“A pesar del sufrimiento y destierro permanente que hemos vivido, fueron nuestros abuelos los que mantuvieron la esperanza viva en nosotros. Fueron ellos los que nunca perdieron la mirada en sus tierras ancestrales”, citan en un comunicado.
A 50 años del suceso, los afectados todavía recuerdan los vivido durante y después. “Fueron fatales para muchas familias, llegando a fallecer nuestros ancianos. Después vinieron meses y años de hambruna, fuimos condenados a vivir en condiciones infrahumanas por décadas. Aún están presentes las secuelas psicológicas de aquel despojo militar”, señalan.
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En un comunicado de prensa, organizaciones como Impunity Wathc, Oxfam América, Fundación para el Debido Proceso y Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras, indicaron que los sobrevivientes de Chicoyogüito sufren condiciones de pobreza extrema debido al desalojo militar.
“La zona militar 21 se convirtió en el centro de la coordinación e inteligencia militar, además de ser un centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones sexuales cometidas durante 1978 y 1990”, señalan las organizaciones.
El documento explica que, además del desalojo, “el Ejército sometió a muchas personas a trabajos forzados en las instalaciones militares”.
“Manifestamos nuestra solidaridad con los sobrevivientes de la comunidad de Chicoyogüito y nos unimos a sus demandas por justicia, el retorno a su territorio, recuperación de sus medios de vida y una reparación digan”, indican las organizaciones en el comunicado.
Lugar de miedo
Ese destacamento militar es señalado de ser el lugar en donde se cometieron grandes masacres. Entre el 2012 y el 2015, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala hizo 14 exhumaciones y localizó 558 osamentas, de las cuales 90 eran de niños y 128 son de personas desaparecidas entre 1981 y 1988.
Según informes forenses, las osamentas tienen señales de tortura, vendas en los ojos, cadenas o lazos alrededor de los tobillos y cuello y el tiro de gracia.
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Por el caso Creompaz está prófugo el exdiputado Édgar Ovalle, fundador del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional. Otros ocho militares también fueron juzgados por el caso: Manuel Benedicto Lucas García, Carlos Augusto Garavito Morán, José Antonio Vásquez García, César Augusto Cabrera Mejía, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar y Raúl Dehesa Oliva.
Las organizaciones internacionales hacen un llamado al Estado de Guatemala para que “se cumpla lo establecido en los Acuerdos de Paz, en materia de población desarraigada, restituyéndoles las tierras que ancestralmente habitaron y que hasta hoy se mantienen bajo el control del Ejército”.
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