Por esa razón, agregan en la carta, “este año decidimos, como pueblos indígenas, unirnos para rescatar nuestro país, la democracia y exigir el respeto de nuestros derechos”.
Según ellos, “es evidente que quienes ocupan las instituciones están cada vez más alejados del cumplimiento de las leyes y su verdadero propósito, así como del mandato otorgado por el pueblo”.
“Lo que más vemos es la repugnante corrupción y el descaro con que nos miran a los ojos mientras nos pisotean”, aseguran.
Agregan: “Debemos construir un futuro distinto. Y es por ello que aún con esta débil institucionalidad, confiamos y salimos en paz y votamos para elegir concejales, alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente, con la esperanza de que cada uno de ellos cumpla con la tarea de rescatar el país para el bienestar de nuestras futuras generaciones”.
Las autoridades indígenas reflexionan que “nunca se había visto que desde las instituciones decidieron violentar y atropellar la democracia porque no estuvieron de acuerdo con la voluntad del pueblo, esa voluntad que expresamos cada cuatro años”.
“Así, desde el Ministerio Público, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el Juez Fredy Orellana decidieron intensificar su embestida contra la democracia y la voluntad popular”, aseguran.
Según el comunicado las autoridades de los pueblos originarios han “agotado todos los medios y recursos para detener estos abusos, desde comunicados, recolección de firmas, denuncias, amparos e incluso reuniones, pero nada ha surtido efecto”.
“Nos han cerrado las puertas, llegando al extremo de que el mismo Ministerio Público ha insistido en que seamos reprimidos con violencia”, aseguran.
Según ellos, estas respuestas y actitudes “han llevado a nuestras comunidades a enviarnos, como Autoridades Indígenas, a luchar por la recuperación de la democracia y las libertades del pueblo de Guatemala”.
En esa misiva dejaron claro que el mandato que recibieron fue claro y contundente: “exigir la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cintia Monterroso y Freddy Orellana, funcionarios del Ministerio Público y el Organismo Judicial”.
“Como intuimos, no estamos solos en este camino. Desde las comunidades más remotas del país hasta los barrios más cercanos a la Ciudad de Guatemala, todos concordamos en que debemos poner fin a la destrucción de la democracia y a la descarada corrupción que amenaza y daña a Guatemala”, agregan.
Agregan que “con gran alegría y esperanza, hemos sido testigos de la unión entre nosotros para recuperar nuestro país y su futuro. Lo más gratificante es que lo estamos haciendo de manera pacífica, alegre y solidaria”.
Sobre la respuesta de Giammattei de no poder destituir a la fiscal general, las organizaciones resaltan que “se escuda con una total falta de ética en mecanismos legales para justificar inacción. A pesar de que no puede destituirla, según él, ya que la Constitución Políticas da esa facultad, si puede pedirle su renuncia, pero no quiere”.
Sin embargo, aseguran, el poder radica en el pueblo y el pueblo debe seguir exigiendo que los corruptos golpistas dejen el poder.
En esta otra carta abierta las autoridades ancestrales manifiestan que “los resultados del primer acercamiento fue una demostración de poca voluntad política del presidente al exponer que no tiene facultades para pedir la renuncia de Porras, Curruchiche, Monterroso, y Orellana.
“Sabemos muy bien que estos cuatro funcionarios son los principales garantes de la impunidad y la corrupción en Guatemala, y no confiamos en su gestión, por razones éticas deben renunciar, y el presidente no solo tiene las facultades políticas de pedir su renuncia, sino el deber de denunciarles por el rompimiento constitucional que han provocado”, aseguran.
Las autoridades ancestrales aseguran que no negociaron ninguna tregua, ni han renunciado a sus objetivos, por lo
que “seguimos en pie de lucha”.
Además, advirtieron que continuarán en manifestaciones pacificas “en nuestros territorios, calles, avenidas,
carreteras o vigilias, convencidos de que estamos en legitima resistencia en defensa de la democracia”.
“Convocamos a los pueblos que se quieran unir y movilizarse a la ciudad capital para ejercer nuestro derecho a la manifestación de manera pacifica”.
Le pidieron a la Corte de Constitucionalidad que resuelva la inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico y que la Corte Suprema de Justicia destituya al juez Orellana por violado la constitución con sus resoluciones;
Llamaron al Tribunal Supremo Electoral que emita las sanciones correspondientes a los funcionarios que atentaron en contra del proceso electoral.
