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Las vacunas protegen a los individuos y a las comunidades ante brotes de enfermedades prevenibles. No solo requieren de menos recursos, sino que ayuda a reducir la carga que supone para los sistemas de salud el tratar a un paciente.
En Guatemala, la rubéola, la poliomielitis o el sarampión son algunas de las enfermedades que ya están erradicadas a través de la inmunización de la población, no garantizar la disponibilidad, el acceso y administración de las vacunas puede llevar a una crisis sanitaria.
La ley está a un paso de ser aprobada en el Congreso de la República, luego de un largo camino que comenzó en el 2015. Ayer era un punto en la agenda del Legislativo para ser conocida por artículos y la redacción final para que llegue al Diario Oficial.
Guatemala es uno de las pocas naciones de América Latina que no tiene una ley de vacunas, criterios médicos ven esta como una necesidad para el país, en donde uno de cada dos niños padece desnutrición crónica y la pobreza alcanza a seis de cada diez guatemaltecos, condiciones que ponen en riesgo la salud de la población ante enfermedades que pueden ser prevenibles con una vacuna, y esto no debe depender de la posibilidad económica de cada individuo.
“Mucha gente dice que el Estado debe garantizarlas, que no es necesario una ley, como médicos vemos que las vacunas son una de las medidas que más nos igualan, es uno de los signos de equidad de los Sistemas de Salud Pública… sino existe una ley, siempre estará a voluntad de quién la quiere realizar”, dice Nancy Sandoval, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI).
La normativa persigue mejorar el proceso de vacunación que el Ministerio de Salud desarrolla a través del Programa de Inmunizaciones, fortaleciendo su responsabilidad a nivel nacional de la política de normalización, planificación, ejecución, control y evaluación de las acciones de vacunación.
En este proceso se contará, según la iniciativa de ley, con el asesoramiento técnico y científico del Consejo Nacional Asesor para la Inmunización (Conapi), integrado por profesionales especializados para aconsejar sobre políticas y esquemas de vacunación, sistemas de vigilancia e información sobre enfermedades inmunoprevenibles, además colaborará en la revisión periódica de las coberturas vacunales y de la vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles. El trabajo de estos expertos es ad-honorem.
A través del Programa de Inmunizaciones, el Ministerio de Salud establece el Esquema Nacional de Vacunación, que debe ser tomado como recomendación oficial para vacunar a la población en todo el país, este deberá ser revisado cada dos años para incorporar vacunas que se consideren de impacto para prevenir enfermedades en el país y hacer cambios en el esquema.
Una de las vacunas más recientes que se agregó fue la que previene el contagio del virus del papiloma humano (VPH) en las niñas entre 10 y 11 años. La otra fue la Tdap para proteger a las madres y a los recién nacidos de tosferina, tétanos y difteria.
“Esta es una ley que nace en el seno de la asociación científicos, pero es una ley que va para la población”, afirma Sandoval, a la espera de que sea aprobada.
Garantiza el presupuesto
Asegurar el financiamiento para la compra de las vacunas es un punto que no podía quedarse fuera de esta ley. Según Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), la normativa indica que el Estados debe garantizar el presupuesto para las vacunas “y una vez aprobado no se puede cambiar o desviar para otro fondo. Es una ley que habla bastante de equidad”.
El artículo 27 señala precisamente que debe haber una asignación presupuestaria para vacunas, para garantizar el 95% de cobertura en la población, y que se cuente con los insumos y cadena de frío para logra la vacunación, dichos fondos no pueden recortarse o desviarse para otros fines.
Con esta ello se evitaría lo que sucedió este año con el presupuesto destinado al programa de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano al que le fue asignado Q5 millones 791 mil, y a julio de este año se le había quitado Q4 millones 240 mil. Lo mismo sucedió con el servicio de vacunación a niños y niñas de 1 a 5 años, que tenía Q51 millones 7 mil y se le restó Q2 millones.
La explicación en su momento por parte de las autoridades de Salud fue que el dinero se había reasignado a programa contra el covid-19, lo que puso en riesgo la vacunación de miles de niños. Al aprobarse la ley 5243, esto no pasaría.
“Tenemos la convicción de este país puede evolucionar y caminar hacia la equidad en salud pública y pensamos que la calidad de nuestro sistema de salud va de la mano con la forma de la accesibilidad y disponibilidad de las vacunas, por eso creemos mucho en esta ley”, agrega Sandoval.
Cobertura en vilo
El tema de la baja cobertura de vacunación en Guatemala no es nuevo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015, a nivel nacional llegó al 85.2%, debido a que durante esos años hubo un desabastecimiento de vacunas en los centros de asistenciales porque las autoridades de turno no asignaron los fondos para adquirir las dosis necesarias. No tener un presupuesto específico para este fin, comprometió la salud de la población infantil de ese entonces.
Debido a la pandemia, hubo un descenso en la cobertura de vacunación, en mayo más de 33 mil niños no fueron vacunados, en comparación con el año anterior. El programa se vio interrumpido porque las personas dejaron de acudir a los centros y puestos de salud por temor al contagio del covid-19 y por la falta de transporte para trasladarse.
En las últimas semanas se ha visto que las personas se acercan nuevamente con sus hijos a los centros de vacunación, lo cual para la doctora Verónica Gómez, presidenta de la Asociación de Pediatría de Guatemala, es positivo. No se trata solo de inmunizar a los niños, las embarazadas y los adultos mayores también deben hacerlo, aconseja.
Controversia
La 5342 que dispone aprobar la Ley de vacunas en el país comenzó a trabajarse cinco años atrás, y fue en el 2017 que llegó al Congreso de la República. Tres años después logra pasar a tercer debate y está a un paso de ser aprobada.
Sin embargo, algunos artículos contenidos en la normativa han causado controversia entre la población y han sido enmendados. Uno de ellos es el Artículo 17, que en un principio señalaba como obligatorio que los padres de familia, tutores o representantes legales vacunaran a los niños de acuerdo al esquema nacional de vacunación.
Esto fue modificado a través de una enmienda en la que ahora la inmunización es “responsabilidad” de los progenitores o encargados de los menores de edad, excepto en casos cuando haya contraindicación médica o por motivos religiosos, personales o filosóficos.
También se anula el artículo 20 que establecía sanciones y penalización para quien incumpliera con lo establecido en la legislación.
La diputada Karla Martínez, que ha estado trabajando en el impulso de esta ley, señala que está “no busca obligar a las personas, y eso ha creado confusión, pero lo que sí persigue es que el Estado garantice el acceso a la vacunación de todas las personas”.
En este punto coincide la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infeccionas (AGEI) al indicar que la aprobación de esta ley significa un avance para la salud de la población, pues se pondrá la vacunación al alcance de todos los guatemaltecos, al asegura el abastecimiento y compra de vacunas e insumos con un financiamiento específico para ello.
