A partir de la instauración de gobiernos democráticos, la causa de la migración es la pobreza. Miles de hombres y mujeres han cruzado de manera ilegal la frontera mexicana para llegar a EE. UU., pero un alto porcentaje se ha quedado en México, donde continúa sin haber resuelto su situación migratoria.
Allí se emplean en comercios y fincas de café, banano y otros productos agrícolas. Las mujeres lo hacen en el servicio doméstico y en otras actividades.
Según el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, prevalecen las personas de origen guatemalteco, aunque también se tiene registro de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses.
Sin identidad jurídica
En varios estados mexicanos han nacido cientos de niños de padres centroamericanos que, debido a su condición de indocumentados, crecen sin una identidad jurídica que les permita gozar de los beneficios que tiene el resto de infantes mexicanos, en especial educación y salud.
Esta situación y la gran cantidad de abusos que se cometen en contra de los migrantes en México empezó a ser denunciada desde la década de 1980 por organizaciones civiles de Centroamérica y México que abogan por los derechos y dignidad de los indocumentados.
Los cambios tardaron en llegar. En noviembre del 2009 las autoridades mexicanas empezaron a aplicar las reformas a la Ley de Población en Chiapas y reconocieron como mexicanos a 249 niños nacidos en ese Estado e hijos de centroamericanos indocumentados; la mayoría, guatemaltecos, y les extendió el certificado de nacimiento.
Este beneficio se repitió el mes recién pasado, ocasión en que la Asociación Civil por la Superación de la Mujer, de México, informó que entre mayo y septiembre del 2010 entregaron 373 actas de nacimiento a hijos de centroamericanos ilegales radicados en Chiapas.
A partir de ahora, las escuelas los deben aceptar, y gozarán de servicios de salud y del seguro popular, como cualquier niño mexicano, según Elsa Simón Ortega, de la citada entidad.
Elízabeth Astorga Martínez, del Sistema Estatal de Integración de la Familia, de México, dijo que, sin importar la nacionalidad de los padres, el Estado mexicano está comprometido a garantizar los derechos universales de los niños.
