Los ojos humedecidos de Lidia revelan el desaliento que atenaza a una mujer tras perder a su hijo. “Cada vez que lo cuento es como traer de vuelta ese dolor”, dice.
Erickson es uno de los 118 menores que en el 2019 fallecieron en Guatemala por falta de alimentos, según el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala (Siinsan).
Lidia vive en La Ceiba, un caserío rural en la aldea El Talquezal, Jocotán, a donde solo se accede en vehículos de doble tracción. Desde la muerte de Erickson no solo se enfrenta al duelo de perder a un hijo, sino que también batalla con los estigmas que han propagado hasta las máximas autoridades de gobierno, quienes a menudo la culpan por la muerte del bebé.
“A mí me da vergüenza (…) ¿Cómo hay padres de familia que dejan que sus hijos se consuman así, porque no tienen conciencia de lo que está pasando?”, sentenció el presidente Alejandro Giammattei en una entrevista antes de asumir el cargo el 14 de enero de 2020, mientras en la pantalla se proyectaba una fotografía de Erickson con el torso descubierto.
Sin embargo, los reproches del mandatario ignoran la realidad de Lidia. Es viuda, no sabe leer ni escribir y tampoco tiene ninguna posesión. En un terreno de su yerno construyó con tallos de carrizo dos cuartos cubiertos con nailon que pretenden detener las olas de frío. Allí vive junto con tres hijos de entre 3 y 8 años.
“Una mujer sola no es igual que un hombre solo, que donde sea puede trabajar. Yo soy comadrona, atiendo a pacientes y me reconocen con Q50 -por parto-. Con eso me ayudo, compro jabón y azúcar para mis niños”, refiere.
Durante el 2020 Lidia no recibió ayuda gubernamental. Por ser un hogar monoparental, calificaba como un caso prioritario para los programas de apoyo que creó el gobierno, específicamente para el Bono Familia, que consistía en un aporte de Q1 mil durante tres meses. Pero como su vivienda no está conectada a la red de energía eléctrica, no fue inscrita como beneficiaria.
Pésimas condiciones
El caso de Lidia ejemplifica lo que vive parte de la población en Jocotán, un municipio del Corredor Seco.
El 87% del área es rural. En promedio, las habitantes de este territorio estudian 3.5 años. En el caserío donde habita Lidia viven 413 personas mayores de 7 años, y de ellas seis de cada 10 no saben leer ni escribir. Solo 14 alcanzaron el grado de básicos, según el Censo 2018.
En Jocotán, los programas sociales destinados a la emergencia sanitaria no alcanzaron a los hogares más precarios. La organización Diálogos revela que hubo 7 mil 478 beneficiarios del Bono Familia. Es decir, cuatro de cada 10 hogares quedaron fuera de este programa, y si se compara con la población total del municipio, representa el 10.2%.
Los reportes de Diálogos refieren que el gobierno tuvo dificultades para focalizar la ayuda en la población más vulnerable.
“Para la primera entrega se detectó que los municipios con más incidencia de pobreza fueron los que menos porcentaje de beneficiados tenían. Estos pertenecen a los sectores rurales del país que han sufrido grandes pérdidas y se han visto altamente afectados por las tormentas tropicales de noviembre”, señala.
Prensa Libre se comunicó con el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del Bono Familia, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.
Ayuda: Trabajo en la zona
Roberto Carlos Morales, presidente de la fundación Ángeles al Rescate, una organización sin fines de lucro que trabaja contra la pobreza extrema y casos de desnutrición en la región chortí (que abarca Olopa, San Juan Ermita y Camotán), sostiene que a menudo las autoridades de gobierno tratan de ocultar los casos de desnutrición en el área.
Morales recordó el caso de Yesmin, otra niña que murió el 11 de enero, aparentemente por desnutrición, pero que el gobierno niega que esa haya sido la causa.
“Ella vivió hasta los 2 años y pasó un año y medio de su vida en un hospital de recuperación nutricional. Luego fallece y Sesán niega que haya sido por desnutrición. Esas cosas cuesta mucho entenderlas”, cuestionó Morales.
En lo que va del año, al menos 50 niños han sucumbido a la desnutrición, según datos de la Siinsan. De estos, una niña era de Jocotán.
A criterio de Morales, las instituciones del Estado deben procurar que haya más transparencia en las ayudas que se canalizan hacia estas áreas postergadas y evitar politizar los programas de apoyo.
Además, es preciso crear condiciones que permitan generar empleo y no solo programas asistenciales “que maten el hambre un día”, puntualiza.
La fundación Ángeles al Rescate se apoya con donaciones. Pueden comunicarse con la organización a través de su perfil de Facebook o al número 3257-9253.
