Óscar Hugo López, titular de la cartera, indicó que se contempla la remoción de unos 2 mil establecimientos educativos con Q171 millones de fondos nacionales, y será la próxima semana que se comenzará a entregar el dinero a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), que serán las encargadas de comprar los materiales y ejecutar los trabajos.
“Tenemos listos los recursos para poder arrancar”, dijo Víctor Martínez, viceministro de Finanzas, que asistió al lanzamiento y refirió que la suma es adicional a los Q370 millones que se asignaron a los programas de apoyo del Mineduc este año.
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Otros 2 mil establecimientos educativos públicos serán restaurados con una parte del préstamo del BID, que el Congreso de la República aprobó en abril pasado con un total de US$150 millones (US$1 mil 121 millones) para ser utilizado por la cartera de educación a través del “Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa”.
De dicha suma, López refirió que US$47 millones (unos Q351 millones) se usarán para la remoción de los establecimientos, mientras que US$48 millones (unos Q358 millones) para la creación de módulos educativos prefabricados. En septiembre podría tenerse los fondos del préstamo, y en octubre y noviembre se haría el desembolso a las OPF para que trabajen en la remoción.
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Gabriel Biguria, de Empresarios por la Educación, indica que es clave mejorar la infraestructura escolar para que los niños puedan tener condiciones dignas para aprender, por lo que ve positivo el utilizar el préstamo del BID para mejorar las condiciones de educación de la niñez guatemalteca. “Solo cabe hacer la reflexión de que se haga con transparencia y buena voluntad”, agregó.
Al lanzamiento del programa asistió el presidente Jimmy Morales, y en su intervención dijo: “Es responsabilidad de todos nosotros mantener nuestros edificios lindos, hermosos y cuidados”, e instó a los padres de familia a sumarse para mejorar las escuelas.
Padres se involucran
El programa involucrará a las OPF, que recibirán un máximo de Q75 mil para remozar cada escuela. Para recibir el monto, tienen que enviar a la Dirección Departamental de Educación su solicitud de remozamiento, en la cual deben documentar con fotografías los espacios que necesitan arreglos físicos, y especificar las mejoras que se harán. Se debe adjuntar el presupuesto de la reparación.
Entre los criterios a cumplir también está que el centro educativo no reciba apoyo actual o reciente de otra institución u organización, debe tener una OPF vigente para el año de la firma del convenio, además de que sea un edificio escolar (no arrendado o alquilado) y que esté construido en block, ladrillo o concreto.
El programa está destinado para mejoramiento de techos, servicio sanitario, pintura de paredes, reparaciones de pisos, ventanas y servicio de agua, tubería, cableado eléctrico, entre otras correcciones menores.
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Biguria ve con buenos ojos que se involucren las OPF en el programa de mantenimiento en las escuelas, pero recalca que es importante la fiscalización de los fondos.
Por su parte, Martínez, mencionó que las OPF deberán abrir una cuenta en la Tesorería Nacional, donde se hará el depósito de la suma asignada por la cartera educativa. “Será una transferencia electrónica, que está verificada por el sistema financiero, el Ministerio de Educación únicamente validará el cumplimento de criterios y los trasladará a las organizaciones, que tiene que cumplir con una serie de procedimientos establecidos”, indicó.
López mencionó que en la remoción también se tiene previsto dar mantenimiento a las Escuelas tipo Federación y a los Institutos Experimentales.
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Actualmente la cartera contabiliza 21 mil edificios escolares, donde funcionan 34 mil centros educativos, y hay inscritas 29 mil OPF.
Iniciativa de ley
Más del 80% de establecimientos educativos públicos se encuentran en terrenos de los cuales el Mineduc no tiene posesión legal. López indicó que la cartera tiene abogados trabajando en ello, y este miércoles se reunirán con la Comisión de Educación del Congreso de la República para revisar el tema y trabajar en una posible iniciativa de ley para garantizar la legalización de los terrenos.
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