Comunitario

Ministerio no tiene fondos para remover material volcánico que amenaza a comunidades

La violenta erupción del Volcán de Fuego el 3 de junio del 2018 arrojó millones de metros cúbicos de material que actualmente amenaza a 30 comunidades de cinco municipios de Escuintla, cuyos pobladores permanecen en al incertidumbre puesto que las autoridades no cuentan con fondos para trabajos de mitigación.

Millones de metros cúbicos de material volcánico amenaza con provocar inundaciones súbitas y lahares a los poblaciones cercanas al río Achiguate. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Millones de metros cúbicos de material volcánico amenaza con provocar inundaciones súbitas y lahares a los poblaciones cercanas al río Achiguate. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Posterior a realizar un recorrido por el cauce del río Achiguate y confirmar el alto grado de riesgo que viven los poblados cercanos al afluente, Prensa Libre pidió al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) los planes de contingencia a implementar durante la época lluviosa, cuando se prevé que la amenaza sea mayor.

La cartera respondió que, según la Ley de Contrataciones del Estado, “el Congreso eliminó la estructura presupuestaria de dragado de ríos” y el CIV “no puede contratar ningún evento de licitación con el objetivo de realizar la extracción de material para atender ríos”.

Por lo tanto, el CIV señaló que “no se está en la capacidad de restablecer la sección hidráulica del río”.

De la misma forma enfatizó que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) calcula que son unos cinco millones de metros cúbicos de material volcánicos los que afectan el cauce.

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En su respuesta la cartera añadió que la Ley de Contrataciones indica que el dragado, que es la limpieza del fondo de los ríos, puertos y zonas navegables, “únicamente se podrán realizar por administración; salvo situaciones derivadas de los estados de excepción declarados conforme la Ley de Orden Público”.

Agregó que el presupuesto de la Dirección General de Caminos para funcionamiento está limitado para mover una capacidad anual estimada de 108 mil metros cúbicos y que la maquinaria para atender este tipo de trabajos ya están asignada a otras obras en todo el país.

Comunidades cercanas al río Achiguate corren peligro ante la cantidad de material volcánico arrastrada luego de la erupción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Peligro

Según los cálculos de expertos, luego de la erupción del pasado 3 de junio, el cono expulsó un estimado de 20 millones de toneladas de material entre piedras, arena y ceniza.

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Se estima que en poco más de seis meses después de la erupción únicamente ha descendido un cinco por ciento del total del material, el restante se encuentra en la parte alta del complejo volcánico y según los expertos este bajará durante varios años ayudado principalmente por la lluvia.

Antes de que el volcán hiciera erupción, se tenía una cantidad muy similar de material volcánico en el complejo, por lo que actualmente hay una probabilidad bastante alta de que este baje en forma de lahares y posteriormente la acumulación provoque inundaciones.

Si el país llegara a registrar un invierno muy copioso, la probabilidad de que estos fenómenos sean una amenaza para la población es bastante alta, particularmente a aquellos ubicados en las orillas del río Achiguate.

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La información fue revelada por el director del Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático (IPICC), Alex Guerra, y el delegado departamental de la Conred en Escuintla, Bosbely Suárez, en una visita de campo que llevaron a cabo en la cuenca del río Achiguate.

Los expertos señalaron que se debe priorizar trabajos de mitigación en lugares estratégicos del río como una acción preventiva y permanente para prevenir el daño por inundaciones en las comunidades.

También mantener un constante monitoreo del río y sus afluentes para tener información actualizada que permita tomar decisiones inmediatas y evitar catástrofes.

Esta última recomendación ya ha sido acatada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Insivumeh que tienen planificado instalar una red de equipo de monitoreo y comunicación antes de que comience la época lluviosa de este año.

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