Agregaron que, pese a que han sido debilitados, varios de esos grupos se reorganizaron porque alguno de sus integrantes quedó en libertad.
Guzmán aseveró: “Estos grupos están conformados por familias completas que en algunos casos han sido detenidas. En otros, varios integrantes se han escapado y eso no permite la desarticulación total de los grupos”.
Según los fiscales, uno de los mayores problemas que afrontan es que las bandas de extorsionistas son dirigidas desde las cárceles El Boquerón, en Santa Rosa; El Infiernito, en Escuintla, y del Preventivo para Hombres, de la zona 18 capitalina.
“Ese flagelo afecta con mayor intensidad a pobladores de Petén, Izabal y Jutiapa, áreas donde se organizan con sus grupos estructurados”, aseguró López.
Guzmán agregó que procesaron a integrantes de grupos vinculados con asesinatos de personas que en apariencia no pagaron las extorsiones.
Otras bandas
López informó que también fueron desmanteladas bandas de secuestradores que operaban, la mayoría, en el occidente del país.
Según las autoridades, solo en esa región se registraron 38 secuestros que fueron coordinados por integrantes de las bandas los Pitágoras —en Quetzaltenango— y los Pujujiles —en Sololá—.
Investigaciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado dan cuenta de que los Pujujiles, que cometían sus fechorías entre los kilómetros 98 y 105 de la ruta Interamericana, aprovechaban la neblina característica de ese lugar para introducir a sus víctimas en una montaña y luego interrogarlas acerca de sus cuentas bancarias y otros datos.
Entre los casos que se atribuyen a esta banda se cuenta la muerte de Lissandro Guarcax, líder comunitario y director del grupo teatral indígena Sotzil, en Sololá.
De acuerdo con los fiscales, ambos grupos se caracterizaban por ser sanguinarios: torturaban a sus víctimas y luego las mataban.
En cuanto a robo de vehículos, los agentes fiscales lograron desarticular la banda denominada los Harold, que operaba en las zonas 3 y 8 de la capital.
Con el apoyo de la Policía fueron detenidos dos integrantes de una banda que operaba en Huehuetenango y a la cual se le atribuye la muerte de la socióloga Emilia Quan, ocurrida en diciembre del 2010.
Casos de impacto
López explicó que entre otros casos de alto impacto que resolvieron durante el 2011 se encuentra la matanza de 27 campesinos en la finca Los Cocos, en La Libertad, Petén, cometida, supuestamente, por miembros del grupo Z200, en mayo de ese año.
Durante el estado de Sitio que decretó el Gobierno en ese departamento fueron capturadas varias personas relacionadas con este cartel del narcotráfico mexicano.
López y Guzmán también mencionaron, entre otras investigaciones, el tráfico ilegal de migrantes; de mujeres, para explotarlas sexualmente; y de menores, para explotación laboral.
López señaló que uno de esos grupos estaba integrado incluso por empleados del Registro Nacional de Personas, que falsificaban partidas de nacimiento para solicitar pasaportes y visas, a fin de que fueran llevados a EE. UU.
Crímenes
Guzmán resaltó que de los delitos contra la vida que ocurren en la capital, el 80 por ciento es de tipo criminal.
Recordó que uno de los casos más impactantes fue el bombazo contra una unidad de Rutas Quetzal, el 3 de enero de 2011.
“A pesar de las dificultades, logramos identificar al grupo responsable, que participaba en extorsiones y en otros ataques”, dijo Guzmán.
Otra banda desarticulada fue la involucrada en la muerte del cantautor argentino Facundo Cabral.
“En este caso se descubrió que el ataque iba dirigido contra un extranjero que residía en forma temporal en Guatemala. Además, determinamos que fueron atacados por dos grupos: uno que se dedicaba al robo de vehículos, y otro, al sicariato”, explicó.
Las pesquisas del MP revelaron que en ese caso estaban involucrados sicarios que operaban en Masagua y Puerto San José, Escuintla.
Ambos fiscales coincidieron en que la tecnología y las nuevas estrategias de investigación les han permitido avanzar en las investigaciones.
Las escuchas telefónicas, el Sistema de Identificación Balístico y los operativos de vigilancia, análisis de ADN, entre otros métodos, ayudaron en las investigaciones del MP, según insistieron.
Obstáculos y retos
López y Guzmán señalaron que la escasez de fondos, la poca participación ciudadana para dar información, la existencia de “malos agentes policiales” vinculados con ilícitos, además de la falta de investigadores y fiscales son obstáculos para el MP.
Guzmán explicó que es indispensable que el MP tenga decisión propia. “Se debería obviar la autorización judicial para cualquier requerimiento de información a instituciones, porque eso retarda la justicia”, enfatizó.
Analistas consultados coincidieron en que el MP ha llegado a un nivel de profesionalidad que empieza a dar resultados, con un manejo eficaz de pruebas.
Además, atribuyeron el éxito a que en la Fiscalía de Delitos contra la Vida se implementó el nuevo método de gestión fiscal, que permitió avanzar en el número de casos, aunque insistieron en que los resultados deben ser generales y no solo en procesos de alto impacto.
