Sin embargo, el levantamiento de los bloqueos no marca el final de las protestas, ya que la organización indígena de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán, ha anunciado que continuará las protestas exigiendo la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
En una conferencia de prensa, el presidente de la organización indígena, Luis Pacheco, afirmó que “mantenemos nuestra postura” con respecto a la dimisión de la fiscal general.
Edgar Tuy, síndico de la Municipalidad Indígena de Sololá, aseguró que permanecerán frente a la sede del MP, en la zona 1 de la capital, para exigir la dimisión de Porras, los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, a quienes acusan de corrupción y de poner en peligro la democracia en el país.
Según líderes de estas dos organizaciones indígenas que encabezan las manifestaciones a nivel nacional, no abandonarán sus acciones hasta que los funcionarios presenten sus renuncias.
El pasado sábado 21 de octubre, varias asociaciones empresariales hicieron un llamado para respetar los resultados “definitivos y abrumadores” de las elecciones que ganó Bernardo Arévalo.
En un comunicado, cerca de veinte gremios empresariales expresaron su apoyo a la “voluntad popular claramente expresada a través del voto” y enfatizaron la importancia de que las autoridades electas asuman sus cargos de acuerdo con la legislación vigente.
También se unieron al pedido de que se levanten los bloqueos en las carreteras, lo cual ocurrió este domingo 22 de octubre.
Las protestas comenzaron el 2 de octubre y se llegaron a bloquear hasta 140 carreteras.
Entre el 9 y el 13 de octubre, se produjo prácticamente un paro nacional en todo el territorio en señal de repudio a Porras.
A pesar de la presión popular, la fiscal general ha declarado que no tiene intención de renunciar a su cargo.