Dos de cada 10 creen que “algunas veces” se aplica, mientras que la proporción de quienes piensan que “siempre o casi siempre” la ley prevalece es menor, pues no llega a uno.
Entre este último grupo, son las personas del área rural las que tienen una percepción más positiva -9%-, pero esta es menor entre los habitantes del interior urbano -6.8%-, y desciende aún más entre la población del área metropolitana -5.2%-.
Son pocos los hombres que tienen la sensación de que se castiga al culpable -8.6%-, en tanto que entre las mujeres la proporción es aún más baja -6.3%-.
Entre la población joven, de 18 a 29 años, la creencia de que quienes cometen un delito serán sancionados es más alta, pero conforme la edad avanza esa percepción disminuye. Del 8.7% que reporta el primer grupo, pasa al 6.9% entre los de 45 años y más.
Al hacer la medición por nivel socioeconómico, es la población con menos recursos económicos -nivel D- la que considera que sí se aplica la ley, la cifra es de 8%, contrario al 5.3% del nivel medio -C2/C3- y 0% en el -BC1-.
Baja confianza
La difusión de información a través de redes sociales, medios tradicionales y digitales propicia que la población este más enterada de lo que acontece en el país y deja más al descubierto que no hay un adecuado funcionamiento del sistema de justicia, menciona Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia.
Por otro lado, las instituciones de justicia no están presentes en todo el territorio, lo que repercute en la mora judicial y abona en la sensación de que el sistema no les cumple a los guatemaltecos.
Ibarra agrega que se volvió a las viejas dinámicas de “mantener a la justicia como un medio y un fin para conseguir impunidad y enriquecimiento ilícito”, lo cual no pasa inadvertido para la población y mina su confianza hacia la institución.
Los resultados de la Encuesta Libre 2023 se dan en un contexto en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de cortes de Apelaciones llevan más de tres años en el cargo porque el Congreso no ha elegido a los nuevos titulares y suplentes.
Los actuales magistrados asumieron en el 2014, para un período de cinco años que debió concluir el 13 de octubre del 2019, pero negociaciones bajo la mesa para colocar a personas afines a grupos de poder detuvieron la elección y en octubre próximo los togados cumplirán nueve años en el cargo.
A criterio de Ibarra, la renovación de las cortes es un tema lejano para la mayoría de la población, principalmente en el área rural, por lo que no repercutiría en esa falta de confianza en la aplicación de la justicia, la preocupación iría más por quiénes ocupan los cargos de jueces que están en la jurisdicción departamental o municipal.
“La población en general tiene más interés en lo local, en el aparato de justicia a nivel de los departamentos que lo que está centralizado en el Palacio de Justicia, en la Torre de Tribunales”, agrega.
Juan Carlos Zapata, director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), señala que la baja credibilidad en el sistema de justicia es reflejo de que en Guatemala hay falta de certeza jurídica.
“Somos un país donde existe poca capacidad institucional de hacer cumplir la ley”, dice Zapata.
La creencia de que la ley se aplica “siempre o casi siempre” es mayor en el área rural, comparada con el interior urbano y la metrópoli, y obedece, según el director de Fundesa, a que hay menos presencia de las instituciones de justicia fuera del área metropolitana, y eso también explica por qué la credibilidad en el sistema de justicia es mayor entre jóvenes.
