análisis de Asturias, desde el FOSS es complejo abordar de manera integral el tema de seguridad, por la complejidad que tiene implementar un nuevo modelo sostenido en “años de desinstitucionalización y desprofesionalización”.

El desafío principal, dice Asturias, es que el nuevo gobierno implemente la seguridad democrática.

El nuevo modelo, según el experto, tiene un eje básico, que es la prevención. “La prevención de la violencia, la prevención de la criminalidad y ese que es un modelo de seguridad democrática y es un modelo de los acuerdos de paz, que ha costado mucho implementar”, asegura.

En esa transformación de modelo, de acuerdo con Asturias, uno de los más grandes desafíos para este gobierno “es poner al Ejército donde le corresponde, que es en la frontera, y a la Policía, en la seguridad ciudadana”.

Asturias cree que todavía “se mantienen algunos patrullajes conjuntos, se mantiene un híbrido entre Policía y Ejército para el tema de fronteras. No hay una clarificación de funciones y creo que, volviendo al modelo que se quiere implementar, es correcto el de seguridad democrática, el de los Acuerdos de Paz, pero aún falta su implementación”.

La comunicación debe fluir mejor

El gobierno, según Asturias, también se ha enfrentado a una debilidad para comunicar sus “buenas acciones, sus cambios”.

“Ese sería tal vez el mayor desafío que tienen. Hay cosas que están haciendo bien, pero hay que comunicarlas mejor. La comunicación es parte de la estrategia política que hay que seguir desarrollando y está pendiente el poder visibilizar los logros para hacer una buena gobernabilidad y tener más confianza” analiza.

Apunta que, “al final, los gobernantes deben tener confianza de los gobernados, y esto se da por buena política, por combate de la corrupción y buena comunicación”.

Sobre las críticas que hacen en redes sociales funcionarios de los dos gobiernos pasados que ahora son diputados, Asturias las califica como demagogia e hipocresía.

“Ya sabemos toda esa estructura que tienen ahora que quieren interpelar al ministro de Gobernación. Todos los que se visten ahora de primera comunión son los causantes de cómo está la situación en las instituciones de seguridad”, sentenció el experto.

Agregó que esos legisladores “son los responsables de desmantelar los sistemas institucionales y de seguridad y no tienen ninguna autoridad moral para hacerlo”.

“La población tiene que saber que esa oposición es destructiva, y hay que desaparecerla electoralmente. Tenemos que acabar con toda esa lacra corrupta que hoy son los grandes opositores, pero que en su momento fueron los responsables de cómo ha quedado el Estado en general y las instituciones en particular”, enfatiza.

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