De acuerdo con el grupo de ciudadanos, el amparo busca proteger la democracia, el Estado de derecho y los derechos políticos de los guatemaltecos, por lo que se solicita “la suspensión provisional de los actos de autoridad y la preservación del Estado de Derecho”.
“En medio de amenazas reconocidas al proceso electoral y la alternancia del poder, los accionantes señalan que el retiro de antejuicio fue llevada a toda marcha, saltando procedimientos legales y contrariando la Constitución Política de la República de Guatemala”, señala una nota de prensa emitida por los interponentes.
Los ciudadanos señalan que entre las supuestas ilegalidades que se advirtieron en dicho proceso están la falta de votos necesarios para formar la comisión pesquisidora, la formación “inadecuada” de la Comisión, uso incorrecto de la moción privilegiada, falta de discusión sobre el informe de la pesquisidora, la ausencia de deliberación sobre la procedencia de formación de causa y la falta de votación individualizada por cada magistrado.
“En relación con las irregularidades denunciadas, se impugna la decisión del Congreso de formar la Comisión Pesquisidora con 85 votos en lugar de los 107 requeridos por la Constitución”, dice el documento, el cual agrega que también se cuestiona la formación única de la comisión para juzgar a todos los magistrados del TSE, “argumentando que esto viola el principio de responsabilidad penal personalísima, que exige una comisión por cada funcionario para un análisis personalizado de las acusaciones”.
Detalla que en el amparo “se denuncia el uso inapropiado de la moción privilegiada por parte del Congreso al tratar el informe de la comisión pesquisidora sin seguir el orden del día establecido”.
Añade que la votación sobre la formación de causa se efectuó sin una discusión previa del informe, “lo que infringe normativas y principios constitucionales”.
También se resalta la “omisión del Congreso” al no discutir adecuadamente el informe circunstanciado de la pesquisidora, “violando el principio de legalidad constitucional y afectando el derecho al debido proceso”.
“Se sostiene que el Congreso no llevó a cabo una deliberación exhaustiva y participativa sobre la procedencia de la formación de causa contra los magistrados del TSE”, detalla la nota de prensa, que añade que “la votación directa sin discusión previa se considera contraria al principio de legalidad constitucional y afecta el derecho al debido proceso”.
En la acción legal también se cuestiona la falta de votación individualizada por cada magistrado, porque, según afirma, “la votación grupal no permitió una evaluación individual de cada caso, infringiendo principios del debido proceso y la legalidad administrativa”.
“En medio de este proceso, el presidente de la comisión pesquisidora denunció amenazas e irregularidades, sugiriendo que la persecución de los magistrados tenía como objetivo impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asumiera el cargo”.
Dos intentos
El pasado 30 de noviembre al filo de la media noche, dos intentos bastaron para que los diputados alcanzaran los 107 votos mínimos para retirarles la inmunidad a cuatro magistrados del TSE.
Ciento ocho diputados votaron a favor de quitar la inmunidad a Irma Palencia, Mynor Franco, Ranulfo Rojas y Gabriel Aguilera, quienes horas después salieron del país.
Días después el Departamento de Estado de EE. UU. sancionó recientemente con el retiro de visas a unos 300 guatemaltecos, entre ellos más de cien diputados del Congreso de la República.
“Estados Unidos condena enérgicamente las acciones antidemocráticas del Ministerio Público guatemalteco y otros actores malintencionados que están socavando el Estado de derecho en Guatemala”, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Las restricciones de visado afectan a unos “300 nacionales guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del Congreso, así como representantes del sector privado y sus familias”, según el comunicado.
