El acumulado de casos hasta el 30 de julio alcanza 25 menores fallecidos por esta causa, tres son niños del departamento de Guatemala. La tragedia ocurre en medio de la época más difícil de inseguridad alimentaria que golpea a 4.6 millones de guatemaltecos, ningún departamento se salva de tener población con dificultad para poner un plato de comida en su mesa, pero hay unos que la pasan peor.
Son 10 los departamentos en los que más del 25 por ciento de sus habitantes están en crisis y emergencia alimentaria aguda, son familias que tienen que reducir sus raciones de alimento o bien tiempos de comida para pasar el día. Alta Verapaz, Quiché, Izabal, Petén, Totonicapán, Huehuetenango, Sololá, Chiquimula Zacapa y Quetzaltenango conforman la lista, según el orden de afectación.
En esos territorios está el 40.5 por ciento de niños con desnutrición aguda según el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Salud. Los niños afectados son en total 13 mil 473 y están en la línea de riesgo, con una condición precaria de salud que, de no contar con intervención y seguimiento, podrían morir antes de que termine el año.
Las 25 víctimas fatales que oficializan las autoridades tenían menos de 36 meses de edad, según el informe la mitad de los niños murió en su hogar, sin atención a los servicios básicos de salud.
Fallecieron otros 51 menores, pero los casos son investigados para determinar si la defunción tiene relación directa o indirecta con la desnutrición, pues pueden morir por una pulmonía u otra afección, pero la fuerte principal del deceso podría ser la desnutrición aguda. De ser confirmados, el país se acercaría a la centena de muertes por este flagelo cuando faltan cinco meses para terminar el 2022. El año pasado cerró con el reporte de 61 decesos.
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El pasado 2 de agosto, en el Congreso de la República, durante la presentación del informe de La situación del hambre en Guatemala, el representante del Ministerio de Salud reconoció que hay un subregistro de casos, el cual pasa por la inadecuada alimentación del sistema de computo, ya que las unidades ejecutoras no digitan o no trasladan la información de niños con desnutrición aguda de manera oportuna.
Se acerca a área metropolitana
Cuando se creía que este era un problema de las áreas rurales, de las comunidades de difícil acceso, con la pandemia los casos se acercan más al área metropolitana. En el departamento de Guatemala se reportan la muerte de tres niños, uno en la capital, otro en Villa Nueva y uno más en Chinautla.
La cifra casi se iguala al total de muertes ocurridas en 2021 en este departamento, cuando se registraron cuatro.
Los datos del 2020 reflejan que ese año solo hubo dos casos en el departamento de Guatemala, y no fueron en el área central o cercana a la capital.
En el departamento para finales de julio se identificaron 2 mil 50 casos. En la capital se concentra la mayor cantidad de niños afectados, son 559. Le sigue Amatitlán con 254 y Villa Nueva con 220.
A criterio de María Marta Ramos, de Alianza por la Nutrición, la pandemia desnudó que la desnutrición no solo está en las áreas rurales, poco a poco se incrusta en las grandes ciudades del país, pues la migración interna de guatemaltecos en busca de medios para subsistir traslada el problema a zonas urbanas periféricas o semiurbanas.
La reducción de los ingresos familiares, el poco acceso a los servicios de salud ya sea por falta de oferta o porque la población aún tiene temor de buscar asistencia por el contagio al covid-19 profundiza la crisis.
“La desnutrición está llegando al perímetro y al mismo corazón de la ciudad. Hay un incremento de la pobreza, de la inseguridad alimentaria, de falta de oportunidades, y está tendrá su desenlace en la migración”, menciona el diputado Jairo Flores, del Frente Parlamentario contra el Hambre Flores.
Iván Aguilar, jefe del Programa Humanitario de Oxfam Guatemala, señala que en las estadísticas de desnutrición aguda y de muertes por desnutrición, hay una proporción de casos que ocurren en el área metropolitana. Esto obedece a lo extendido de la inseguridad alimentaria y nutricional, pero también a la densidad poblacional en estas zonas.
El impacto socioeconómico de la pandemia del covid-19, el alza de los precios de los alimentos, combustibles y fertilizantes, agudizan las cifras de acceso a alimentos a todo nivel, estos “shocks” afectan principalmente a poblaciones vulnerables por sistemas económicos altamente excluyentes, que generan niveles extremos de desigualdad.
Por ahora son 4.6 millones de guatemaltecos en inseguridad en un nivel preocupante, que se traducirá en cifras más altas de población que requerirá asistencia alimentaria y, en consecuencia, en una mayor prevalencia de casos de desnutrición aguda.
Presupuesto insuficiente
La inversión gubernamental relacionada con la atención a la creciente inseguridad alimentaria es insuficiente, prueba de ello, es que desde 2019 se ha cuadruplicado la cifra de población que requiere asistencia alimentaria, en ese entonces había cerca de un millón de personas en esa condición, este año son más de 4.6 millones, indica Aguilar.
En 2022, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasan) pasó de Q5 mil millones a Q9.9 millones, con lo que podría decirse que la desnutrición se estaría reduciendo, pero la realidad es otra, los programas y acciones para combatirla tienen menos asignación presupuestaria.
En el informe de La situación del hambre en Guatemala, Flores señaló modificaciones en el presupuesto que desfinanciaron acciones necesarias para contrarrestar el hambre y la desnutrición. Se restó Q142 millones al componente de agua y saneamiento -para los sistemas de agua potable y pozos mecánicos -, y Q62 millones a la dotación de micronutrientes para niños menores de cinco años.
Contrario a ello, se aumentó Q449 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Viviencia -Micivi- aduciendo la construcción de carreteras, en lugares en donde no hay servicios de salud ni son municipios priorizados para la atención a la desnutrición, menciona el diputado.
De acuerdo con el Departamento de Comunicación del Ministerio de Salud, “esta disminución presupuestaria, constituye una readecuación entre entidades que coadyuvan a la ejecución de las acciones en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y no afecta la asignación de Q10,210.4 millones que el Gobierno de la República de Guatemala ha destinado para la ejecución del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POASAN) de 2022”.
“Hay desinterés por parte del gobierno por remediar la situación. Se demuestra el fracaso de la Gran Cruzada por la Nutrición porque no ha logrado contener, ni siquiera detener el incremento del hambre, pobreza y desnutrición, por el contrario, se está incrementando”, menciona Flores, y añade que uno de los puntos en el marco de la campaña electoral que se avecina será exigir a los candidatos que coloquen el tema de la desnutrición en la más alta agenda política y social del país.
Pero a Aguilar le preocupa el poco interés que tiene el gobierno para invertir en atender este problema, puesto que, a pesar de lo preocupante de las cifras, no se financian programas de protección social -transferencias monetarias no condicionadas- en la cuantía y cobertura que demanda la crisis alimentaria actual. Esta ausencia de inversión y de priorización, devendrá en un incremento en las cifras de inseguridad alimentaria y de casos de desnutrición aguda.
Las acciones deben ir más allá de dar alimentos, pues a criterio de Ramos esto no resuelve el problema. “Lo que necesitamos es implementar acciones específicas en la población meta: identificar dónde están los niños, acompañar a las familias en ese proceso de cuidado y protección, dar acceso a los servicios de salud, al consumo de agua limpia, fortalecer la cultura alimentaria, esos procesos integrados son los que necesitamos que se instalen en el país”, agrega.
