En el comunicado emitido señalan que la aplicación de las normas legales de manera selectiva afecta a la credibilidad del proceso electoral. Con esto se refieren a la resolución de la Sala que abre el paso para que en 11 departamentos los candidatos a alcaldes y diputados distritales puedan participar.
“Un nuevo atentado contra la integridad del proceso electoral se ha perpetrado con el amparo provisional otorgado a la secretaria general del partido Prosperidad Ciudadana”, establece la Misión.
Además, consideran que la certeza jurídica aporta credibilidad al proceso, sin embargo acciones como el amparo provisional recién otorgado dificultan la confianza.
“Recordamos a las magistraturas su obligación de actuar en consonancia con las responsabilidades democráticas, constitucionales y legales que, como funcionarios públicos, les corresponden”, exhorta la MOE-GT.
El amparo provisional fue otorgado luego que las candidaturas fueran suspendidas como consecuencia de la suspensión de la segunda asamblea nacional del partido en la que se constituyó al Comité Ejecutivo Nacional.
Las siguientes actividades partidarias fueron avaladas por el Comité, incluidas las proclamaciones de los candidatos a nivel nacional.
Inferencia institucional
De la misma manera, la MOE-Gt advierte con preocupación sobre la interferencia institucional del Ministerio Público con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya que “esto muestra no solamente favoritismos y sesgos en decisiones, sino también evidencia que la legislación guatemalteca se utiliza como un recurso para ajuste de cuentas con personas que se consideran indeseables o peligrosas, según los intereses de grupos de poder que tienen incidencia sobre las instituciones a cargo del proceso electoral e influyen en el sistema judicial guatemalteco”, indica el comunicado.
Esto derivado de las acciones legales que el MP ha tomado en contra de algunos candidatos como solicitudes de retiro de antejuicio.
