De acuerdo con la SIP, “desde el inicio de su gestión, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha tenido una relación tirante con la prensa independiente” y detalla que “cualquiera que opine diferente es considerado un enemigo, opositor o agitador”.
La SIP continúa y refiere que “en este ambiente de animadversión contra la prensa, el Ministerio Público (MP) arremetió contra destacados periodistas críticos, conocidos por su constante denuncia sobre hechos de corrupción pública”.
En torno a ese señalamiento la SIP asegura que “el caso más flagrante es el encarcelamiento de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, y de Flora Silva, la gerente financiera de elPeriódico, un matutino que investiga y denuncia corrupción, así como los casos de Juan Luis Font, del medio digital y televisivo ´Con Criterio´, y de Carlos Choc, de Prensa Comunitaria, a quienes un juez declaró sin lugar las acusaciones que se les hicieron como consecuencia de la cobertura de una manifestación en contra de una mina en Izabal”.
EN ESTE MOMENTO
“Los ataques contra la prensa se originan con acusaciones por supuesto delitos desde el Ministerio Público o por parte de organizaciones como la oficial Fundación contra el Terrorismo (FCT), que conducen los abogados Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, incluidos recientemente en la Lista Engel de EE. UU., acusados de obstrucción a la Justicia. Los ataques también provienen del actual fiscal contra la impunidad, Rafael Curruchiche”, refiere el informe de la SIP emitido desde Madrid, España.
La entidad de prensa señala que “la FCT es querellante adhesiva o ha promovido en el último año numerosos procesos penales contra operadores de justicia independientes, en su mayoría jueces y exfiscales que investigaron casos de corrupción de alto impacto. También ha apoyado a militares acusados de violaciones a los derechos humanos y condenó que se juzgara por genocidio al exgeneral Efraín Ríos Montt”.
“La estrategia del Ministerio Público sobre casos de alto interés de la ciudadanía ha sido mantenerlos bajo reserva, con lo cual no entrega ninguna información ni confirma que el caso exista”, detalla la SIP.
En el informe, la SIP recuerda que el 29 de julio recién pasado, el MP ordenó la detención Zamora, quien permanece encarcelado bajo los cargos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje.
“A Zamora le están aplicando las medidas típicas de los atrasos en procesos legales: detención un día viernes, presentación ante juez un sábado, con lo que el detenido permanece en prisión preventiva –no se le otorgan medidas sustitutivas–, atraso en la primera audiencia ante el juez e imposición de una demora por juicio de tres a cuatro meses, para mantener a la persona encarcelada”, detalla la SIP.
El informe refiere que “cuando detuvieron a Zamora, también allanaron las oficinas de elPeriódico. Los fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) retuvieron durante 16 horas a ocho empleados e impidieron que ingresaran al diario los trabajadores de la planta de impresión. El diario pudo circular al día siguiente debido a que otros medios imprimieron sus ejemplares”.
También detalla que el 20 de agosto pasado, el MP también detuvo y acusó por lavado de dinero a Flora Silva, gerente financiera de elPeriódico, “involucrándola en el caso de Zamora”.
“Los medios que dieron cobertura a los allanamientos y detenciones de Zamora y Silva mostraron que en los operativos participaron vehículos no identificados, con placas tapadas. Los organismos responsables dijeron que desconocían quienes utilizaron esos vehículos”, agrega la SIP.
El pronunciamiento de la SIP también agrega que, “según familiares de Zamora y periodistas, las pruebas del Ministerio Público tienen poco sustento. El caso ante la Fiscalía se basa en el testimonio de una persona que fue acusada por lavado de dinero en 2016 y 2017. La defensa de Zamora denuncia una posible alteración de la evidencia por parte del Ministerio Público”.
También menciona que en abril de 2022, el periodista Juan Luis Font salió del país ante rumores sobre su inminente detención y “desde entonces transmite su programa de opinión ´Con Criterio´ desde una ubicación no especificada” y detalla que “no hay acción conocida en su contra ni información. El periodista reclama que teme por su seguridad física y jurídica”.
Añade la SIP que varios periodistas “siguen recibiendo acusaciones o se les investiga por el supuesto delito de feminicidio”.
“Es el caso de los directivos del diario La Hora Óscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín. Una jueza les ordenó que no pueden perturbar a Alejandra Carrillo, exdiputada y actual directora del Instituto para la Víctima. El diario publicó investigaciones que cuestionan el trabajo de Carrillo por otorgar plazas a favor de allegados a diputados. Carillo es esposa del diputado Felipe Alejos, incluido en la lista Engel de EE. UU., acusado de favorecer a las élites de la corrupción”, añade el informe de la SIP.
“Fiscales del Ministerio Público también ordenaron a varios periodistas y medios revelar sus fuentes de información en casos en que jueces y fiscales denunciaron amenazas e intimidación”, continúa el informe.
La SIP también hace referencia al informe semestral de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) que fue presentado el 29 de julio pasado y en el que se registran 66 violaciones a la libertad de expresión.
Dicho informe, según la SIP, “indica que los principales agresores son la Presidencia de la República, la Justicia y la Policía Nacional”.
“En este periodo se incrementó el uso de netcenters que serían manejados por allegados al gobierno para desacreditar y atacar a periodistas. Los ataques se realizan en las redes sociales a través de información privada de los periodistas o fotos de familiares cercanos y cónyuges. También se intimida a los periodistas publicando fotos en sus perfiles en momentos que están trabajando o haciendo entrevistas”, prosigue la SIP en su informe.
Agrega que “los funcionarios suelen negarse a brindar información a los periodistas, ya sea evadiendo conferencias de prensa o clasificando información. También se han dado casos de presiones por parte del gobierno contra anunciantes privados para que retiren o disminuyan la publicidad en medios críticos”.
Concluye haciendo referencia a que “este año fue archivado el proyecto de Ley Contra la Ciberdelincuencia, que permitía a los funcionarios públicos demandar a quien consideren que les ofende en redes sociales. También fue archivado un proyecto de ley que autorizaba a la Policía Nacional Civil y al Ejército a disolver de forma violenta las manifestaciones civiles”.
Postura
Respecto al pronunciamiento de la SIP, el Gobierno de Guatemala refirió que el señalamiento que se hace “es totalmente falso” y que durante el último año se ha promovido el acceso a las fuentes de información por medio de conferencias de prensa semanales.
El vocero presidencial, Kevin López Oliva, señaló que “es totalmente falso que durante la administración del Doctor Alejandro Giammattei se hayan registrado ataques sistemáticos a periodistas o se haya restringido de alguna manera la labor periodística en el país”.
Asegura que “la Secretaría de Comunicación social de la Presidencia, durante el último año ha promovido el acceso a las fuentes de información por medio de conferencias de prensa semanales, contabilizando más de 40, en las que participan funcionarios de distintos ministerios y dependencias”.
Refiere que “se ha respondido un total de 645 consultas directas de medios nacionales y extranjeros sobre diversos temas y nuestra plataforma de recursos multimedia para periodistas denominada Sala de Prensa, contabiliza un total de 2 millones 739 mil 363 visitas del 1 de enero al 25 de octubre del presente año”.
“El gobierno de Guatemala rechaza rotundamente el señalamiento del uso de los denominados ´netcenter´ por parte de alguna institución del mismo, al contrario, se han recibido ataques sistemáticos de cuentas falsas hacia la gestión presidencial y gubernamental en general.
“Hemos sido testigos de señalamientos infundados que únicamente buscan debilitar el sistema democrático del país, contabilizando más de 6 mil ataques a la figura presidencial, de forma continua, irresponsable y por supuesto, infundada”, agregó López Oliva.
Añade que “desde el gobierno de Guatemala, hacemos un llamado a trabajar por el fortalecimiento de la democracia, mediante un ejercicio periodístico objetivo, independiente y sin sesgos políticos, que consoliden el estado de derecho y no dividan a nuestra sociedad”.
Postura del MP
Al ser consultado el MP sobre el pronunciamiento de la SIP, el MP respondió: “Bajo ninguna circunstancia. De conformidad con su mandato legal y constitucional, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar toda denuncia que se presenta, sin excepción alguna, y sin que esto signifique criminalización, en absoluto”.
Según la popstura, la función del MP “es atender las denuncias e investigar, existe un debido proceso y el propio sistema legal establece los mecanismos para plantear cualquier acción dentro del proceso penal. Ninguna persona es superior a la ley por lo que es a través de la investigación que un juez podrá determinar si existe responsabilidad en la comisión de un ilícito”.
“Alegar persecución y criminalización es totalmente alejando de la realidad pues la función natural del Ministerio Público es investigar con el fin de averiguar la verdad histórica de los hechos, sin que esto signifique criminalización o persecución política, sino el cumplimiento al deber ser del ente investigador como en cualquier país democrático del mundo”, se lee en la información que envió el MP.
Añade que un tema tema a considerar es que el caso de Carlos Choc no tiene ninguna relación con la Feci.
Explica que es el juez de garantías quien resuelve y “ante los medios contundentes presentados por el MP, el juez contralor resolvió ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a Zamora y a Flora Silva”, explica en el caso del periodista Zamora y la gerente financiera de elPeriódico.
La información del MP añade que Zamora Marroquín fue ligado a proceso penal por el juez contralor por los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias. Mientras Silva Flores por lavado de dinero u otros activos.
“El delito de lavado de dinero u otros activos está regulado en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67-2001: ARTICULO 2. Del delito de lavado de dinero u otros activos. Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí, o por interpósita persona: a) Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito; b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito; c) Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito”, concluye la información.
