El documento, que circuló entre los oficiales de PNC de la Costa Sur, incluyendo a Suchitepéquez y Escuintla, explica que de “carácter urgente” se debe advertir a los agentes sobre la posibilidad de ataques de parte de los veteranos militares que incluirían “la toma de algunas sedes policiales, secuestrar agentes de la policía y botar puentes”.
Según la comunicación, los agentes de PNC deben “evitar el uso de distractores tales como teléfono y auriculares” y pide que tengan especial cuidado al realizar patrullajes y registro de personas y vehículos.
El vocero de la PNC, Jorge Aguilar, aseguró que en la institución policial se mantienen en alerta constante y que los agentes siempre cumplen con medidas de autoprotección cuando realizan su trabajo. Sin embargo, respecto al documento donde se citan las amenazas solo indicó que “no tiene ese contexto en el área”, pero evitó confirmar o negar la veracidad del mismo.
Sin embargo, dos fuentes de la PNC confirmaron a Prensa Libre que la advertencia es real y que los oficiales comunicaron a los agentes información sobre estas amenazas y el peligro que corren en Escuintla y otros departamentos durante este miércoles 20 de octubre.
Amenazas de los veteranos militares
Luego de los incidentes en el Congreso de la República que se saldó con varias personas heridas, vehículos quemados, detenidos y daños en el edificio del Legislativo, los veteranos militares que protagonizaron los disturbios lanzaron amenazas.
“Aquí hay kaibiles, hombres completamente entrenados, soldados de montaña completamente entrenados para sobrepasar a los antimotines (de la PNC), están completamente entrenados para morir”, dijo Francisco González, integrante de la Asociación Nacional de Soldados en Reserva del Ejército de Guatemala (Anasoregua).
Además, agregó que lo que querían era pasar sobre la PNC y advirtieron que si hay más capturas “van a regresar por ellos”.
La iniciativa solicitada por los veteranos de la guerra interna se encuentra bajo análisis de las comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso y plantea un pago de Q120 mil para cada uno de los exmilitares o sus familiares si estos ya murieron, otorgado en cuatro pagos anuales.
