Arévalo llegó a la sede se la CSJ acompañado de su compañera de fórmula, Karin Herrera. En ese lugar se congregó un grupo de ciudadanos que protesta en contra de las acciones que el MP ha emprendido en contra del proceso electoral.
Arévalo convocó a sus simpatizantes a que lo acompañaron hasta la sede de la Corte Suprema a presentar un recurso de amparo en el que pedirá formalmente la destitución de la cuestionada fiscal.
“Juntos, presentaremos un amparo y diremos contundentemente #FueraGolpistas. Trae tu bandera azul y blanco (de Guatemala) y defendamos el derecho a construir un mejor futuro”, dijo Arévalo en su convocatoria divulgada en las redes sociales.
Arévalo dijo que el objetivo del amparo planteado este lunes es para que “se deje sin efecto lo actuado por el Juzgado Séptimo (a cargo del juez Fredy Orellana) en contubernio con los fiscales (Rafael) Curruchiche, la fiscal (Consuelo) Porras y los agentes fiscales (Cinthia) Monterroso y Morales”.
“Estamos siguiendo los procesos de acuerdo al ordenamiento legal guatemalteco, las distintas acciones que estamos llevando a cabo están establecidas en la ley y nosotros estamos recurriendo a la ley para defender los derechos que nos asisten a nosotros, pero sobre todo al pueblo de Guatemala”, dijo el presidente electo.
“Tenemos claro que el país necesita salir de esta crisis política que está siendo causada por quienes están intentando conculcar los derechos de los guatemaltecos, lo antes posible necesitamos restablecer la tranquilidad, eliminar la incertidumbre, poder permitir que sigamos trabajando en el traspaso de información, que es el elemento central de la transición política, para permitir que las autoridades que entran y asumen el poder el 14 de enero tengan toda la información posible para poder comenzar de manera efectiva sus acciones”, añadió Arévalo.
Respecto a las últimas acciones de la Fiscalía en las sedes del TSE, en donde abrieron cajas electorales, Arévalo dijo: “Aquí hay una serie de acciones que van a poner en duda y en riesgo el proceso electoral en Guatemala”.
Agregó que esas acciones no solo pretenden sacarlos de la jugada, sino que además “se está socavando la democracia, se están afectando los derechos de los guatemaltecos que ya han expresado su voluntad de manera libre y soberana el 25 de junio y el 20 de agosto”.
El presidente electo dijo que se reunirá con el secretario general de la Organización de Estados Americano (OEA) en los próximos días y dijo que ese organismo ha mostrado preocupación por lo que ocurre en Guatemala.
“Creo que en la reunión del Consejo Permanente (de la OEA) en Washington ha sido clarísima y contundente, en la medida en que se ha indicado precisamente los alcances con los que se ha venido vulnerando el orden legal y la medida en que esto constituye un ataque al proceso electoral y una amenaza contra la democracia”.
“Es un atentado contra la democracia y por eso la Organización de Estados Americanos está actuando en el marco de la de la carta de defensa de la democracia para examinar esta situación”, agregó.
Porras, Curruchiche y Orellana están incluidos en una lista elaborada por Estados Unidos de personajes “corruptos y antidemocráticos” centroamericanos.
Horas antes de la presentación del pedido, lideres indígenas, estudiantes y otros activistas se manifestaron en varias ciudades del país para exigir la renuncia de Porras y de otros dos cuestionados fiscales y un juez.
En la capital, cientos de indígenas provenientes del departamento occidental de Totonicapán, portando silbatos y trompetas de plástico, recorrieron varias calles para exigir la salida de la fiscal general.
Con su promesa de lucha frontal contra la corrupción, uno de los males del país, Arévalo obtuvo un amplio triunfo el balotaje del 20 de agosto.
La semana pasada, Curruchiche dirigió un allanamiento, con decenas de policías, en un centro electoral donde los fiscales abrieron cajas que contenían votos de la primera vuelta electoral del 25 de junio.
Según el fiscal, el operativo nació de la denuncia de un ciudadano, pero la acción fue rechazada por varios sectores en Guatemala y por la comunidad internacional. Estados Unidos lo calificó como “un ataque al proceso democrático”.
Por su lado, la Fiscalía rechazó la acusación de orquestar un “golpe de Estado”, en un mensaje enviado a la AFP.
“Se rechaza categóricamente cualquier señalamiento que pretenda involucrar al Ministerio Público con el resultado del evento electoral”, indicó la entidad.
Con información de AFP
