Marlin es propiedad de la multinacional canadiense Goldcorp, operada a través de su subsidiaria en el país, Montana Exploradora.
Entre el 2006 y el 2010, Montana pagó por impuestos y regalías un total de Q661.5 millones a Guatemala, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Eso contrasta con las ganancias por operaciones de la compañía en el mismo período, que sumaron Q4 mil 751.4 millones, según informes de Goldcorp a sus accionistas, publicados en la página web de la empresa.
La venta de oro y plata en esos cinco años fue de Q10 mil 591.8 millones, según el informe de la minera; eso significa que casi la mitad de la producción —45 por ciento— fue ganancia para los accionistas, mientras que Guatemala recibió 6.2 por ciento.
Todo indica que los ingresos de la empresa continuarán al alza, ya que al 30 de junio de este año se reportan ganancias por Q948 millones.
Chuck Jeannes, presidente de Goldcorp, afirmó en el informe del 2010 a los inversionistas: “Marlin alcanzó en abril la producción de un millón de onzas de oro, y continúa generando un tremendo flujo de dinero; esperamos obtener récords en la producción de oro y plata, y un continuo éxito durante el 2011”.
Baja regalía
Entre el pago de impuestos y regalías, el país recibe el equivalente al 6 por ciento de las ventas de la mina, mientras que en otros países el porcentaje ronda entre 40 y 60 por ciento.
La organización inglesa Christian Aid, que desarrolla proyectos contra la pobreza en el mundo, afirma: “Hay muchos países latinoamericanos con regímenes de impuestos y regalías deficientemente diseñados, y algunos de los peores de estos ejemplos provienen de los sectores mineros de Perú, Guatemala y Honduras”, en un informe acerca de reformas tributarias en Latinoamérica.
Durante el gobierno de Álvaro Arzú se bajó la tasa de regalías de 6 a 1 por ciento, con el ánimo de atraer inversiones. Posteriormente, Marlin, propiedad de Glamis Gold —que en el 2006 fue vendida a Goldcorp—, recibió de la administración de Alfonso Portillo un beneficio para no pagar el Impuesto Sobre la Renta, ya que se había acogido a la Ley de Maquilas.
Debido a críticas de varios sectores, la empresa accedió al pago del tributo a partir del 1 de julio del 2006.
La compañía asegura que desde entonces ha entregado a las municipalidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, el equivalente a 1 por ciento de sus ventas —adicional a lo requerido por la Ley— para el desarrollo del área.
Para Sigfrido Lee, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el sistema de regalías de Guatemala es obsoleto.
Añadió que otros países adoptaron un modelo en el que el porcentaje se incrementa de acuerdo con el precio de los metales.
También consideró necesario reformar el marco legal minero y ambiental, “que es muy débil en el país”, e incluso hay vacíos, como la ausencia de una ley de aguas.
Recomendó mejorar la capacidad de las entidades reguladoras.
“Se encuentra que empresas grandes traen prácticas respetables internacionales, pero no hay contraparte que verifique que se cumplan, y si no se hace, que tengan capacidad de actuar”, afirmó.
Constante crítica
Además de los cuestionamientos sobre los beneficios monetarios para el Estado, Marlin ha sido criticada por el manejo ambiental.
Recientemente, la compañía fue objeto de señalamientos cuando la Diócesis de San Marcos y representantes de las comunidades aledañas a la mina denunciaron la presencia de metales pesados y disminución de caudales en los ríos cercanos; eso llevó a ordenar el cierre temporal de la mina.
El Gobierno realizó un estudio, y su veredicto fue que la mina no era la responsable.
Otro estudio de la Comisión Pastoral Paz y Ecología señala que se necesitarán cerca de Q350 millones para subsanar el impacto de la mina.
Ejecutivos indican que incluso han mediado en conflictos ajenos a la minería, y construido y equipado infraestructura, como un centro de Salud.
