Se calcula que un millón de estudiantes en todo el país son afectados por las medidas que tomó el sindicato de maestros, por lo que varias entidades y la sociedad civil han pedido al Gobierno que actúe para garantizar el derecho a la educación.
Este viernes, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a la Cámara del Agro para que el Ejecutivo se aperciba y garantice el orden público y la educación, debido a una manifestación de maestros en la Plaza de la Constitución.
La Cámara del Agro había solicitado a la CC que el presidente Jimmy Morales, así como los ministros de Educación, Trabajo y Gobernación “garanticen el orden público y el cumplimiento del régimen jurídico relativo a los servicios escolares”.
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La solicitud surge a raiz de que un grupo de maestros, liderados por Joviel Acevedo, se apostó “por tiempo indefinido” en la Plaza de la Constitución y otro grupo tomó las instalaciones del Ministerio de Educación y las direcciones Departamentales de Educación.
El amparo también dice que para el cumplimiento de lo ordenado, se debe requerir la colaboración de la Procuraduría de los Derechos Humanos, con fines de verificar y mediar en caso sea necesario.
La exigencia de los maestros es que el Gobierno agilice la homologación del Pacto Colectivo y de Condiciones de Trabajo. Con este pacto los maestros se garantizarían un incremento salarial, pero también requiere la utilización de Q3 mil millones del presupuesto del Estado, en tres años.
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