Por estas razones, las agrupaciones que constituyen este sector calificaron al 2001 como un ?año fatal? para el respeto de los derechos fundamentales.
Coincidieron, además, en señalar al gobierno del presidente Alfonso Portillo como el principal responsable del deterioro de derechos fundamentales, amenazas contra activistas y del incumplimiento de los acuerdos de paz.
Acoso e intimidación
?Durante el presente año existió una política estatal de acoso a las organizaciones civiles y de persecución de los defensores de los Derechos Humanos?, aseveró Miguel Angel Albizures, de Alianza contra la Impunidad.
Agregó que en el 2001 se cometieron asaltos y amenazas de muerte en contra de integrantes de organizaciones vinculadas a la persecución penal y el fortalecimiento de la justicia.
El asesinato de la monja Barbara Ann Ford, en mayo del presente año, fue una clara violación del derecho a la vida, aseveró.
Esto, aunado a la impunidad y corrupción que se practica en las instituciones gubernamentales, hace que la imagen del Gobierno esté cada vez más deteriorada, en opinión de Albizures.
Coacción a libre expresión
Orlando Blanco, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, denunció que la libertad de expresión fue violentada durante el presente año con los enfrentamientos que el Gobierno sostuvo con la Prensa.
Otro ejemplo de ello es la aprobación en el Congreso de la República de la Ley de Colegiación Obligatoria, la cual fue sancionada por el vicepresidente, Francisco Reyes López, pese al rechazo manifiesto de las organizaciones de prensa.
Económico-sociales
En opinión del Procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango Escobar, la mayor violación se registró en los derechos económicos-sociales de la población, principalmente en lo laboral, educación, salud y seguridad.
?La Policía es la principal responsable de violentar este último derecho, por abuso de autoridad, detenciones ilegales y hostigamientos contra guatemaltecos y auxiliares de la Procuraduría en el interior?, aseveró.
El funcionario recordó, también, la violación de los deberes cívicos y políticos por parte de los diputados en el caso de la alteración de la ley que grava la distribución de bebidas alcohólicas, y la actuación del fiscal Ramón Sáenz y del juez Sergio Castro, por vulnerar el debido proceso.
Militarización
El nombramiento del general Eduardo Arévalo Lacs como ministro de Gobernación fue señalado por el activista Mario Polanco como otro de los retrocesos en materia de Derechos Humanos en el presente año.
Otro de los problemas señalado por Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, fue el de la ?lentitud en la aplicación de la justicia en varios procesos, como en el caso Mack?. Hizo ver que esta es la principal causa de linchamientos en el interior del país.
Sin esperanzas
Los sectores consultados manifestaron pesimismo en que mejore la situación en la materia para el 2002.
Lo anterior, porque continuará en el poder el partido eferregista, que no ha mostrado ?voluntad política? para que haya un avance en el respeto de los derechos fundamentales, manifestaron.
Violaciones
El movimiento de derechos humanos reportó en 2001 las siguientes violaciones:
Violaciones contra la vida: asesinato de la monja Barbara Ann Ford el 5 de mayo.
Atentado contra Ricardo Lobo, integrante de Ceibas, perpetrado en octubre.
Asesinato de Domingo Us, dirigente indígena.
Atentado contra Anselmo Roldán, presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas en Ixcán, Quiché.
Violación a la inviolabilidad de residencia:
Asaltos a las organizaciones Mujer Vamos Adelante, Mujeres en Solidaridad, Ceibas y Casa Alianza.
Violaciones a la integridad y seguridad individual
Intento de secuestro -en junio- de Barbara Bocek, activista de Amnistía Internacional.
Amenazas de muerte contra Miguel Angel Sandoval, del Movimiento Ciudadano.
Amenazas e intimidación contra Matilde González, investigadora de Avancso.
Amenazas contra periodistas de diferentes medios de comunicación.
Violación a la libertad de expresión:
Denuncias ante el MP en contra de las activistas Rigoberta Menchú, Helen Mack, Rosalina Tuyuc y Ana María de Klein.
Aprobación de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria.
