La positividad del covid-19 en el país aumentó al 35 por ciento en las últimas 24 horas y mientras 150 guatemaltecos son hospitalizados cada día, los jefes de bloque se encuentran discutiendo la ley que tiene como objetivo principal la adquisición de bienes, suministros y servicios para el control de la pandemia y la atención del covid-19.
Son 27 artículos los que tienen esta iniciativa, de los cuales se pueden excluir o agregar más en las próximas dos sesiones. Mientras tanto, el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, indicó que necesitan más de dos millardos para poder atender a los pacientes a nivel nacional, no solo a los que son víctimas directas de esta pandemia.
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Coma, quien ha llegado al Congreso de la República como máxima autoridad del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) en lugar de la ministra Amelia Flores, dijo a los dirigentes de las bancadas que hicieron un requerimiento al Ministerio de Finanzas Públicas para una ampliación de Q2 mil 500 millones.
“Se solicitó al Minfin una ampliación para combatir, no solo la pandemia, sino para continuar con la atención de todos los pacientes que estamos recibiendo a nivel nacional”, agregó.
A decir de Coma, solo para el abordaje de la pandemia necesitarán Q870 millones para cubrir las necesidades a nivel hospitalario.
Tras la solicitud de los diputados para que el personal de salud que está contratado bajo servicios puedan ser trasladados a un renglón con mejores condiciones laborales, el viceministro agregó que para eso necesitarían alrededor de Q160 millones. “No sé si esto sería factible de aplicar porque sabemos que encontraríamos resistencia por parte de algunos sindicatos. Pero habría que ver la posibilidad de trasladar a renglones presupuestarios a algunos colaboradores de los servicios de salud”, respondió.
Pero la pregunta central ante esta solicitud de la cartera de Salud es de dónde saldrá el dinero. Además de ser necesario conocer el plan de compras de Salud y el detalle de los recursos que necesita por cada área, el jefe del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda, agregó que es necesario definir cuáles serán las fuentes de financiamiento.
“El viceministro nos está pidiendo 2,500 millones más, pero necesitamos que nos mande la propuesta desagregada porque habrá que redactar un artículo en ese sentido porque no sale solo con readecuaciones internas, tendrá que ampliarse su presupuesto”, indicó.
Control de pandemia
El último estado de calamidad presentado por el presidente Alejandro Giammattei fue duramente criticado ya que no respondía al control de la pandemia y se enfocaba solo en compras de suministros. Sin embargo, es esta misma discusión la que está dominando en el Salón del Pueblo del Congreso, pese a que una de las primeras cosas que mencionó Coma fue buscar alternativas para controlar los contagios.
Para ello se lanzaron propuestas en dos vías: la posibilidad de un estado de prevención decretado por Giammattei o que el MSPAS, de acuerdo con sus capacidades, implemente cordones sanitarios para que pueda tomar las medidas necesarias. Ninguna de estas opciones necesita pasar por el Congreso.
Lo que discutieron los legisladores también fue que la iniciativa en cuestión no sea solo para la atención de pacientes covid-19, sino para el control de la pandemia a nivel de prevención, diagnóstico y comunicación.
Mientras se definen las medidas de prevención, los legisladores, junto a autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) y el Minfin que estaba también presentes, hablaron de la posibilidad de ocupar bienes en extinción de dominio para adecuarlos como centros de atención o al arrendamiento de inmuebles privados.
Violeta Mazariegos, viceministra de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, mencionó que aunque esta iniciativa les permite arrendar inmuebles privados, la prioridad del Igss y del MSPAS no va por esa vía.
Aunque la propuesta busca beneficiar también al Centro Médico Militar y al Hospital de la Policía Nacional Civil (PNC), diputados de Semilla y la diputada Evelyn Morataya piden que se excluyan a estos dos y que en su lugar también se favorezcan a las áreas de salud y que se facilite a los hospitales temporales para que puedan ser unidades ejecutoras y que no dependan de la administración de un hospital regional.
La discusión continuará durante dos días y al momento se habla que esta ley tendrá únicamente tres meses de vigencia.
