El pronunciamiento se da mientras Guatemala atraviesa por una crisis política provocada por las acciones judiciales en contra del partido Movimiento Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo, y de magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que es considerado por varios sectores como un intento de socavar la democracia por medio de supuestos intentos por revertir los resultados electorales.
El documento, ambos organismos internacionales destacan que una reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) “tiene como efecto limitar el derecho a la protesta”, y es que dicha Corte ordenó recientemente al Ministerio de Gobernación retirar, incluso con el uso de la fuerza, los bloqueos de carreteras, así como habilitar el paso hacia las sedes del Ministerio Público (MP), donde miles de personas protestas para exigir la renuncia de Consuelo Porras como fiscal general.
“El Estado debe respetar y garantizar el derecho de reunión pacífica, y todos los derechos que se ponen en riesgo, como los de la vida e integridad de las personas manifestantes”, dice el comunicado.
Añade que la CIDH y su Relatoría Especial efectúan un monitoreo cercano de las movilizaciones sociales lideradas por autoridades indígenas desde el 2 de octubre recién pasado, “que habrían surgido en reclamo a una serie de denuncias sobre acciones injerencistas del Ministerio Público (MP), contrarias al orden democrático y la voluntad soberana de la población expresadas en las urnas”.
Detalla que, en este contexto, “observan que el legítimo reclamo y descontento de la población ha sido expresado de manera pacífica en movilizaciones sociales, bloqueos de rutas y otros actos de protesta en el espacio público y frente a los edificios de instituciones estatales”.
Agrega que a pesar de esos “recibieron denuncias sobre acciones que buscan limitar el libre ejercicio del derecho a la protesta, en un clima de creciente tensión social”.
Ante eso, los organismos ponen como ejemplo “declaraciones estigmatizantes y amenazas de criminalización provenientes de las más altas autoridades, así como agresiones y amenazas de particulares contra quienes se manifiestan en distintas partes del país, entre ellas, personas indígenas, defensoras y periodistas”.
Entre otros hechos recientes, la CIDH rechazó el ataque armado contra manifestantes por parte de particulares que pretendían desalojar un bloqueo en el municipio de Malacatán. Dicho ataque habría ocurrido en presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y resultó en la muerte de una persona y dos heridas. Al respecto, el MP y el Ministerio de Gobernación reportaron la detención de once personas. Asimismo, este último informó que la PNC que brindaba seguridad en el área se encontraba sin armas conforme la normativa nacional.
En este contexto, agrega el documento, “preocupa la decisión del 18 de octubre de la CC al recurso interpuesto por el MP en reclamo al bloqueo prolongado a su sede en el barrio Gerona por las manifestaciones”.
Detalla que, en esa fecha, “la CC ordenó a la PNC y el Ministerio de Gobernación ´ejecutar las acciones y medidas pertinentes para restituir el orden público´, incluso mediante el uso de la fuerza pública y con la cooperación del ejército guatemalteco”.
Además, las entidades detallan que la CC “cuestionó que algunas movilizaciones ´no pacíficas´ podrían constituir delitos de lesa humanidad por ´provocar el exterminio de civiles´ a raíz de ´situaciones de destrucción de instalaciones y reservas de agua´. También ordenó proceder a la aprehensión de personas implicadas en la comisión de delitos flagrantes”.
“Para la CIDH y su RELE la sentencia tiene un impacto severo en el derecho a la libertad de expresión y en el derecho a defender derechos en un momento trascendente para el país, como el período postelectoral y de transición presidencial”, refiere el documento.
Agrega que “de conformidad con los estándares interamericanos, la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y para la defensa de los derechos humanos, y comprende el ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Por su naturaleza, resulta preciso tolerar cierto nivel de perturbación a la vida cotidiana, por ejemplo, en relación con el tránsito y el ingreso a edificios públicos”.
“La CIDH y su RELE recuerdan que la desconcentración de las manifestaciones pacíficas por la fuerza es una interferencia directa sobre este derecho y, además, puede afectar la vida o integridad de las personas”, detalla la nota.
Además, llaman al Estado de Guatemala a “cumplir con su deber de respetar, facilitar y garantizar los derechos humanos, así como tomar medidas concretas para garantizar el derecho a la protesta y abstenerse de criminalizar a quienes participan en ella. En democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las manifestaciones sociales y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”.
Por su parte, según el comunicado, el Estado de Guatemala solicitó a la CIDH, “en concordancia con los principios de subsidiariedad y complementariedad del Sistema de Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, no realizar un examen o pronunciamiento sobre la situación relacionada a las movilizaciones sociales ocurridas en las últimas semanas”.
Agregó que “el Estado enfatizó que cumple con los estándares internacionales de la materia, que siempre ha favorecido y privilegiado del agotamiento previo del diálogo y que el uso de la fuerza se encuentra como ultima ratio”.
El documento detalla que respecto de las acciones del MP, el Estado de Guatemala “manifestó que la investigación penal en curso de ninguna manera pretende alterar el orden democrático ni los resultados de las elecciones generales”.
Asimismo, señaló que “todo el actuar de la Corte de Constitucionalidad se ha realizado en el marco del ordenamiento jurídico guatemalteco y apegado a la protección de los derechos fundamentales de la población”.
Ante la coyuntura actual, la CIDH y la Relatoría “consideran imperativo que se aborden las demandas legítimas de la población, por lo que la mesa de diálogo y el proceso de mediación que se desarrolla con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) constituye una vía idónea”.
En este contexto, concluye el documento, “dada la situación actual y sus efectos en los derechos humanos, la CIDH solicita al Estado de Guatemala su anuencia para realizar una visita al país”.
