Del 1 de enero al 8 de julio, la Misión registró 100 hechos de violencia electoral, entre los que resaltan nueve asesinatos, cinco intentos de asesinatos y tres tomas de rehenes o detenciones ilegales. Además, 17 golpizas, 20 ataques verbales, 21 amenazas, 23 casos de destrucción de bienes materiales, un caso de ataque sexual y otro de secuestro o desaparición.
En ese sentido, también la MOE-Gt dio a conocer que se tuvieron 121 conflictos electorales, de los cuales 39 fueron de presión para votar o no por determinado candidato, 27 protestas por inconformidad del proceso o resultados y 21 casos de trashumancia electoral.
Durante el evento del pasado 25 de junio, según la MOE-GT, también hubo 10 casos de bloqueos de carreteras por inconformidades, ocho pagos monetarios o en especie a cambio del voto y seis casos de impedimento en el ejercicio físico del voto.
Por motivos de estudio, la MOE-Gt define la conflictividad electoral como los hechos de actos de agresión que atentan directamente contra la integridad de un individuo y la conflictividad, como los hechos que pueden generar presiones que desencadenen violencia.
Walter Orozco, de la Asociación Diálogos, refirió que antes que se rebasaran los hechos de violencia y conflictividad ya se había superado el número de víctimas.
“Justamente en este informe reportamos que hay nueve incidentes que involucran, específicamente, a 16 personas asesinadas”, detalló.
Entre el 25 y 27 de junio la MOE-Gt reportó 31 casos de violencia electoral de los cuales fueron 15 casos de destrucción de bienes materiales, seis de ataque verbal, cinco golpizas, tres amenazas y dos tomas de rehenes.
“Los hechos han seguido un patrón cíclico que se caracteriza por que la violencia aumenta de frecuencia y va cambiando de forma a medida que se acerca el día de las elecciones”, explica la MOE-GT.
En esa línea, junio fue el mes con más hechos registrados con 55, mientras en mayo y abril se registraron 17 y 15 respectivamente.
“Es importante reconocer que en las elecciones previas siempre ha habido una disminución de violencia electoral y conflictividad en las elecciones previas de cara a la segunda vuelta”, manifestó Corzo.
Sin embargo, existe la posibilidad que la cantidad de hechos aumente en este proceso, debido a la coyuntura electoral que se vive. “Probablemente esto puede cambiar por el contexto en el que se encuentra el país y la coyuntura política”, valoró.
Departamentos con más hechos
En cuanto a la distribución geográfica de los hechos de violencia, el departamento que más situaciones de conflictividad aglutinó fue Alta Verapaz, con 19, seguido de Guatemala, con 14; en tercer lugar, se situó Baja Verapaz, con una diferencia considerable de cinco casos.
Los departamentos que menos hechos registraron fueron Sacatepéquez y Suchitepéquez, con uno, respectivamente.
Una distribución similar ocurrió con la conflictividad electoral, siendo os departamentos con más casos Alta Verapaz, Petén y Guatemala; y los que menos registraron San Marco, Chimaltenango y Jutiapa.
La Misión explica que los resultados de sus reportes son influenciados por factores propios de cada región y por la distribución y funcionamiento interno de la red de observadores.
De los integrantes de los partidos políticos, 45 fueron víctimas en los hechos y otros 34 fueron victimarios. También hubo 32 miembros de las instituciones del Estado que fueron víctimas y 11 victimarios de estos hechos.
Uso de bienes del Estado
Hasta julio, la MOE-GT detectó 52 casos de posible uso de recursos del Estado con fines electorales, de los cuales más del 70 por ciento fueron de aspirantes a las alcaldías.
De esos candidatos, 52 buscaban la reelección, 21 de ellos con un partido diferente con el que fueron electos hace cuatro años y 17 participaban con el partido Vamos por una Guatemala Diferente.
El partido oficial, Vamos, fue también la agrupación a la que más casos se le detectaron, con más del 54 por ciento, seguido de la Unidad de la Esperanza Nacional (UNE) con el 12 por ciento y el Comité de Unidad Marquense (CUM), con el 8 por ciento.
Los casos fueron detectados en su mayoría en Baja Verapaz, Chimaltenango y San Marcos. Corresponden a entregas de programas de gobierno central o local, uso de bienes públicos en campaña electoral, participación de trabajadores públicos en campaña, inauguración de obras públicas y eventos sociales realizados con fondos públicos o trabajadores del Estado, en su mayoría.
