El dato en 2010 era de 26,330 sistemas de agua bajo la responsabilidad comunitaria, que contaban con vigilancia de la cartera de Salud. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que en el 2006, en Guatemala, el porcentaje de hogares atendidos por comités comunitarios de agua, que dirigen los propios vecinos organizados, en el área urbana es del 11% y en zonas rurales, el 66%. El Código Municipal (decreto 12-2002) otorga la competencia a los municipios para encargarse del abastecimiento del agua potable, y lo regula entre los servicios públicos que se deben prestar a nivel local por las alcaldías.
Pero este mandato se enfrenta a la falta de capacidades técnicas y financieras para poder cumplirlo de forma eficiente, aseguró Jorge García Chiu, consultor en temas de recursos hídricos y exviceministro de Energía y Minas. Esta falta de capacidades ha llevado a las municipalidades a dejar la gestión del servicio en las áreas rurales en manos de comités comunitarios de agua; es decir que, de forma directa, solamente atienden las zonas urbanas —cabeceras municipales—, indicó García Chiu.
Se puede calcular que entre el 60 y 70% de la prestación de servicio está a cargo de los comités de agua, agregó Francisco Leal, asesor de gerencia en el Instituto Nacional de Administración Pública (Inap), que cuestiona esta práctica porque dificulta la implementación de normas y le resta la competencia que deben tener las comunas en la prestación del servicio. Parte de la problemática que afrontan las municipalidades es la mala calidad del servicio a los vecinos y la pérdida de dinero por la inadecuada gestión del agua, explicó el exalcalde de Villa Nueva Edwin Escobar.
La falta de capacidades para llevar agua clorada a los hogares ha sido motivo para negar la conexión a nuevas construcciones de condominios o empresas, así como aldeas y pequeñas poblaciones, lo que obliga a estos usuarios a perforar sus propios pozos o buscar otras opciones, aseguró García Chiu.
Las figuras que se emplean para surtir el líquido en el país son los departamentos o gerencias de agua y saneamiento, oficinas municipales de Agua y Saneamiento (Omas), comités comunales de agua y empresas municipales de Agua.
Mal calificados
El Ranquin de la Gestión Municipal (RGM) publicado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) mide 55 indicadores y construye seis índices, entre ellos el de servicios públicos municipales, para conocer la calidad y cobertura en agua entubada y saneamiento, disposición de los desechos sólidos y la gestión de los mercados y rastros, entre otros. Los datos del RGM de 2021 evidencian que en el índice de servicios públicos, el 92% de gobiernos locales no está garantizando su funcionamiento eficaz, seguro y continuo, tanto en áreas urbanas como rurales.
Según los datos de los 340 municipios, solo Guatemala y Salcajá alcanzaron el punteo para clasificarse en medio alto, y según Segeplán, mientras más cercano a 1, mejor posición se tiene en el ranquin. Además, 24 alcaldías se ubicaron en el rango medio, 121 como medio bajo y 193 en el nivel bajo, lo cual, para la Secretaría, confirma la falta de eficacia para dotar de los servicios públicos a la población, pues se tienen 314 municipalidades con valoraciones que van de cero a 0.4000.
Para atender la demanda de agua y saneamiento en el país se cuenta con al menos cinco empresas municipales y 163 Omas que son impulsadas en la actual administración por la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam). Se consultó a la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) sobre los modelos, reglamentos y el número de alcaldías que han creado una empresa específica para el servicio de agua, y la respuesta fue que estos datos no son parte de los registros ni de la información de oficio con que cuentan.
En las publicaciones de la Copresam y Segeplán destacan algunos casos de administración del servicio del agua como modelos que han beneficiado a la población. Para complementar el RGM se identifican programas y proyectos que ponen en marcha las autoridades ediles que demuestren buenas prácticas. En el ranquin más reciente se incluyó a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de San Benito y Flores, Petén (Emapet).
La empresa tiene 26 años de operar en las áreas urbanas de los dos municipios ٕ—en mancomunidad— y se logró que empezara a funcionar con el apoyo de la entidad alemana KFW, comentó Pablo Puga, gerente de Emapet, al recordar que tardaron una década para alcanzar el punto de equilibrio financiero y darle sostenibilidad al proyecto. Al inicio atendían a 4,500 hogares en las zonas urbanas y en la actualidad la cifra ronda los 18 mil usuarios que cuentan con medidores instalados y un canon por 20 metros cúbicos (cien toneles de agua), que varía para clientes domésticos y entidades públicas, medianos comercios y grandes usuarios. Puga dijo que la tarifa doméstica que se cobra es de Q60 mensuales; la comercial, de Q80; y la industrial, Q90.
Por consumo adicional se cobra desde Q7 hasta Q10, según el exceso que marque el medidor. Los cobros fueron modificados recientemente, debido al alza en los costos de materiales, energía eléctrica y combustibles. Los recursos de la Emapet se invierten en operación y mantenimiento, ampliaciones y pozos nuevos. Aunque, si se trata de proyectos de inversión más grandes, se recurre a la intervención de las dos alcaldías, que están representadas en la Junta de Administración de la empresa municipal por los jefes ediles y dos síndicos, a quienes se suman dos delegados de las comunidades.
Otros municipios que han creado una empresa para atender el servicio de agua y saneamiento son San Marcos y Quetzaltenango. Empagua es la más grande de las empresas ediles y se encarga del municipio de Guatemala.
Escobar comentó que la prestación de los servicios públicos no debe generar déficit, sino que debería funcionar como una empresa pública que reinvierte en mejorar la calidad de la atención que brinda. El exalcalde comentó que durante su gestión estudió el modelo de Empresas Públicas de Medellín (EMP) y con esa experiencia se fundaron en Villa Nueva las empresas de salud, vivienda y, en conjunto con la alcaldía de La Tinta, una alianza en energía eléctrica.
La empresa municipal de agua quedó pendiente de ponerse en marcha, lo que se logró fue un acuerdo con la población para colocar medidores y se establecieron tarifas diferenciadas para uso doméstico y comercial, dijo. Para Escobar, el modelo de las empresas debe abarcar los servicios de agua potable y los de saneamiento —drenajes—, con cobros por cada uno. Además, al constituirlas como un ente jurídico, algunos de los bienes municipales pasan a favor de la empresa y se debe pactar que las utilidades que se obtengan beneficien a la alcaldía y a la propia entidad, para ampliar y mejorar la cobertura.
Por tratarse de un servicio esencial, Escobar considera buena la experiencia de EPM de eliminar los cortes por falta de pago y, en su lugar, utilizar un “reductor” del volumen de agua, para que el usuario siempre cuente con un mínimo suficiente para el uso básico. Emapet es una empresa mancomunada a cargo de la distribución del agua y del manejo de las aguas residuales, y Puga atribuye parte de su éxito al liderazgo político y el acompañamiento de KFW para crearla, así como a la instalación de los medidores y la norma de corte del servicio por falta de pago lograda en una época en que la cantidad de población en esas áreas era baja, pues eso permitió sortear las protestas de algunos residentes.
“Hoy en día, si la empresa no existiera y se quisiera hacer lo mismo, sería muy difícil”, añadió Puga, al mencionar que ahora la población aumentó de forma exponencial y siempre el costo político de impulsar estos cobros es alto. Aunado a las decisiones políticas, otros desafíos se suman a la prestación municipal del servicio de agua. Según García Chiu, la excesiva burocracia que se crea en las empresas públicas de gobierno central y local crea procesos lentos, ineficientes, y se prestan a corrupción. Opina que para el tema del agua hace falta un ente que planifique y regule a nivel nacional.
Las dificultades trascienden, en muchos casos, lo que ocurre con las fuentes de agua en un municipio, pues, por ejemplo, Empagua requiere llevar agua de otras localidades para atender la demanda, y aunque tiene un plan maestro municipal, recurre a empresas privadas para comprar el líquido ante la opción más riesgosa de adquirir terrenos y perforar pozos por su cuenta. Asimismo, las empresas municipales se enfocan en las áreas urbanas y dejan a los vecinos organizados en comités comunitarios que gestionen en las zonas rurales el suministro del líquido.
Puga indicó que algunos comités son exitosos y otros dependen de las municipalidades para llevar el servicio. Frente a las limitantes de las empresas municipales y departamentos de agua, el modelo de Omas se expande con casi dos décadas de haber empezado a funcionar.
Siguiendo una ruta
La Copresam define a la Omas como una estructura de la municipalidad que vela por la operación, mantenimiento y planificación del recurso hídrico y el saneamiento en su territorio. Asimismo, destaca la experiencia de la oficina creada en Tacaná, San Marcos, como ejemplo de buen funcionamiento. Esta fue la segunda Omas creada en el país, la primera opera en Ixchiguán, San Marcos, desde hace casi 15 años. Macedonio Pérez Roblero, excoordinador de la oficina de Tacaná, comentó que para iniciar con la Omas se visitaron 160 comunidades, se hicieron 35 diagnósticos, la política hídrica municipal y los planes de agua y saneamiento, de contingencia para atender emergencias y para fortalecer el servicio en las áreas rurales. Todo el trabajo se recopiló para que la experiencia se pudiera trasladar a otros municipios.
“Para que las empresas municipales puedan ampliarse deben hacer alianzas con las Omas”, añadió Pérez Roblero, al señalar que bajo este modelo se ven las áreas rurales y urbanas. En Tacaná, la Omas abordó seis ejes: el sistema en áreas urbanas, organización de las estructuras en las comunidades y la coordinación interinstitucional, así como la educación ambiental, la infraestructura básica rural de los sistemas de agua y saneamiento, y la gestión de cuencas y microcuencas.
Los sistemas de agua en las áreas urbanas tienen contadores, pero en las zonas rurales se trabaja para que los comités obtengan más fondos y mejoren su administración a cargo de las comunidades, explicó Pérez Roblero. Actualmente existen comités comunitarios que tienen fondos por Q500 mil, con los que pueden implementar proyectos, comprar terrenos para viveros y nuevas fuentes de agua. Agregó que en el área urbana el servicio lo presta y lo cobra la municipalidad, y en el caso de las Omas se queda en la comunidad.
Los resultados que destacó Pérez Roblero es que en Tacaná, con este modelo, se pasó de tener ocho comunidades con cloración de agua a 72; se redujo de 63.2 a 52.4% la desnutrición crónica y aumentó el número de comunidades con contadores o sistemas de micromedición. En el proceso de fortalecer a los comités, hasta el 2019 se contaba con más de 130 reglamentos de agua y saneamiento. Adicional a ello se instaló una mesa rectora para recibir aportes y lograr estandarizar estas normas en el contexto del territorio.
El excoordinador indicó que se unificaron los aspectos por regular, como el caso de las tarifas, sanciones, multas y micromedición, así como el balance hídrico, registro de caudales y de cobertura forestal, cloración y reforestación. De acuerdo con la Copresam, Petén, Zacapa, Santa Rosa, Jutiapa, El Progreso y Baja Verapaz son los departamentos que menos Omas han instalado, mientras que Sololá, Escuintla, Totonicapán, Quiché y San Marcos cuentan con más municipios integrados a este modelo.
A criterio de Pérez Roblero, falta fortalecer a las Omas con inversión del gobierno municipal, pues no tiene sentido que las áreas urbanas tengan más acceso al servicio de agua que las rurales. Algunos jefes ediles analizan el modelo de la Omas para adoptarlo en su municipio, como la alcaldía de Gualán, que atiende a 4,552 usuarios en el área urbana y a 953 en zonas rurales. Esta utiliza la estructura de un Departamento de Agua y Saneamiento.
Con aciertos y vacíos
Los modelos de gestión varían por las capacidades que tiene cada una de las empresas municipales o las alcaldías, y por tratarse de un servicio público de carácter esencial para la vida humana, involucra más allá de la responsabilidad que tienen las alcaldías, comentó Leal, al referirse al manejo de los recursos hídricos y saneamiento, que corresponde al gobierno central. Sin un buen manejo hídrico, el costo económico para potabilizar el agua resulta más elevado para la competencia municipal, señaló el asesor del Inap, entidad que, según dijo, apoya al Viceministerio del Agua para el diseño de los procesos de manejo de cuencas.
El suministro de agua debe ser autosostenible, que cuente con los ingresos para la operación y mantenimiento, pero hasta ahora, en la mayoría de municipios, se afronta un déficit cuya solución se convierte en un tema político, explicó Leal. Ante esa situación, Escobar considera que el futuro son las empresas municipales, sorteando las dificultades que enfrentan, como en el caso de Empagua, el deterioro de la gestión o las fugas y robo de agua que dañan los ingresos. “Faltan alcaldes chispudos” para lograr servicios rentables y autosostenibles”, agregó el ex jefe edil de Villa Nueva.
Puga comprende el costo político que representa impulsar cambios en esta materia y señala que “el político que lo hace tiene que saber que puede dejar un legado, pero que no va a continuar en el puesto”. Las Omas pueden ser un modelo para mejorar, pero instalarlas pasa por una decisión política y que cuenten con inversión de tiempo y de recursos para lograr que sean sostenibles, añadió.
De acuerdo con Pérez Roblero, se empata el modelo de empresa municipal con el de las Omas, dentro de una empresa con vocación urbana y rural para asegurar la atención de todos los vecinos por igual.Pero el vacío que los expertos encuentran para elevar la calidad del servicio y del manejo de los recursos hídricos es la falta de aprobación de la Ley de Aguas, como se contempla en la Constitución Política, la cual, según García Chiu, serviría para contar con un ente que regule y planifique en esta materia aunque en el Congreso no fue una prioridad su discusión en la legislatura actual.
Sin esa importante legislación, ningún modelo da los resultados esperados, advirtió el exviceministro, quien considera la participación de empresas privadas, como ocurre en el esquema del sector eléctrico.
