Según la PGN, el acuerdo de usufructo mediante el cual el estado dio a la iglesia el inmueble durante 50 años en 1996 no sería legal, porque tanto la escritura pública como el acuerdo gubernativo “no nacieron a la vida pública porque no fueron publicados ni registrados”.
Las autoridades de la casa hogar rechazaron la versión de la PGN y afirmaron que en el lugar se atiende a cerca de 400 menores que, en caso de cierre, se verían afectados.
En las redes sociales algunos internautas han mostrado su desacuerdo con la medida, ya que el lugar sería utilizado por la PGN para la construcción de una casa hogar gubernamental.
- “El Estado pide la devolución del Hogar Rafael Ayau, como si tuviese capacidad de administrarlo. ¡Otra catástrofe de menores en ciernes!”, opinó Ricardo Flores A., usuario de Twitter.
- “No se comprende una decisión mala de la @PGNguatemala, conozco el trabajo intachable de la Madre responsable del Hogar Rafael Ayau”, indicó el exdiputado Mariano Rayo en la misma red social.
La PGN estableció un plazo de 30 días para el desalojo del inmueble y también remitió copia del oficio a la Contraloría General de Cuentas con el objetivo de que verifique la rendición de cuentas respecto al uso que se le ha dado al terreno.
