Gastos sin respaldo
Según cálculos, la deuda flotante o ilegal adquirida sin respaldo por instituciones del Estado rondaría los Q500 millones, y habría aumentado Q480 millones más, debido a cobros exigidos por empresas que efectuaron tareas de limpieza y reconstrucción por la tormenta tropical Ágatha.
A raíz de la emergencia, se contrajeron compromisos sin respaldo presupuestario, debido a la premura. Ahora, los contratistas exigen el pago por los trabajos ejecutados, aunque muchos no tienen contrato de aprobación.
De hecho, se recomienda al ministro instruir a las entidades del Estado a desentenderse de los montos considerados deuda flotante. “Le pedí que emitiera una disposición para que las entidades que tuvieran deuda que no se haya materializado a través de contratos se desobligaran”, expresó el Contralor.
De esta manera, las empresas con las cuales no medie contrato se quedarían sin pago.
Asimismo, la Contraloría pide a Finanzas instruir a todas las instituciones públicas para que no vuelvan a contraer deuda que esté fuera de sus presupuestos.
Exigen pago por obras
Pedro Luis Rocco, presidente de la Asociación Guatemalteca de Contratistas, dijo a principios de este mes que el Gobierno aún no ha terminado de pagarles la deuda flotante, y que aún hay pendientes cerca de Q500 millones.
Agregó que el Estado también les debe cerca de Q480 millones por limpieza de las carreteras por el paso de la tormenta Ágatha, el 28 y 29 de mayo últimos.
Muchos de esos trabajos no están presupuestados ni avalados por contratos aprobados.
Precisamente por ello, el Contralor requirió a Finanzas toda la información al respecto, pues considera que, como “rectores del manejo del presupuesto”, están en la obligación de conocer al detalle “el universo de los compromisos de Gobierno”.
Cifra creciente
Una de las instituciones que más ha sobregirado en gastos es el Fondo de Conservación Vial (Covial), encargado del mantenimiento de las carreteras, aunque ejecutó muchas obras nuevas.
Solo de enero a mayo del 2009, Covial generó deuda flotante por Q600 millones, por haber adjudicado más obras de las que le permitía el presupuesto.
Para agosto del 2009, la Cámara Guatemalteca de la Construcción informó que la deuda flotante alcanzaba los Q2 mil 500 millones, por los compromisos que el Gobierno mantenía con los contratistas de Covial y la Dirección General de Caminos, ambas dependencias del Ministerio de Comunicaciones.
La deuda flotante ha sido “legalizada” al financiarla con deuda interna y externa, mediante venta de bonos y préstamos. Ello ha contribuido, parcialmente, a que la deuda en quetzales supere los 29 mil millones este año; en el 2008, era de Q24 mil millones.
Si se incluye la deuda en dólares, el total supera los Q82 mil millones, que equivale casi a una cuarta parte del producto interno bruto (PIB), según estimaciones. Para evitar que siga creciendo es que la Contraloría hizo el llamado.
Hasta el viernes último, no había recibido respuesta oficial de Finanzas, pero el Contralor informó que había conversado con Balsells, quien le dijo que ya preparaban cartas para instruir a las dependencias de que no sigan contrayendo deuda.
Un pesado lastre
“El contraer deuda flotante, más que ilegal puede resultar nocivo para la salud del fisco, la economía nacional y el balance macroeconómico, e incluso desestabilizar en algún momento la economía”, opinó Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, quien considera inusual, pero oportuna, la advertencia de la Contraloría.
“Tiene que desarrollar su papel de fiscalización, y en el caso de la carta, aunque no estamos acostumbrados a que lo haga, nos parece interesante e importante que ponga luz roja y de alarma sobre el endeudamiento de los últimos años”, manifestó Marroquín.
Carmen Aída Ibarra, del Foro Guatemala, indicó que la carta del Contralor es “pertinente” pero tardía, debido a que a lo largo de toda su gestión “fue bastante complaciente con los desmanes, y es recién ahora cuando empieza a tomar acciones que lo hacen ver bien”. En todo caso, de seguirse la directriz, comentó que se podría “hacer eficiente la ejecución presupuestaria y tener mejor manejo de los fondos públicos”.
