No es la primera vez, y tampoco la última, lamentan especialistas en el manejo de riesgos, puesto que los asentamientos en condiciones precarias crecen, en medio de la ausencia de políticas públicas que faciliten el acceso a vivienda digna a las clases económicas más bajas.
Según cálculos del sector privado de la construcción, para el 2021 había un déficit de 2.2 millones de viviendas, ya sea la carencia del inmueble o contar con uno, pero sin servicios.
Un censo de la organización internacional Techo identificó en 2021 que había 150 asentamientos informales en la capital, Mixco, San Miguel Petapa, Villa Canales y Villa Nueva.
Estos, según Techo, son habitados por más de nueve familias, carecen de al menos un servicio básico y los propietarios no tienen seguridad jurídica del inmueble, es decir, no cuentan con un título de propiedad que los acredite como los dueños legítimos.
Sin embargo, otra característica que acompaña a estos sitios es la vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Por lo regular están instalados en una vereda, un barranco, al píe de una montaña o a orillas de un río.
“Son una bomba de tiempo”
“Deberíamos verlo —esta nueva tragedia— como algo extraordinario, pero se ha vuelto común”, señala el ingeniero Manuel Mota, consultor gestión de riesgos. “Estos terrenos son una bomba de tiempo, si no son derrumbes son inundaciones, sin que haya una propuesta en ese sentido”, añadió.
Para el especialista, una propuesta para reducir la probabilidad de esas tragedias debe partir de reconocer el problema, analizar el contexto de cada terreno, definir las prioridades y construir una hoja de ruta.
Sin embargo, estos asentamientos crecen, muchas veces, a pesar de las advertencias de riesgo que les hacen las autoridades. Comienzan como una invasión y después logran que les instalen algunos servicios básicos, como electricidad o caminos, hasta que empiezan a crecer solos.
“Uno ve infraestructura hecha por las mismas municipalidades y no hay una forma de desincentivar la ocupación de laderas. No hay una estrategia nacional ni municipal de empezar a hacer esos cambios”, señaló Mota.
“Los caminos tienen una inclinación de 30 grados ¿A qué hora salen las personas de una catástrofe como un terremoto?”, cuestiona.
El especialista pone sobre la mesa el que las estrategias de acceso a la vivienda tampoco favorecen a las clases económicas bajas que optan por vivir en áreas de riesgo ante la imposibilidad de pagar por una propiedad.
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Agregó que los programas de ordenamiento territorial (POT) de las municipalidades se aprueban sin consulta alguna a la población, por lo cual esta los obvia. A esto se suma que las autoridades no se involucran en la prevención, lo que da como resultado que “seguimos viviendo en el caos”.
No se utilizan las herramientas
Desde hace años se ha escuchado a expertos que han hablado de la urgencia de que las construcciones públicas o privadas se desarrollen bajo estándares que prevean la vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos.
Sin embargo, también desde hace años que distintas instituciones han aprobado instrumentos y protocolos para la gestión adecuada de riesgos. El problema es que no se ponen en práctica.
“Tenemos herramientas, pero desafortunadamente no son de una aplicación rigurosa y constante”, aseveró Alejandro Maldonado, exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Esta Coordinadora cuenta con cuatro normas para la reducción de desastres, entre estas: para la seguridad estructural de edificaciones y obras de infraestructura, normas mínimas en instalaciones de uso público y las especificaciones técnicas para materiales de construcción que observan su calidad, resistencia, y otras características.
“Pero tristemente en Guatemala seguimos en un enfoque más orientado a la respuesta y no a la prevención”, señaló Maldonado.
Según el Sistema de Contabilidad Integrada, el presupuesto de este año de la Conred, destina Q19.6 millones para actividades de respuesta y recuperación, frente a Q12.6 millones para prevención y mitigación de riesgos.
Maldonado dijo que las herramientas existentes establecen qué zonas pueden ser habitadas y qué tipo de actividades humanas se pueden desarrollar. También especifica intervenciones o medidas de mitigación, dependiendo de las condiciones de los terrenos.
Además, incluyen códigos de construcción y, de acuerdo con los POT, definen qué estudios previos deben hacerse y con qué diseños. “Se necesita más involucramiento de las autoridades para resolver el tema de los asentamientos precarios, porque es evidente que no están cumpliendo con los POT ni con las normas de reducción de desastres”, aseveró el especialista.
Agregó que los propietarios de un inmueble son los llamados a cumplir con las normas, pero que las municipalidades deben verificar que lo hagan. “Desafortunadamente en los asentamientos precarios es muy raro que sigan los procedimientos”, dijo. “Ahí es donde entra la actitud proactiva de las municipalidades de identificar y resolver el problema”, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas de las familias, concluyó.
Gestión integral
Maldonado expuso que es necesario trabajan en la prevención, más que en la reacción, pero con un enfoque integral que atienda no solo una emergencia natural o climática, sino también se tome en cuenta el déficit de vivienda y los indicadores de pobreza al momento de pensar en programas de desarrollo.
“Lo que se necesita en Guatemala es que la gestión de riesgos se convierta en un eje transversal del Estado guatemalteco porque no puede haber desarrollo si no hay una acción concreta y muy proactiva en materia de gestión para la reducción de riesgos de desastres”, puntualizó.
