Es probable que, para inicios del próximo año, se mantenga en 4.6 millones la cantidad de personas que atraviesan hambre, cifra estimada en la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) para junio y septiembre de este año.
Asimismo, se prevé un aumento de niños con desnutrición aguda, cuando ya se superan los 16 mil casos este año.
Además, el período de hambre estacional —periodo en que las familias se quedan sin reserva de granos básicos ni recursos para comprarlos— que empieza en abril podría adelantarse varias semanas.
Iván Aguilar, jefe del Programa Humanitario de Oxfam Guatemala, cree que la carencia de alimentos principiaría, incluso, en noviembre próximo.
Jessica Coronado, coordinadora de nutrición y salud de Acción contra el Hambre, refiere que pobladores de varias zonas del país estaban esperanzados en la cosecha de frijol por estos días, pero la lluvia excesiva puede arruinar el cultivo. La otra esperanza para muchos está en el corte de café y de caña de azúcar que se inicia en dos semanas, pero hay una gran extensión de terrenos que fue afectado por el desborde de ríos lo que pone en riesgo esa oportunidad de trabajo.
El alza en los precios de la canasta básica, de los fertilizantes y de los combustibles abonan a la problemática, y la tendencia al ascenso se mantiene. El panorama se ensombrece más para los agricultores de autoconsumo, los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, que difícilmente recuperarán las siembras de maíz y de frijol que fueron anegadas. Tendrán la oportunidad de sembrar nuevamente hasta mayo próximo.
Según el Banco Mundial hay más pobres en Guatemala. En 2019 la tasa de pobreza era del 47.9 por ciento, al año siguiente pasó a 52.4 por ciento, y los efectos de la pandemia del covid-19 aún no se sentían.
Actualmente la canasta básica alimentaria tiene un costo aproximado de Q3 mil 300 (unos US$425 por hogar), es la más cara de Centroamérica. En contraposición, Coronado refiere que el ingreso promedio en el sector agrícola es de Q1 mil 600 (unos US$203) al mes. “Hay una brecha de más del 50% para adquirir los alimentos, y por los estragos causados por las lluvias se incrementará el costo del transporte de los productos, eso impactará en el bolsillo de las personas para comer”, agrega.
Para Aguilar, el incremento de la inseguridad alimentaria en Guatemala, y en Centroamérica, no es nuevo. Mientras que en el 2018 eran 2 millones de personas en la región en esa situación, la cantidad llegó a 11.8 millones este año, como producto del impacto socioeconómico de la pandemia de covid-19 y los daños provocados por las tormentas Eta e Iota.
Si bien los acumulados de lluvia que dejó Julia fueron menos comparado con los registrados en el 2020, las poblaciones aún no se había recuperaban del paso de Eta e Iota. Los daños y pérdidas en esta ocasión se concentraron en Izabal y en la zona del Polochic en Alta Verapaz, principalmente, pero también en Huehuetenango, Quiché, Petén y Zacapa.
Impacto sobre la desnutrición
Octubre comenzó con 16 mil 611 niños menores de cinco años con desnutrición aguda y 46 habían fallecido, el reporte es de una semana previo al ingreso de Julia a Guatemala, pero el fenómeno podría complicar la situación.
Hay escasez de alimento, y las condiciones en que se encuentran las comunidades tras las inundaciones son propicias para que emerjan enfermedades que pueden llevar a los niños a cuadros de desnutrición aguda, por diarreas e infecciones respiratorias.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que Izabal es el departamento más afectado por las últimas lluvias, allí ocurrieron más de 80 incidentes entre inundaciones y movimientos de masa.
Antes del ciclón se calculaba que 82 mil 459 izabalenses estaban en emergencia alimentaria, con el daño en sus medios de vida esos números crecerán. Este departamento es el que figura con más cuadros severos de desnutrición aguda en el país. La tasa es de 59.8 casos por cada 10 mil habitantes, según el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan).
Situación similar se observa en Alta Verapaz golpeado durante el paso de Julia por 63 incidentes y en donde ya había 380 mil personas con dificultad para alimentarse. El departamento ha sido considerado como el epicentro de la desnutrición aguda en menores de cinco años, hasta el 1 de octubre se reportaban 1 mil 655 casos con nueve fallecidos, en Panzós, Santa María Cahabón, Cobán, Chisec, Senahú y San Cristóbal Verapaz.
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Para estas poblaciones empobrecidas ya era un desafío sembrar. Con el incremento en el precio de los fertilizantes, apenas lograron echar en tierra semillas de maíz y frijol en unas cuantas cuerdas de terreno, pero la esperanza de cosechar se la llevó el agua.
Aguilar menciona que las acciones para recuperar la capacidad productiva de esta población tienen que ponerse en marcha a partir de marzo y abril de 2023. Deben estar enfocadas en dotar de semillas, fertilizantes y otros insumos agrícolas, así como asistencia técnica a los pequeños productores a fin de propiciar la recuperación de este medio de vida.
En el corto plazo, se requiere que el gobierno amplíe la cobertura de los programas de protección social, específicamente el de transferencias monetarias no condicionadas para que los hogares en mayor situación de vulnerabilidad alimentaria puedan acceder a alimentos. Pero es fundamental que las entregas sean acorde a la brecha alimentaria que enfrentan los hogares, y evitar el clientelismo en un año preelectoral.
“Los daños se han ido acumulando de manera preocupante sin que haya inversión pública en materia de protección social y recuperación de medios de vida acorde a la magnitud de las necesidades, esta ausencia de inversión pública está haciendo que no haya una recuperación después de estos shocks y que las cifras de población que no tiene suficientes ingresos para acceder a una alimentación básica sigan incrementando”, señala jefe del Programa Humanitario de Oxfam Guatemala.
Consultada la Secretaria de Seguridad Alimentación y Nutricional sobre las acciones que realizan para apoyar a la población en riesgo de inseguridad alimentaria, la Dirección de Comunicación e Información de la institución respondió que “se está haciendo una cuantificación de daños derivado de la emergencia. Una vez que Conred traslade los datos oficiales, dependiendo de la gravedad de la situación, podría convocarse para hacer un recálculo de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) del país”.
El drama impulsa la migración
Otro elemento conectado con el problema alimentario que enfrenta Guatemala es la migración forzada irregular, señala Aguilar. En 11 meses del año fiscal actual (octubre 2021 a agosto de 2022), refiere que la patrulla fronteriza registró más de 2 millones 150 mil detenciones en la frontera sur de Estados Unidos, de esta cantidad el 31% eran centroamericanos (621 mil 132 personas), de ellos, 216 mil 193 guatemaltecos.
Esta expulsión de guatemaltecos no cesará en tanto no se invierta lo suficiente en protección social y en la adaptación de los medios de vida rurales ante el impacto de la crisis climática, agrega.
La inseguridad alimentaria también tiene relación con la deserción escolar, pues a criterio del entrevistado los hogares con estos problemas dejan de enviar a los hijos a la escuela, para reducir gastos y cubrir los costos de los alimentos. En 2021, según datos del Ministerio de Educación, el abandono escolar aumentó en 71 por ciento con relación al año anterior.
