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El caso está relacionado con la destitución de un médico que labora para la cartera, cuyo nombre no se ha hecho público, y que por orden de un juzgado de Trabajo fue reinstalado; sin embargo, nuevamente fue removido de su cargo.
La queja llegó al tribunal y el profesional argumentó que le habían causado serios daños económicos y psicológicos a su familia.
De acuerdo con Gutiérrez, el Tribunal de Honor puede emitir varias sanciones, como una amonestación verbal, privada, pública o inhabilitación para ejercer la profesión. La hecha a Soto no tiene repercusión alguna hacia su cargo como tampoco a ejercer su profesión.
“Afecta al ministro en su imagen, que la gente se dé cuenta que su actuar no es acorde a cómo debería de comportarse con las personas y especialmente con los colegas. Antes de decidir que se remueva a una persona, se debe analizar su hoja de vida, su servicio médico, hay que tomar en cuenta el trabajo que ha hecho”, señaló el presidente del tribunal.
Ante esta situación, el Ministerio de Salud divulgó en redes sociales un comunicado en el que expresa que la amonestación se dio a partir de la remoción “por un inadecuado desempeño”.
El documento refiere que los puestos de directores, como el que tenía el profesional despedido, son puestos de confianza, de libre remoción y nombramiento, por lo que en este caso el director en mención, ha utilizado medios inapropiados y cuestionables con el fin de ser reinstalado.
El #MSPAS informa: pic.twitter.com/Pa2n9x9nPC
— Ministerio de Salud (@MinSaludGuate) February 22, 2019
Señala, además, que el Tribunal de Honor es un ente colegiado que se encarga de verificar la ética profesional de los médicos, y no el desempeño “de un funcionario público en una acción administrativa inherente a su función”.
Caso similar
Al Tribunal de Honor llegan muchas solicitudes para que se emita algún dictamen, algunas son faltas administrativas o de defensa gremial, según Gutiérrez. Estas son analizadas, algunas proceden y otras no.
En espera está la del médico Jaime Alfredo Quiñonez Camposeco, un caso similar por el que Soto fue amonestado públicamente.
El profesional ejercía como director del Centro de Salud de Jacaltenango, Huehuetenango, con 22 años de servicio, y fue destituido en agosto pasado. Por presión de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la Comisión de Salud del Congreso fue retornado a su cargo, según dijo, pero posteriormente fue apartado de su puesto.
“El 17 de agosto me entregaron una resolución donde me destituían. El 22 de agosto me entregan una nota donde derogan ese acuerdo, y el 20 de septiembre prácticamente me entregan otro donde dejan sin efecto el acuerdo de mi restitución. Fueron tres acuerdos ministeriales, uno donde me destituyen, otro donde me reinstalan y el último donde derogan la reinstalación. Esto es jugar con las leyes del país”, señala Quiñonez Camposeco.
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