El pasado 7 de septiembre un camión chocó con una vivienda en la zona 10 y dejó dos muertos. Días antes, el 28 de agosto, otro camión sin control chocó frente a un vehículo en el bulevar las Buganvilias, zona 6, y se fue a un barranco. Otra persona murió.
Estos dos hechos sucedieron en la capital, sin embargo, son numerosos los que a diario se producen en las carreteras del país.
De enero a julio de este año el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil registró 4 mil 562 accidentes que dejaron mil 228 fallecidos. De estos percances en 620 estuvieron involucrados camiones.
Aunque no hay una estadística de cuántos heridos o fallecidos han dejado los siniestros en los que se ha visto involucrado el transporte de carga, regularmente son fatales.
Seguro
Actualmente la ley obliga a los transportistas de las unidades del transporte colectivo extraurbano a que cuenten con un seguro obligatorio para daños que puedan sufrir los pasajeros durante un percance, pero esta normativa aún no aplica al transporte de carga ni al urbano de pasajeros.
El 13 de enero de 2020, el Gobierno de Jimmy Morales publicó un acuerdo gubernativo que obliga a estos transportes a contar con dicho seguro por daños a personas y también contra terceros y a la propiedad.
Sin embargo, esta norma aún no termina de cobrar vigor puesto que los transportistas se han opuesto al artículo 14 que habla del plazo para la adquisición y pago del seguro y se ha prorrogado tres veces, la última tiene como fecha límite febrero del 2022.
La principal crítica que se hace al reglamento es que se aprobó sin criterios técnicos ni prácticos y sin tomar en cuenta la opinión de los transportistas, quienes también cuestionan el que se haya publicado un día antes de que finalizara el gobierno anterior.
Héctor Fajardo, director general de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransa), dijo que hay mucha oposición a la normativa por parte de empresarios individuales y pequeñas empresas de “media carga”, es decir aquellos que transportan verduras, granos básicos o animales, entre otros productos.
Asegura que “así como está planteado, el reglamento tiene muchas lagunas y no se puede echar a andar” y que lo mejor es que se derogue y se retome todo desde cero, puesto que “es mínimo” el número de accidentes en lo que el transporte de carga se ve involucrado.
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Fajardo señaló el que a raíz de la publicación y vigencia del acuerdo las aseguradoras pretendieron vender los servicios a precios excesivos por lo cual también se ha recomendado en las mesas técnicas llevadas a cabo con el Departamento de Transito e la PNC que estas compañías cobren tarifas “acorde a la realidad”. “El seguro no está mal, pero las aseguradoras ponen tarifas que asustan”, dijo.
Al respecto, Cristian Nölck, presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (Agis), negó que las empresas hayan cobrado tarifas más elevadas que las usuales.
Lo que sucede, afirmó, es que para cumplir con el reglamento se requiere de un seguro más completo, que eleva la suma asegurada hasta Q700 mil, que incluye el aseguramiento de otras emergencias, como la limpieza de líquidos nocivos al medio ambiente en las carreteras, y que no hace ninguna excepción de conductores.
Víctimas siguen perdiendo
Nölck señaló que dentro de las consecuencias de que no entre en vigor el seguro de vehículos está que salud pública seguirá atendiendo a personas que, de estar aseguradas, podrían ser atendidas en hospitales privados, pero lo más lamentable es que las familias de las víctimas fatales y los heridos por percances siguen desprotegidos.
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“En el accidente de la semana pasada —7 de septiembre— en la 20 calle, zona 10 nadie va a indemnizar los daños patrimoniales, ni a los ocho heridos, ni a las familias de los dos fallecidos”, subrayó.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a través de la Defensoría del Usuario del Transporte Público también considera que el reglamento debe ser modificado puesto que tiene algunos vacíos legales, entre otros, que no define a una entidad para dar seguimiento al cumplimiento de esta obligación.
Hacer cumplir la ley
Sin embargo, la principal crítica de la PDH es que la normativa solo ataca las consecuencias de los accidentes y no aborda nada acerca de la prevención, que debería comprender desde acciones que tienen que ver con la educación vial y regulación de la velocidad, así como el mantenimiento de los vehículos y su uso correcto.
Pero hacer cumplir con todas estas exigencias requiere de más funcionaros dedicados a hacer cumplir las leyes.
Hoy en día, según la PDH, apenas hay cerca de cuatro mil personas que se dedican a esta función, entre oficiales de las 74 policías municipales de tránsito —tres mil—, de la Unidad de Protección y Seguridad Vial —407—, de la Dirección General de Transportes —20— y de Tránsito de la PNC —140—.
Todos ellos deben vigilar un parque vehicular de cuatro millones 364 mil vehículos, según cifras de la Superintendencia de Administración Tributaria, proporcionados por la PNC. “Por eso no disminuyen los hechos viales en Guatemala”, se lamenta Edgar Guerra, titular de la Defensoría.
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Estas entidades deberían vigilar el buen estado de las unidades de transporte de carga las cuales, añade Guerra. “En operativos nos hemos percatado de que un camión o bus lleva hasta tres llantas que ya están tan lisas que ya están para tirarse a la basura”, añade. A la vez, señala a otras causas de percances como la sobrecarga de los vehículos, el que algunos ya son muy antiguos y el mal estado de las carreteras.
Por su parte, Fajardo asegura que las empresas grandes mantienen estrictos controles del estado de las unidades de carga y capacitan al personal porque ninguna quiere verse involucrada en un percance; sin embargo, reconoce que puede haber empresas pequeñas o de particulares que “no siempre atienden los protocolos de seguridad”.
Debilidades
La Dirección General de Transporte explicó que ellos están a cargo de vigilar el transporte extraurbano de pasajeros, ya que el de carga es responsabilidad de Tránsito de la PNC.
La vocera de este departamento Dadiana Cabrera afirmó que hacen lo que pueden con los recursos que tienen. Por ejemplo, mantienen campañas de educación y sensibilización con niños y adultos acerca de la importancia de respetar la Ley de Tránsito y los peligros que no hacerlo implica.
Añadió que este año se han impuesto ocho mil 65 multas a cabezales, camiones y tráileres, de las cuales el 44% han sido por no contar con el equipo básico de seguridad y por circular con llantas lisas o rotas.
