A pocas horas de efectuarse el cambio de autoridades electas, se continúan generando acciones legales que buscan afectar las designaciones de diputados.

En las últimas horas, la Comisión Permanente del Congreso de la República declaró como independientes a diputados del Movimiento Semilla, en cumplimiento a una orden del juez Fredy Orellana respecto a la suspensión de la organización política.

Con esa acción, queda bloqueada la posibilidad de que diputados del Movimiento Semilla puedan integrar la Junta Directiva o comisiones legislativas.

El jueves último, diputados de Semilla se reunieron con parlamentarios de otras agrupaciones políticas para buscar apoyo y lograr la presidencia del Congreso; sin embargo, al ser declarados independientes, las posibilidades se dificultan.

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Andrea Villagrán, diputada electa por Semilla, indicó que se interpuso una acción legal para “resguardar los derechos de la Bancada Semilla, ante intentos desesperados de quienes se niegan al cambio en el Congreso”.

Andrea María Reyes, también diputada electa por Semilla, compartió la imagen de un documento en la que se notificó que la Corte de Constitucionalidad recibió a las 22.56 horas del 12 de enero una solicitud de amparo para resguardar los derechos de la bancada.

La Bancada Semilla se encuentra fuerte y lista para asumir el domingo 14. Ante los intentos desesperados de los que se niegan a que haya cambios en el Congreso, hemos presentado un amparo para resguardar los derechos de nuestra bancada. Estamos seguros que, como las otras veces,… pic.twitter.com/Zwf6GWTTzc

— Andrea María (@drewzecena) January 13, 2024

Otra de las acciones presentadas de las que se conoció en las últimas horas es la de Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas durante el gobierno de Jimmy Morales y ahora diputado electo por el partido Cabal.

Según Estrada, el 12 de enero revisó el estado de su cuenta en la Contraloría General de Cuentas y le apareció una denuncia penal. “Un tema totalmente desconocido, sin aviso, o requerimientos de información. Sumado que dejé de ser funcionario hace 6 años y he mantenido finiquito vigente todo este tiempo”, aseguró.

Estrada calificó la acción como una “crónica de una ilegalidad anunciada” e indicó que días atrás denunció una comunicación del Congreso de la República, en la que se exigían “requisitos nuevos, fuera de la ley, a completar el 14 de enero previo a asumir el puesto de diputado”.

El diputado electo indicó que ha mostrado en redes sociales su finiquito y “un estado en cuenta corriente en línea limpio”.

Debido a esa situación, el diputado electo indicó que presentó una solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para suspender esos requisitos y “revisiones arbitrarias”.

La creación de nuevos requisitos fuera de ley tienen claramente una mala intención.
Confío en que la @CC_Guatemala otorgará en tiempo el amparo garantizando que se cumpla con los requisitos fijados en norma, sin arbitrariedades.
Yo me presentaré este 14 de enero a las 8:00 AM…

— Julio Héctor (@JulioHectorE) January 13, 2024

“Tengo finiquito del 3 de enero de 2024, pero agregaron estos requisitos de cuenta corriente, que es donde aparecen todos los cargos temporales que aparecen en el sistema de Contraloría para cada persona” detalló Estada a Prensa Libre y Guatevisión.

“Esto puede hacer que a la hora de recibir el expediente, y así pinta porque todo pareciera estar planificado, digan que encontraron algo en la cuenta y lo usen como herramienta para bloquear“, añadió.

Según Estrada, si se bloquea su llegada al Congreso, el cuarto lugar de la Lista Nacional que no entró se beficiaría. Ese lugar lo ocupó Elder Martínez.

“La Corte de Constitucionalidad debe fallar como lo ha hecho anteriormente y debe decir que los requisitos es el finiquito vigente válido de seis meses y no que se pidan otras cosas”, señaló.

Si la Corte de Constitucionalidad no resuelve antes de la Sesión Solemne, Estrada indicó que llegará al Congreso a recibir el cargo.

“Yo voy a estar ahí presentándome y voy a entrar a empujones si hace falta y que me saquen de seguridad si eso quieren hacer. Es una decisión del Pleno y de la Junta Calificadora de Credenciales quienes deben tomar la decisión”

“Están usando esto para definir y aplanar su camino y meter otros actores que quedaron fuera y que son bastante señalados“, sentenció.

Respaldo de Cabal

El excandidato presidencial Edmond Mulet y el partido Cabal emitieron un comunicado este 13 de enero en el que muestran apoyo al diputado electo Julio Héctor Estrada, quien denunció que se impuso una denuncia penal en su contra que buscaría evitar que asuma como legislador.

pic.twitter.com/hc9RBskTPg

— Edmond Mulet (@Edmondmulet) January 13, 2024

A dos días de que asuma la nueva legislatura y en medio de la carrera por la presidencia del Congreso de la República, la Comisión Permanente de ese organismo declaró este viernes 12 de enero independientes a los diputados del Movimiento Semilla, en cumplimiento a una orden judicial emitida por el juez penal Fredy Orellana.

Con la decisión de la Comisión Permanente también se bloquean todas las posibilidades de que integrantes del bloque Movimiento Semilla integren la Junta Directiva del Congreso e integren comisiones legislativas.

El pasado jueves, diputados de Semilla convocaron a parlamentarios de otras agrupaciones políticas a una reunión en busca de negociar apoyos para lograr la presidencia del Congreso; sin embargo, al ser declarados independientes, esas posibilidades se cierran.

El 8 de enero, el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, envió un nuevo oficio al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el que pedía que de manera “inmediata” se le diera cumplimiento a la resolución en la que se suspende la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla.

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De acuerdo con el documento, en una audiencia solicitada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) se ordenó trasladar una copia de los avances de la investigación y la medida de suspensión provisional de la inscripción de la personalidad jurídica del partido del presidente electo, el Movimiento Semilla, y que por esa razón se debía ejecutar la orden judicial.

El 10 de enero pasado, la diputada electa Andrea Reyes, de Movimiento Semilla, dijo que recibieron información de un nuevo informe del Registro de Ciudadanos que calificaba a la agrupación política como suspendida, con lo que cambiaba un primer criterio que la catalogaba como vigente.

El Congreso solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) información sobre el partido luego de haber recibido avisos judiciales que advierten de que está suspendido.

El martes recién pasado se supo de la comunicación que envió el titular del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, con fecha 5 de enero, en la cual indica que Movimiento Semilla se encuentra vigente.

Sin embargo, Reyes aseguró que el 9 de enero el criterio del registrador cambió, aparentemente “bajo la presión” de diputados de Vamos.

“Algunos diputados oficialistas de esta legislatura buscaron el día de hoy, a manera de extorsión, al registrador de ciudadanos para que extendiera esta constancia. Incluso cuestionamos la legitimidad de la resolución”, explicó.

“Vemos que existen esfuerzos desesperados por querer suspender la bancada (…) el día de hoy extendieron otra resolución diciendo lo contrario porque existía esta situación”, indicó.

Bernardo Arévalo debe asumir el domingo la Presidencia de Guatemala tras enfrentar una arremetida judicial que atribuyó a su promesa de rescatar la frágil democracia guatemalteca de los corruptos que, según él, se aferra al poder.

Arévalo, quien denunció esa ofensiva como un intento de “golpe de Estado”, será juramentado en el Teatro Nacional en una sesión solemne del Congreso que le será adverso.

Desde que pasó en junio al balotaje contra todo pronóstico, sorteó los intentos de la Fiscalía por levantar su inmunidad y anular el resultado electoral, pero deberá encarar la suspensión de su partido Semilla y el riesgo de que sus diputados tengan poco margen de maniobra.

Respaldado por Estados Unidos, la Unión Europea, países latinoamericanos y organismos internacionales, Arévalo relevará a Alejandro Giammattei, a quien sus seguidores acusan de aupar a la fiscal general Consuelo Porras.

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La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) confirmó que el binomio presidencial electo, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, podrán asumir sus cargos el próximo 14 de enero, luego que fueron rechazados tres amparos que habían sido interpuestos para impedir el cambio de gobierno.

Según se informó, los amparos que rechazaron fueron los que interpusieron el actual diputado y excandidato presidencial Rudio Lecsan Mérida, la Liga Pro Patria y un tercero que argumentaban violaciones constitucionales para el cambio de gobierno.

A finales del 2023 la CC resolvió en definitiva una acción de amparo promovida por el abogado Édgar Ortiz y otro grupo de ciudadanos, que garantiza el proceso democrático y el relevo de las autoridades de Estado.

El mencionado amparo también fue remitido a un juzgado por razón de competencia, y el mismo ordena a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, el relevo de autoridades el 14 de enero.

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El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, apeló el amparo en donde le ordenan a su fiscalía garantizar el cambio de autoridades y remitió informes con detalles del caso a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las consideraciones respectivas, temas que están siendo evaluados por el órgano electoral.

Amparo de Rudio Lecsan Mérida

El pasado 5 de enero, el actual diputado Rudio Lecsan Mérida, quien fue candidato presidencial del Partido Humanista, presentó una acción constitucional de amparo en la CC que iba en contra del Congreso de la República y el TSE.

Lecsan Mérida, señalaba como acto reclamado: “el riesgo y amenaza inminente de que se establezca, tome posesión y se instale un gobierno ilegitimo, antidemocrático y no representativo”.

Expresaba que el mencionado gobierno estaría dirigido por personas electas en la primera y segunda vuelta electoral, que según él, estuvieron “viciadas y sujetas a investigación penal por responsabilidad de la máxima autoridad electoral; y todo el procedimiento de escrutinio electoral y cómputo de votos, de digitalización, grabación y validación de los datos consignados en los documentos cuatro, desde los centros de votación para la presentación y publicación de los resultados y de establecer resultados municipales, departamentales y nacionales realizado por el programa informático operado, manejado y controlado por una empresa privada a la cual El Tribunal Supremo Electoral”.

En cuanto al TSE, el diputado señalaba como acto reclamado como agravante el hecho de que el TSE “al cambiar el procedimiento del escrutinio electoral y conteo de votos en las elecciones generales”.

Explicaba que eso contaminó el proceso electoral y afectó su pureza y comentaba como acto vulnerado el derecho de los ciudadanos a la pureza del proceso electoral.

Liga Pro Patria

La organización civil, Liga Pro Patria presentó el pasado 9 de enero una acción de amparo ante la CC, en la que buscaba que el binomio electo no tomara posesión.

Referían que el partido político Movimiento Semilla fue inscrito sin llegar a la cantidad mínima de afiliados, hechos que habrían sido respaldados por autoridades electorales.

Indicaban que existían serias violaciones a la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que buscaban que el binomio no asuma y el Congreso nombre a quienes corresponda en el puesto.

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Autoridades Ancestrales y Articulación Chimaltenango, que incluye varias organizaciones, publicaron un comunicado en el que se pronuncian por la coyuntura actual en Guatemala y en el que también declaran persona no grata a Alejandro Giammattei y a su gabinete y exigen que sean investigados.

Además, señalan como actores corruptos a diputados de la Novena legislatura y a los congresistas del departamento de Chimaltenango.

También piden al nuevo gobierno, encabezado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, que den más participación a los pueblos originarios.

En el comunicado se menciona que en el contexto del levantamiento de los pueblos liderado por las Autoridades Ancestrales y organizaciones sociales, que están evitando un golpe de Estado, se unen y elevan su voz para manifestarse.

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Creen que en mencionado golpe de Estado que sectores tratan de llevar a cabo en Guatemala implicaría mayor retroceso al débil proceso democrático del país.

Persona non grata

En el comunicado de prensa, las autoridades ancestrales y organizaciones mencionan:

• “Declaramos Non Grato a Alejandro Giamattei Falla y su gabinete por traicionar los postulados constitucionales de servir a la población, por encabezar la corrupción y el golpe de Estado. Exigimos investigación y cárcel para este gobierno nefasto”.
• “Declaramos como actores corruptos a los diputados de la Novena (IX) Legislatura que han sido aliados del oficialismo, a los alcaldes y operadores corruptos, en especial a los diputados del distrito de Chimaltenango, por no impulsar leyes en defensa de los derechos colectivos de la ciudadanía y de los pueblos originarios, además, por ser parte del pacto de corruptos y golpistas del Estado. Siendo Ellos: Maynor Gabriel Mejía Popol, José Alejandro De León Maldonado, Madeleine Samantha Figueroa Rodas, Wilmer Rolando Mendoza y Petrona Mejía Chutá De Lara.
• “Declaramos que permanecemos al cuidado que no se logre el golpe de Estado y mantenemos nuestra exigencia para que los golpistas renuncien: señora Maria Consuelo Porras Argueta, actual fiscal general del Ministerio Publico; José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad; Cinthia Monterroso agente fiscal, y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana”.

Las peticiones a Bernardo Arévalo

• “Al nuevo gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, que además de un buen desempeño técnico y político en su período de gobierno honre el apoyo de los pueblos que le han dado la oportunidad de asumir, con sentar bases de la transformación de la matriz económica y política del país, para dejar un legado significativo para avanzar en la construcción de un estado plurinacional”.
• “Demandamos la designación de servidores y funcionarios públicos en el territorio de Chimaltenango, que sean personas sin antecedentes de corrupción, de violaciones a los derechos humanos o pertenezcan a grupos que han cooptado el poder económico y político en el departamento, así mismo, sin nexos con el crimen organizado. En esto, consideramos como aspectos mínimos, deben ser personas honestas, con capacidad de diálogo, con recorrido en servicio comunitario y social, honorabilidad y honestidad reconocida por su comunidad”.

Agregan que las designaciones deben ser realizadas bajo mecanismos abiertos, públicos, participativos, investigativos, y de consenso.

Las autoridades también piden Arévalo y Karin Herrera “investigar, evaluar, y exigir la renuncia o destitución de representantes de la sociedad civil dentro del Consejo de Departamental de Desarrollo actual, que han sido cómplices de los circuitos que han cooptado este espacio y han permitido el despilfarro del presupuesto público, y la mala calidad de programas y proyectos en el departamento”.

Hacen un llamado a toda la población de Chimaltenango, a trabajar en unidad, al fortalecimiento de las Autoridades Ancestrales, la organización comunitaria, sindical, popular y ciudadana.

En concreto, los países de la UE aprobaron hoy el marco legal que les permitirá aprobar sanciones en el futuro contra los individuos y las entidades que impidan el traspaso de poder, tras las elecciones que se celebraron en Guatemala en julio del año pasado.

“La UE mantiene su firme e inequívoco apoyo a la democracia en Guatemala. La adopción de este marco (legal) es parte de este compromiso. Demuestra que estamos con el pueblo de Guatemala y contra quienes están socavando la democracia del país”, dijo en una nota el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que iniciará mañana un viaje a Guatemala para acudir a la toma de posesión de Arévalo de León.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores ya anunció en diciembre que Bruselas estaba ultimando los preparativos para aprobar sanciones contra los “fiscales con motivaciones políticas” en Guatemala.

Cuando se aprueben, las sanciones prohibirán a los individuos entrar en la UE y a las empresas se les congelarán los bienes y activos que tengan en los países comunitarios.

Borrell se reunirá mañana -sábado- con Arévalo de León, en la víspera de la ceremonia de investidura, con quien discutirá las posibilidades de fortalecer la relación entre la UE y Guatemala.

Desde que Arévalo de León ganó las elecciones en agosto, el Ministerio Público (Fiscalía) ha buscado con casos judiciales impedir la investidura del presidente electo y su vicepresidenta, Karin Herrera.
En medio de los rumores de que la Fiscalía podría arrestar a Herrera, la Corte Constitucional de Guatemala alertó ayer contra esa posibilidad.

Borrell también tiene previsto reunirse el domingo con la exfiscal anticorrupción del Ministerio Público de Guatemala, Virginia Laparra, liberada recientemente de la cárcel para pasar a arresto domiciliario.

También mantendrá un encuentro con los defensores de los Derechos Humanos Claudia González y Haroldo Vasquez, así como con representantes de las autoridades indígenas.

Borrell aprovechará la visita a Guatemala para mantener reuniones bilaterales con el presidente de Chile, Gabriel Boric, el del Paraguay, Santiago Peña, el vicepresdiente brasileño, Geraldo Alckmin y la canciller mexicana, Alicia Bárcena Ibarra.

Sanciones

En diciembre pasado parlamentarios de la Unión Europea (UE) aseguraron que “no hubo fraude en las elecciones” en Guatemala  y apoyan sanciones personalizadas para los responsables de lo que califican como un “intento de golpe de Estado.

“La Unión Europea está dispuesta a actuar ante las últimas acciones del MP, hemos acordado la adopción de un marco jurídico para adoptar medidas restrictivas en contra de los responsables”, sentenció Borrel en esa oportunidad.

Leopoldo López Gil, diputado del parlamento Europeo por España, manifestó su pesar por lo que pasa en Guatemala, al considerar que es importante socio en la UE.

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“Guatemala ha sufrido la violencia y autoritarismo, las elecciones que tuvieron fueron transparentes como lo verificó la OEA. Con un conducente resultado de un 60 por ciento de votos se le dio la victoria a Bernardo Arévalo, como lo confirmó el Tribunal Supremo Electoral, única entidad para validar los resultados, es inaceptable que el MP pretenda invalidar lo decidido por las autoridades competentes”, indicó.

La eurodiputada Alicia Homs, calificó las investigaciones del MP como la culminación de un plan que se que se lleva a cabo desde hace meses para un claro golpe de Estado.

“La falta de escrúpulos del MP es evidente tanto que ya no se molesta en ocultarlo, es hora de imponer sanciones a los responsables de quienes atentan contra el orden constitucional de Guatemala”, recomendó.

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Para Jordi Cañas, del partido de la Ciudadanía, en Guatemala hay un pacto de corruptos que usa jueces y fiscales para anular los resultados de las elecciones.

“No hubo fraude y el voto debe ser respetado, y nosotros debemos estar en lado correcto, quiero repetir, que no los dejaremos solos y a los corruptos quiero decirles que serán sancionados por la Unión Europea”, acotó.

La eurodiputada Ana Miranda, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, dijo que  Guatemala “ha sufrido mucho, tiene pobreza y problemas de desigualdad y por esa razón votaron por un cambio”.

“Vimos legitimidad de resultados en las eleciones, vimos que es un resultado claro y hay un presidente electo que se llama Bernardo Arévalo, no hubo fraude como dijo la Unión Europea. Ni todos los ataques a la democracia conseguirán un golpe Estado”, agregó.

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Diputados del Movimiento Semilla, que a partir del próximo 14 de enero se convertirán en la bancada oficial, buscan los apoyos necesarios para hacerse de la presidencia del Congreso de la República, por lo que este jueves 11 de enero convocaron a parlamentarios electos de otras agrupaciones políticas para negociar los votos necesarios, informaron algunos de los asistentes al encuentro.

Los diputados se reunieron este jueves por la tarde en un hotel capitalino con el propósito de consolidar alianzas para una planilla que compita por la presidencia del Congreso el próximo domingo 14 de enero.

El objetivo también era tener un acercamiento con el presidente electo, Bernardo Arévalo, pero no se asistió.

A última hora se cambió de lugar la reunión, según informó la actual diputada del partido Bien y electa el año pasado con Movimiento Semilla, Andrea Villagrán.

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La congresista dijo que se han sumado diferentes bloques para alcanzar “acuerdos políticos importantes”, aunque no precisó qué temas tratarían.

Junta Directiva

El diputado reelecto por el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) Cristian Álvarez confirmó que los representantes de Movimiento Semilla convocaron a un grupo pequeño de legisladores.

Estuvieron presentes los diputados electos de Bien, Victoria y Azul, así como algunos disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y de Cabal.

“La reunión era para presentar a los ocho que van a acompañar a los que ellos —Semilla— decidan quién va a presidir la Junta Directiva”, explicó Álvarez, quien pidió que todas las reuniones de consensos sean públicas.

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Según Álvarez, ya han alcanzado algunos acuerdos previos como cambios a la Ley Electoral y el manejo de las sesiones en el Congreso, de manera que no sean tan “hostiles” como en la legislatura que finaliza.

“Es una de varias reuniones que hemos sostenido con distintos actores del que será el partido de gobierno. Está un grupo de partidos pequeños que estamos pensando trabajar juntos el siguiente año”, dijo Álvarez

En esta reunión se busca obtener 40 votos de los 81 necesarios para poder imponerse por mayoría y retener la junta directiva, por la cual también estaría compitiendo Allan Rodríguez, de Vamos, con apoyo de Valor y una facción de Cabal y la UNE.

UNE y Cabal

Inés Castillo, diputado de la UNE, fue uno de los convocados. Este congresista fue separado esta semana de dicha agrupación, con la que se reeligió por un quinto período legislativo.

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Castillo, junto con los diputados Joel Rubén Martínez, electo por Vamos, y Luis Contreras, quien se reeligió con Creo, presidirán la Junta Provisional de Debates, que convocará el domingo en la sesión a la elección de una nueva directiva.

Otro de los asistentes, según manifestó Álvarez, fue el excandidato presidencial de Cabal Edmond Mulet.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social emitió un comunicado con relación a una supuesta información en redes sociales respecto a un asueto el próximo 15 de enero por la toma de posesión de las autoridades electas.

La información, en forma de un supuesto acuerdo gubernativo denominado 013-2024, indicaba que concedía permiso laboral con goce de salario un día después de la toma de posesión.

“El asueto es para los servidores públicos que prestan sus servicios en las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública“, señala uno de los artículos del supuesto acuerdo.

En ese sentido, el Mintrab aseguró en su comunicado que dicho acuerdo es falso y que ninguna entidad gubernamental ha emitido dicho acuerdo.

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“No existe ninguna disposición oficial que respalde la autorización de un permiso laboral especial para la fecha mencionada”, señala el Mintrab.

“Es fundamental recordar a la población la importancia de obtener información de fuentes oficiales y verificar su autenticidad antes de compartirla”, señala el ministerio.

Comunicado sobre información falsa referente a supuesto permiso laboral para el lunes 15 de enero de 2024 pic.twitter.com/qTuJITOOv3

— MINTRAB (@MINTRABAJOGuate) January 12, 2024

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#Importante | Aclaramos que el supuesto Acuerdo Gubernativo Número 013-2024 de fecha 11 de enero de 2024 que circula en redes sociales es totalmente FALSO en su forma y contenido. pic.twitter.com/Oe1Wtjzbzy

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) January 12, 2024

A tres días de que asuman las nuevas autoridades de gobierno, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los directores de varias unidades y dependencias analizan los oficios enviados por el Ministerio Público (MP) solicitando información relacionada con las elecciones, así como el remitido por el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, relativo a la suspensión provisional del partido Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo.

“Estamos terminando la evaluación, tanto de los informes que fueron enviados por el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y también estamos terminando ahora, porque coincide, unas evaluación de lo que se ha referido y enviado el juzgador Orellana, entonces nosotros vamos a terminar la evaluación en estos días y haremos llegar la copia correspondiente a la fiscalía y al señor juez, relativo a lo solicitado, que es el análisis de los temas”, expuso la presidenta del TSE, Blanca Alfaro.

El pleno de magistrados del TSE y los directores de varias de las unidades y dependencias del tribunal se reunieron este jueves 11 de enero para analiza una solicitud de información hecha por el Ministerio Público sobre detalles del proceso electoral y un oficio remitido por el juez Fredy Orellana con relación al partido Movimiento Semilla.

En la reunión se encontraba personal de la Dirección Electoral, Organizaciones Políticas y Auditoría, entre otras.

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Semilla y elecciones

El pasado 8 de enero, Orellana remitió al TSE un oficio donde señala que a solicitud de la FECI se ordenó remitir copia de los avances en la investigación por la cual se decretó la suspensión provisional de Semilla, esto para que el TSE proceda “de manera inmediata” dentro de su competencia, y este es uno de los oficios que está bajo análisis por parte del Tribunal.

Ese mismo día ingresó un oficio del Ministerio Público solicitando de forma certificada información sobre el proceso electoral como fecha en que se abrió, finalización, candidatos ganadores de la Presidencia, así como si hay recursos pendientes de resolver y toma de posesión de las personas electas.

Dicha información no puede ser revelada, según la solicitud.

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El presidente de EE. UU., Joe Biden, designó una delegación de ocho funcionarios de alto rango para que lo representen en la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera el próximo 14 de enero, informó Washington por medio de un comunicado este jueves 11 de enero.

La designación de la delegación se dio a conocer este jueves por Washington en medio de tensión en Guatemala por acciones del Ministerio Público (MP) en contra de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la captura del exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, por no haber reprimido protestas ciudadanas; y una posible orden de captura contra la vicepresidenta electa, Karin Herrera.

La delegación designada por el presidente Biden será encabezada por Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), según la comunicación oficial difundida por la Embajada de EE. UU. en Guatemala.

Además, la delegación presidencial de Biden estará integrada por Patrick Ventrell, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala; Norma Torres, representante Demócrata de California; Lou Correa, representante Demócrata de California y Philip H. Gordon, asistente del presidente y asesor de Seguridad Nacional de la vicepresidenta de EE. UU.

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También la integrarán Katie Tobin, asistente adjunta del presidente y coordinadora de la Declaración de Los Ángeles; Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; y Tobin Bradley, embajador de EE. UU. en Guatemala.

Entre los designados hay varios que seguido de cerca la crisis política que se vive en el país luego de que Bernardo Arévalo pasara a segunda vuelta electoral en junio de 2023; por ejemplo, Samantha Power y Brian A. Nichols, quienes han manifestado su preocupación por la situación política de Guatemala.

De hecho, este jueves Nichols se pronunció respecto a la captura del exministro Barrientos y señaló: “Condenamos las recientes acciones de los actores antidemocráticos en Guatemala, incluida la detención hoy del exministro de Interior Napoleón Barrientos por defender el derecho a las manifestaciones pacíficas”.

Suspender cooperación

EE. UU se mostró este jueves convencido de que Bernardo Arévalo podrá asumir el poder el próximo domingo, pero amenazó con suspender los programas de cooperación con el país si esto no sucede.

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Arévalo debe tomar el relevo el 14 de enero al presidente saliente, Alejandro Giammattei, tras un proceso electoral marcado por los supuestos intentos de la Fiscalía de revertir los resultados electorales.

En conferencia de prensa telefónica, Nichols advirtió de que el bloqueo de la investidura de Arévalo de León sería “una violación” de la Carta Democrática Interamericana.

“Estados Unidos tiene múltiples acuerdos de cooperación y de comercio con Guatemala. Todo esto estaría en riesgo si no hay una transición democrática”, avisó.

Sin embargo, Nichols subrayó su “confianza” de que Arévalo de León tomará posesión el domingo y “los guatemaltecos podrán celebrar un momento histórico y alegre para su país”.

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El secretario adjunto del Departamento de Estado aseguró que las actuaciones del Ministerio Público liderado por la fiscal general, Consuelo Porras, contra miembros del Movimiento Semilla y magistrados electorales “no tienen sustento legal real” y “van a fracasar”.

Nichols confió además en que los actores que han intentado socavar la democracia guatemalteca “van a rendir cuentas” ante la Justicia, aunque no quiso comentar sobre una eventual acusación o extradición del presidente Giammattei a Estados Unidos.

El funcionario sí se refirió a las críticas del mandatario saliente, quien el miércoles arremetió contra Washington por haber retirado la visa al centenar de diputados guatemaltecos que votaron a favor de retirar la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

“Conforme a las leyes de Estados Unidos, nosotros tenemos la obligación de sancionar a las personas que obstaculizan la democracia o que promueven la corrupción”, dijo.

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Toma de posesión de Arévalo: Gustavo Petro viajará a Guatemala para el cambio de mando presidencial

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El presidente colombiano, Gustavo Petro, viajará el domingo a Ciudad de Guatemala para asistir a la investidura de Bernardo Arévalo de León y apoyarlo ante su complicada carrera hacia la Presidencia desde su elección en agosto pasado.

Petro viajará a la capital de Guatemala con el canciller colombiano, Álvaro Leyva, el mismo día de la ceremonia, a la que asistirán el rey de España, Felipe VI, y una decena de jefes de Estado como el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el chileno Gabriel Boric.

El Gobierno colombiano quiere mostrar así su apoyo a Arévalo de León ante lo que tanto él mismo como Petro no han dudado en llamar un “golpe de Estado” de la Fiscalía contra el presidente electo con el fin de impedir su posesión.

La investidura del nuevo presidente tendrá lugar a las 14:00 hora local (20:00 GMT) y marcará el inicio del Gobierno de Arévalo de León, ganador de los comicios en 2023 de la mano del partido progresista Movimiento Semilla.

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Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Arévalo de León advirtió el 1 de septiembre pasado que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, llevaba a cabo un “golpe de Estado” en su contra para evitar que llegue a la Presidencia.

El propio Petro pidió en diciembre que la Organización de Estados Americanos (OEA) actuará “frente al golpe de Estado en Guatemala” ante las acciones de la Fiscalía que trataban de invalidar las elecciones que le dieron la victoria.

“Guatemala vive una crisis de su democracia porque las fuerzas ligadas al narcotráfico y la corrupción no quieren el triunfo del pueblo guatemalteco en las elecciones. Colombia exije (sic) que el mandato popular sea respetado y que tome posesión el presidente electo Bernardo Arévalo“, dijo el mandatario colombiano en su cuenta de X (antes Twitter).

Arévalo de León, un académico de 65 años, llega al poder con un discurso anticorrupción para reemplazar al actual mandatario, Alejandro Giammattei, quien cuenta con uno de los niveles de aprobación más bajos del continente, según diversas encuestas.

El Ministerio Público (MP) confirmó este jueves 11 de enero cuatro órdenes de captura contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).

La orden de captura contra la magistrada Irma Palencia es por supuesto abuso de autoridad y fraude.

Mientras que los magistrados Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas son señalados de fraude.

Los magistrados del TSE fueron denunciados por un supuesto fraude financiero en la compra del referido sistema.

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El 30 de noviembre de 2023, el Congreso de la República retiró la inmunidad a los cuatro magistrados. El legislativo recibió el 29 de noviembre el informe circunstanciado que recomendaba retirarles la inmunidad a los funcionarios, por lo que en la sesión sometieron a votación del pleno a menos de una hora de terminar el período de sesiones ordinarias.

El informe se basaba únicamente en los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, ya que la presidenta del TSE y los magistrados suplentes lograron un amparo provisional que frenó las diligencias de antejuicio.

Los magistrados del TSE Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera salieron del país luego de que el Congreso les quitara la inmunidad a solicitud del MP, quien los señala de haber incurrido en ilegalidades en la compra de un sistema informáticos utilizado en las elecciones pasadas.

Actualmente, los cuatro funcionarios están de vacaciones y supuestamente regresarían a labores en febrero.

Para leer más: La vicepresidenta electa Karin Herrera presenta amparo ante el riesgo de una posible orden de captura

El Trep tuvo un costo de Q148 millones, que a consideración de una auditoria de la Contraloría General de Cuentas (CGC), fue sobrevalorado.

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La denuncia contra los magistrados del TSE se centra en los cargos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, según las solicitudes de antejuicio formuladas por la Fiscalía de Delitos Administrativos.

El 6 de diciembre 2023, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, indicó que dudaba de un comunicado de Irma Palencia en el que indicaba que se buscaba afectar resultados electorales.

Palencia advirtió por medio de un comunicado que había riesgo de que se intentara anular los resultados de los comicios celebrados en 2023.

En el documento, Palencia aseguró que se encuentra bajo “persecución política” y que existen intenciones de colocar nuevos magistrados electorales para “posiblemente cambiar los resultados obtenidos en las elecciones generales celebradas en 2023”.

El 10 de enero, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo definitivo a los magistrados suplentes del TSE y le ordenó a la Corte Suprema de Justicia  (CSJ) emitir una resolución contraria a la que admitió a trámite las solicitudes de antejuicio por la compra del sistema Trep.

En el caso de Alfaro goza de un amparo provisional porque no estuvo a favor en la compra del Trep.

Le puede interesar: CC otorga amparo definitivo a magistrados suplentes del TSE y le ordena a la CSJ emitir otra resolución

#Urgente

El @MPguatemala confirma cuatro órdenes de captura contra magistrados del @TSEGuatemala por la compra del TREP.@prensa_libre@Guatevision_tv

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) January 11, 2024

Alfaro se pronuncia

En un video, la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro,  se pronunció por las  órdenes de captura y manifestó: “Ahora queremos mandar este mensaje, un abrazo, palabras de ánimo a la magistrada Irma Palencia, al magistrado Ranulfo Rojas, al magistrado Gabriel Aguilera y al magistrado Mynor Custodio Franco”.

Externó: “Aquí están sus lugares, en esta mesa nos hemos reunido muchas veces y en nuestros corazones está grabado el cariño, el respeto y sabemos que para ustedes y que para sus familias no ha sido nada fácil, para nosotros tampoco como miembros de este órgano electoral”.

Hizo mención a lo que dice la Biblia de “que nuestra vida es como la flor del campo, como la neblina que aparece en la mañana y en la tarde desaparece, sabemos que esto va a pasar, sabemos que son momentos difíciles que a veces pareciera que el tiempo se detiene y que no camina”.

Dijo que “esta situación va a llegar a su fin” y que los magistrados van a arreglar su situación.

Amparos rechazados

Mientras que la CSJ no otorgó dos amparos promovidos contra el TSE en pleno extraordinario del 28 de diciembre de 2023 y que informó de lo resuelto el 2 de enero de 2024.

La información oficial reveló que el amparo provisional 4454-2023, que planteó la abogada y exfiscal Karen Fisher en contra del TSE y su presidente, no lo otorgaron, por mayoría. No revelaron detalles del por qué no se otorgó.

De acuerdo con la CSJ el acto reclamado en este amparo fue porque el TSE no garantizó “a los ciudadanos su funcionamiento permanente y el cumplimiento de las funciones que le atribuyen la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

Así también contra la presidenta por haber contribuido “a desintegrar el TSE con las licencias o permisos que para ausentarse de sus cargos autorizó oportunamente a los magistrados titulares.

El otro amparo provisional que conoció la CSJ fue el 4437-2023, que presentó Néstor Estuardo Pérez Felipe contra el TSE, también. Este lo planteó “por la amenaza real o inminente de que el TSE se encuentra jurídicamente desintegrado y sus resoluciones y acuerdos podrían ser nulos de pleno derecho”.

A dos días de haber sido anunciada como la nueva ministra de Energía y Minas y a cuatro de la toma de posesión del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, Anayté Guardado puso a disposición su nombramiento y ahora le corresponde al binomio electo analizar el caso, informaron este miércoles 10 de enero fuentes del equipo de transición.

“Sí, la ministra puso a disposición su cargo para que el binomio pueda decidir lo más conveniente para la cartera”, señalaron fuentes del equipo de transición del gobierno electo.

“La ministra puso a disposición su cargo, es ahora el binomio quien debe decidir si acepta o no la renuncia de Anayté Guardado”, reiteraron.

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Horas más tarde, Guardado emitió una carta en la que confirma su renuncia y dijo que tomó la decisión ante la coyuntura nacional.

“Ante la coyuntura que atraviesa el país, he decidido declinar a mi nombramiento dentro de su gabinete de gobierno”, señaló Guardado en el documento.

Añadió que desde que se anunció el gabinete ha sido víctima de “una campaña de desprestigio” por medio de X, antes Twitter, donde, según el documento, se han publicado videos sobre entrevistas brindadas a medios de comunicación como representante de la Asociación de Generadores de Energía Renovable, “las cuales sucedieron hace más de 6 años”.

“Mi objetivo principal era representar al país y no a un sector especifico, ya que no estoy agremiada a ninguna organización en particular, soy una profesional de carrera, con un post grado en Derechos Humanos que se ha desempeñado en altos puestos ejecutivos a nivel privado, dispuesta a trabajar en esta ocasión en el sector público por el desarrollo nacional”, detalla Guardado.

Agregó: “Creo firmemente en una Guatemala unida y una sociedad que logre alcanzar la madurez necesaria para generar el diálogo, incluyendo a todos los sectores”.

Guardado cuenta con una maestría en Administración de Empresas y énfasis en Desarrollo Sostenible y un posgrado en Especialización en Derechos Humanos.

Dirigió la Asociación de Generadores de Energía Renovable y se resalta su labor en el tema de innovación en la generación de energía en el modelo de desarrollo del país.

El pasado lunes, Arévalo, quien asumirá el domingo la Presidencia de Guatemala, presentó un gabinete de siete hombres y siete mujeres, entre ellas Guardado, para su gobierno de lucha contra la corrupción, aunque recibió algunas críticas porque dos de ellos están vinculados con empresarios y políticos tradicionales.

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“Siete mujeres y siete hombres van a componer con mucho compromiso el primer gabinete paritario en la historia del país”, afirmó el futuro gobernante al presentar a su equipo de gobierno.

Arévalo afirmó que el principal desafío del nuevo gabinete será “rescatar” las instituciones carcomidas por la corrupción.

La mayoría de los 14 ministros son casi desconocidos para los guatemaltecos, pero en el grupo hay dos figuras que han levantado ciertas críticas en redes sociales.

Arévalo designó como ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a Jazmín de la Vega, una socia de la cúpula empresarial, hasta el momento alejada del futuro mandatario.

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Además, nombró como su futuro ministro de Gobernación (Interior) a Francisco Jiménez, quien ocupó ese cargo durante el gobierno del fallecido expresidente Álvaro Colom (2008-2012), acusado de corrupción.

El presidente electo reconoció que quedó “en deuda con la pluralidad” del país, en alusión a que solo una indígena integra su equipo, Miriam Roquel (Trabajo). Las comunidades indígenas representan el 42% de los 17.6 millones de guatemaltecos.

Asimismo, anunció que creará una Comisión Nacional contra la Corrupción, que será un órgano asesor y vigilante, pero sin dar mayores detalles.

Arévalo aseguró que el domingo asumirá la Presidencia pese a que el Ministerio Público (Fiscalía) ha llevado a cabo acciones legales contra él y su partido Movimiento Semilla, acusándolos de supuestas ilegalidades electorales.

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“Desde el punto de vista legal, no hay ninguna posibilidad (de evitar que asuma). Por supuesto, siempre van a seguir haciendo intentos y van a seguir queriendo hacer, por medio de interpretaciones antojadizas, el juego de último minuto”, afirmó.

En diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó garantizar “la toma de posesión” de todos los funcionarios electos, mientras que el Tribunal Supremo Electoral declaró los resultados de los comicios como “inalterables y definitivos”.

Con información de AFP

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó amparo definitivo a los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y le ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitir una resolución contraria a la que admitió a trámite las solicitudes de antejuicio por la compra del sistema Trep, informaron este miércoles 10 de enero fuentes judiciales.

El pasado 7 de noviembre, la CSJ consideró que el antejuicio planteado por el Ministerio Público (MP) en contra de los magistrados del TSE no era espurio y lo remitió al Congreso de la República para que concluyera con el proceso, en el que cuatro magistrados titulares perdieron su inmunidad.

Se trata del antejuicio 255-2023, planteado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP en contra de los magistrados titulares del TSE Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Maynor custodio Franco Flores.

Además, en contra de los magistrados suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.

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Sin embargo, la CC declaró con lugar un amparo planteado por los tres últimos y conmina a la CSJ a “dar exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de cinco días siguientes”.

La resolución señala que la CC “otorga el amparo solicitado por Álvaro Ricardo Cordón Paredes, Marco Antonio Cornejo Marroquín y Marlon Josué Barahona Catalán (…) y restaura la situación jurídica afectada y, deja sin efecto (…) la resolución por la que la Corte Suprema de Justicia ordenó trasladar al Congreso de la República las diligencias de antejuicio 255-2023, promovidas por el Ministerio Público contra los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral”.

Añade que la CSJ “deberá dictar una nueva resolución” y la conmina a “dar exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de cinco días siguientes contados a partir de que reciba la ejecutoria de esta sentencia”.

Detalles

La Fiscalía de Delitos Administrativos presentó las solicitudes de antejuicio contra los 10 magistrados del TSE, titulares y suplentes, por aparentes anomalías en la compra de su sistema informático.

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El sistema en cuestión, denominado Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), se utilizó para transmitir los resultados de las elecciones de primera y segunda vuelta desde las Mesas Receptoras de Votos al centro de cómputo.

En las denuncias que presentó el MP se enlistan tres cargos penales en contra de los magistrados electorales: fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, señalamientos que fueron elevados al pleno de la CSJ.

La tesis de la Fiscalía apunta el delito de fraude porque el TSE optó por elegir a la empresa que daba el costo más elevado. “Posiblemente suscribieron el contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado al especular con el precio de mercado”, cita el MP.

El sistema Trep fue adquirido a la empresa Datasys, quienes ofrecieron sus servicios por Q148 millones.

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En el proceso de contratación había una segunda empresa que ofertó el servicio a Q113 millones, es decir Q34 millones menos, se trata de la empresa PBS Guatemala.

Esta empresa, incluso, presentó una acción de amparo ante la CSJ para revertir la compra; sin embargo, dicha acción legal no prosperó y quedó sin efecto.

Luego de esa decisión judicial el TSE tuvo vía libre para la compra y, pese a los cuestionamientos de algunos partidos políticos, el Trep quedó establecido como la herramienta informática para transmitir los resultados preliminares de las votaciones del 2023.

Clément Nyaletsossi Voulé, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, presentó una acción legal para respaldar un amparo de ciudadanos y que se garantice el cambio de autoridades de gobierno el 14 de enero próximo.

La acción fue promovida ante Sala Primera de la Corte de Apelaciones por Najman Alexander Aizenstatd Leistenschneider en representación del relator de la ONU y solicita que “se agregue al expediente el presente memorial y documento adjunto consistente en informe de amicus curiae del señor Clément Nyaletsossi Voulé, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación y se tome nota de su contenido y que se emita la resolución que en Derecho corresponde”.

Con esa acción se respalda un amparo que busca garantizar la toma de posesión de las autoridades electas el próximo domingo, pues desde que Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera pasaron a la segunda vuelta de las elecciones en junio pasado, el Ministerio Público (MP) ha presentado varias acciones legales contra los resultados electorales y los integrantes del Movimiento Semilla.

Accionan contra toma de posesión

Por otro lado, la organización Liga Pro Patria presentó este martes 9 de enero ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de amparo para evitar la toma de posesión del binomio electo.

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Dicha acción se plantea a cinco días de que Bernardo Arévalo asuma la Presidencia y a pesar de que esa Corte ordenó garantizar el cambio de mando.

Arévalo de León, quien ganó la presidencia el 20 de agosto de 2023, aseguró la semana pasada a EFE que no hay lugar a dudas de que asumirá el poder pese a las acciones del MP.

En septiembre pasado, el presidente electo denunció públicamente que Consuelo Porras, jefa de la Fiscalía, encabeza un intento de “golpe de Estado” para desconocer los resultados electorales.

Este domingo, Arévalo de León, de 65 años, asumirá la Administración 2024-2028 en sustitución del actual mandatario, Alejandro Giammattei.

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El partido Movimiento Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo de León, sigue vigente, según el criterio del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que este martes 9 de enero le informó al Congreso de la República sobre el estatus legal de esa agrupación, cuyos candidatos ganadores deben tomar posesión el próximo 14 de enero.

El informe del Registro de Ciudadanos fue enviado a pocos días de la toma de posesión de las nuevas autoridades y en cumplimiento a un requerimiento hecho por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso de la República que, además, solicitó información sobre cuáles fueron los partidos políticos que alcanzaron representación legislativa.

El juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, resolvió, a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), suspender la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, orden a la que el Registro de Ciudadanos le dio cumplimiento, pero el TSE revocó la medida y la agrupación continúa vigente.

La solicitud del Legislativo detalla que la Comisión Permanente del Congreso de la República resolvió en sesión del 4 de diciembre pasado “requerir a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo Legislativo (…) que se realicen las consultas correspondientes al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral con el objeto de determinar qué partidos políticos alcanzaron representación legislativa y la situación jurídica en la que se encuentran”.

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Detalla que “los integrantes de la Comisión Permanente manifiestan que es indispensable adoptar las medidas administrativas adecuadas para que los diputados electos tomen posesión de sus cargos y se realice la instalación de la legislatura conforme lo establecido en la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo”, por lo que consideraron pertinente solicitar dichos informes.

En la información proporcionada por el Registro de Ciudadanos se detalla que el Movimiento Semilla está vigente, pero entre las observaciones señala que está suspendido temporalmente, según un oficio del Juzgado Séptimo, pero hay recursos legales pendientes de resolver.

El 14 de diciembre pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó en definitiva un amparo que garantiza la toma de posesión de todos los funcionarios electos el próximo 14 de enero”.

Frenar las actitudes ilegales referentes a la cancelación del partido Movimiento Semilla, al secuestro de material electoral y al intento ilegal de eliminar las elecciones mediante mecanismos ilegales, eran parte de las peticiones que buscaba una acción de amparo que se presentó el pasado 6 de octubre ante la CC y que el 14 de diciembre se otorgó.

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La CC indicó que “conforme su fin último de preservar el Estado de Derecho”, se otorgó el amparo en definitiva.

La CC ya había fallado de manera provisional y con esa resolución se confirma que “se debe preservar el régimen democrático del Estado, observando con cada actuación los valores fundamentales de la justicia, la seguridad y la paz, en particular el principio de alternabilidad en el ejercicio del poder”.

El amparo definitivo que otorgó la CC ordena acciones específicas a instituciones estatales involucradas.

Al Congreso lo conmina a “garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023”. Aquí alcanza tanto al poder Legislativo y al Ejecutivo, en la toma de posesión que debe suceder el próximo 14 de enero.

Insta al presidente de la República, Alejandro Giammattei, a “promover la unidad nacional y la culminación de la transición en proceso”.

El fallo también previene “a toda autoridad que actúe en cumplimiento de la última etapa del proceso electoral.

Sin embargo, el amparo constitucional no significa que debe cesar la investigación penal y sus consecuencias. Por el contrario, la resolución lo consigna.

“Lo decidido es sin perjuicio de las facultades de investigación, persecución y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y los jueces del orden penal, así como, de las facultades del Tribunal Supremo Electoral sobre evidencias serias que presenten incidencia en el ámbito de las organizaciones electorales”, se lee en la resolución.

El lunes recién pasado, el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, presentó a su gabinete de gobierno, compuesto por siete hombres y siete mujeres, y señaló que “hemos elegido personas capacitadas y valientes que asumen este compromiso con la nación”; sin embargo, integrantes de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán señalaron este martes 9 de enero que el binomio electo no fue incluyente.

El equipo de Arévalo de León está formado por 14 funcionarios, entre los que destacan académicos, periodistas y otros que ya han laborado como ministros en el pasado.

Esta es la primera vez que existe un gabinete en Guatemala con paridad de género y Arévalo de León aseguró que buscarán integrar más personas de distintas culturas durante su mandato.

Sin embargo, la Junta Directiva del Consejo de Alcaldes de los 48 Cantones se pronunciaron al respecto y señalaron que lamentan que el gobierno electo “no haya aprovechado la oportunidad histórica de integrar un gabinete de gobierno incluyente”, pues consideran que la participación de funcionarios originarios de los pueblos mayas, garífunas y xincas “es vital” para la implementación de políticas públicas “reales y apegadas” a las condiciones lingüísticas culturales, sociales y jurídicas del país.

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“Instamos al gobierno electo a que durante los primeros cien días de gestión considere nuestras voces y demandas, así como los perfiles profesionales de nuestros hermanos, para que exista una verdadera participación de los pueblos originarios e indígenas en la toma de decisiones”, señalaron los 48 Cantones.

Además, dijeron que la participación de funcionarios originarios de pueblos indígenas es fundamental en los ministerios de Economía, Educación, Agricultura, Ambiente, Comunicaciones y Energía y Minas.

“Los pueblos indígenas no perdemos la esperanza de algún día formar parte de un gobierno que sea incluyente, pero no solo del discurso, sino que permita atender las necesidades reales de la mayoría de la población, que somos nosotros los indígenas”, detallaron.

Agregaron que los 48 Cantones de Totonicapán permanecerán en contra de la corrupción y la exclusión por lo que “exhortamos a continuar con la participación social en pro de la defensa de la democracia del país”.

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Gabinete

Para la Cancillería, el presidente electo nombró al diplomático Carlos Martínez para asumir este cargo a partir del próximo domingo.

Mientras que en otras carteras importantes como Salud fue asignado Óscar Cordón Cruz y Jonathan Menkos al frente de Finanzas.

“Recuperar las instituciones debilitadas por la corrupción” será el mayor reto del nuevo gabinete según el mandatario.

Arévalo de León, quien ganó la Presidencia el 20 de agosto de 2023, aseguró la semana pasada a EFE que no hay lugar a dudas de que asumirá el poder pese a los intentos del Ministerio Público (MP) por impedirlo.

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En septiembre pasado, el presidente electo denunció públicamente que Consuelo Porras, jefa de la Fiscalía, encabeza un intento de “golpe de Estado” para desconocer los resultados electorales.

Este domingo 14 de enero, Arévalo de León, de 65 años, asumirá la Administración 2024-2028 en sustitución de Alejandro Giammattei.

Carlos Ramiro Martínez Alvarado nació en la Ciudad de Guatemala el 13 de septiembre de 1958. A sus 65 años será el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), una cartera en que ha desarrollado su carrera en los últimos 30 años.

Es un experimentado diplomático que durante el gobierno de Alejandro Giammattei fue designado embajador de Guatemala en Italia. Martínez Alvarado habla inglés, francés e italiano.

En el Minex se ha desempeñado como viceministro en cuatro oportunidades. Ha sido director de Integración, subdirector de Política Multilateral y embajador de Guatemala en Argentina y Paraguay.

Fue representante permanente del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales en Ginebra, Suiza. Esto ocurrió en 2006.

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En la década de 1990, cuando comenzó su carrera, compartió con el presidente Bernardo Arévalo como viceministro. Esto ocurrió entre 1994 y 1995. Luego de eso, Arévalo fue nombrado embajador de Guatemala en España.

Entre 1988 y 1991 fue subdirector de Política Multilateral, luego ocupó el cargo de director de Integración y entre 1994 y 1995 y de 2004 a 2005 fue viceministro del Minex.

“De 2002 a 2004 fue director del proyecto Hacia una Política de Seguridad Ciudadana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”, se lee en su hoja de vida. En este cargo también coincidió con Arévalo de León.

“De 1999 a 2002 ocupó el cargo de coordinador de investigación del proyecto conjunto del PNUD y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Hacia una Política de Seguridad para la Democracia”, agrega su hoja de vida.

Es licenciado en Relaciones Internacionales y ha ocupado también el cargo de viceministro en de 2015 a 2017 y de 2020 a 2022.

En el 2021 el viceministro fue cuestionado en el Congreso por la postura de Guatemala respecto a la situación en Nicaragua. En la votación de la Organización de Estados Americanos –OEA- el país siempre se abstuvo. Esta posición, según los interpelantes, provenía desde el presidente Alejandro Giammattei y la cancillería seguía las instrucciones.

Martínez Alvarado, junto con el ex canciller Carlos Raúl Morales, renunciaron al cargo porque el exmandatario Jimmy Morales declaró no grato a Iván Velásquez, exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig).

Se graduó en la Universidad de San Carlos de Guatemala y se especializó en relaciones internacionales en Florencia, Italia.

Trabajó para la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), la Secretaría General de Planificación (Segeplan) y en Proyectos de la Comisión Europea, PNUD y la OEA.

Su formación

1. Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad de San Carlos de Guatemala,
2. Especialización en Relaciones Internacionales en Florencia, Italia.

Experiencia laboral en el Minex

1. Viceministro de Relaciones Exteriores (1994-1995, 2004-2006, 2015-2017)
2. Embajador en la República Argentina
3. Embajador en la República del Paraguay
4. Embajador-Representante Permanente de Guatemala ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra
5. Director de Integración
6. Subdirector de Política Multilateral de Asuntos Económicos de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
7. Director del Programa Comisión Europea/SIECA: Asistencia Técnica y Apoyo
8. Institucional para una mejor utilización de la cooperación europea a Centroamérica
9. Funcionario de las Áreas de Relaciones Económicas Internacionales y de Ciencia y Tecnología de la Secretaria General de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
10. Funcionario en los Proyectos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la Unidad de Ciencia y Tecnología de la Secretaría General de Planificación Económica (SEGEPLAN)
11. Consultorías para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); SIECA/Fundación Ford; Comisión Europea; Instituto de Relaciones Europeo Latinoamericanas (IRELA); Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
12. En 1999, fue director ejecutivo del Instituto Guatemalteco para el Desarrollo y la Paz.
13. Ha sido miembro de la Comisión de Alto Nivel para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz en Materia de Seguridad Ciudadana y Coordinador de la Comisión Preparatoria para el establecimiento del Consejo Consultivo de Seguridad.

El gobierno del presidente demócrata estadounidense Joe Biden confía en dejar atrás los sinsabores del mandato del derechista Alejandro Giammattei, a quien acusa de trabar la lucha contra la corrupción respaldando a la fiscal general Consuelo Porras, considerada corrupta por Washington.

La relación “ha estado un poco tensa bajo la actual administración, hasta el punto que Estados Unidos ha removido ciertos fondos“, declaró a la AFP Pamela Ruíz, analista para Centroamérica de International Crisis Group.

Tanto es así que ha sancionado a más de un centenar de congresistas y a colaboradores cercanos a Giammattei “por socavar la democracia y el estado de derecho” o por “corrupción significativa”.

Giammattei se defendió denunciando una “manipulación mediática y política de algunos miembros del gobierno de Estados Unidos”.

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En contraste con los desaires del líder derechista, que no ha acudido a la Cumbre de las Américas de 2022, el progresista Arévalo ha multiplicado los viajes a Estados Unidos en busca de apoyo contra la embestida judicial de la que es blanco en su país.

“Valores compartidos”

“Se supone que esperan una relación mucho más cercana con el gobierno de Arévalo” y “en general hay muchos valores democráticos compartidos”, asegura Mary Speck, experta en América Latina del United States Institute for Peace, un instituto no partidista creado por el Congreso con sede en Washington.

Hay mucho en juego, no solo para Guatemala, sino para la región, opina Rebecca Bill Chavez, presidenta del centro de reflexión Diálogo Interamericano, también en la capital estadounidense.

“La democracia guatemalteca está en la cuerda floja y el gobierno de Biden y el Congreso de Estados Unidos deben estar alertas y dispuestos a jugársela para apoyar a un gobierno que, si es exitoso, puede ser no solo un hito para el país, sino un ejemplo para una región donde las democracias están en riesgo”, declara.

Por el momento Washington discute “nuevos programas para combatir la corrupción”, principal objetivo declarado de Arévalo, en un contexto particular puesto que no puede colaborar con la fiscal general, sometida a sanciones, afirma Speck.

No le queda más remedio que sortear el obstáculo.

“Hay otras formas de apoyar la participación de la ciudadanía y la rendición de cuentas”, añade Speck, como “trabajar con la policía para combatir el narcotráfico”.

“Muy del centro”

Si 2023 fue un año de cambios en Guatemala, 2024 se anuncia palpitante en Estados Unidos con elecciones presidenciales en noviembre en las que Biden busca ser reelegido. Como contrincante podría tener a su predecesor Donald Trump, si este gana las primarias republicanas.

El desenlace de los comicios no debería interferir en la luna de miel entre Arévalo y Washington.

“Cualquiera que sea la administración elegida en Estados Unidos, tendrán que trabajar con Guatemala en los temas frecuentemente identificados y de mutuo interés: migración, desarrollo, y combatir la corrupción”, sostiene Ruiz.

Además el presidente entrante guatemalteco ha mimado las relaciones tanto con republicanos como con demócratas.

“Aunque es progresista, realmente es muy moderado, muy del centro” y “ha sido muy cuidadoso en cultivar el sector empresarial en Guatemala y también los republicanos en Estados Unidos”, explica Speck.

Puertas adentro Arévalo “enfrenta un camino difícil para cumplir con las expectativas de la amplia mayoría del electorado”, en particular porque es blanco de una “justicia servil” que ha abierto investigaciones penales contra congresistas de su partido, Movimiento Semilla, y porque carece de mayoría parlamentaria, considera Bill Chávez.

Dos escollos de envergadura en un país donde parte de la población se echó a la calle en los últimos meses para denunciar que las instituciones son cautivas de las garras de una élite política y económica aferrada al poder.

A seis días de que Bernardo Arévalo tome posesión como presidente de la República, el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, envió un nuevo oficio al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el que pide que de manera “inmediata” se le dé cumplimiento a la resolución en la que se suspende la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla.

De acuerdo con el documento, en una audiencia solicitada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) se ordenó trasladar una copia de los avances de la investigación y la medida de suspensión provisional de la inscripción de la personalidad jurídica del partido del presidente electo, el Movimiento Semilla, y que por esa razón se debía ejecutar la orden judicial.

“Me dirijo a Usted (…) con el objeto de indicarle que dentro de la Carpeta Judicial identificada al inicio del presente, esta Judicatura celebró audiencia unilateral en la presente fecha, en la cual en virtud de solicitud expresa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (FECI) se ordenó remitir copia del Informe sobre avances de la investigación en el proceso donde se decretó la medida precautoria de suspensión provisional de la inscripción de persona jurídica del Comité para la Constitución del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla, entregado el día de hoy a esta judicatura, para que proceda de manera inmediata con todos los efectos legales que son competencia del Tribunal Supremo Electoral”, señala el oficio firmado por el juez Orellana, sancionado por el Departamento de Estado de EE. UU.

Con la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla se debe empezar un procedimiento para cancelar al partido; además, los diputados de dicha agrupación política tendrían que ser declarados independientes y no podrán integrar comisiones legislativas ni la Junta Directiva del Congreso.

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El TSE confirmó la noche de este lunes que recibió el oficio emitido por el juez Fredy Orellana.

En suspenso

El Movimiento Semilla continuó siendo partido político, según lo resuelto por el Pleno de magistrados del TSE, quien suspendió la orden de su cancelación.

El Pleno del TSE tomó la decisión la noche del 2 de septiembre, notificando de la decisión al partido político durante la mañana del 3 de septiembre, cumpliendo con el plazo que estipula la ley.

El Registro de Ciudadanos suspendió temporalmente a la agrupación, tomando como base una resolución judicial, misma que fue impugnada por el partido político del binomio electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

A consideración del Pleno del TSE, el Registro de Ciudadanos dio cumplimiento a la orden del juez, que emitió la suspensión contra Movimiento Semilla en el contexto de una investigación penal por aparentes ilegalidades en el proceso de formación a partido político.

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Sin embargo, las autoridades electorales también consideraron que “no resulta razonable ni prudente exponer la vigencia de la personalidad jurídica de las organizaciones políticas, pues estas constituyen, conforme a la ley y la doctrina, la base del sistema electoral de Guatemala”, señala el documento.

La decisión del Pleno respecto a la nulidad suspende la decisión del Registro de Ciudadanos hasta que concluya el periodo electoral el próximo 31 de octubre.

Los magistrados no entraron a conocer el fondo de la nulidad que promovió el presidente electo Bernardo Arévalo, que cuestionaba la manera en que un juez ordinario suspendió a un partido político, decisión que a consideración del mandatario electo corresponde exclusivamente a las autoridades en materia electoral.

Muestra seguridad

Por su parte Arévalo aseguró que el domingo asumirá la Presidencia pese a que el Ministerio Público (MP) ha llevado a cabo acciones legales contra él y su partido, acusándolos de supuestas ilegalidades electorales.

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“Desde el punto de vista legal, no hay ninguna posibilidad (de evitar que asuma). Por supuesto, siempre van a seguir haciendo intentos y van a seguir queriendo hacer, por medio de interpretaciones antojadizas, el juego de último minuto”, afirmó.

En diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó garantizar “la toma de posesión” de todos los funcionarios electos, mientras que el Tribunal Supremo Electoral declaró los resultados de los comicios como “inalterables y definitivos”.

La Fiscalía emprendió acciones legales contra Arévalo desde que en las elecciones de junio pasó a la segunda vuelta presidencial. El ahora mandatario electo denunció entonces un intento de “golpe de Estado” ante su promesa de combatir la corrupción.

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Francisco José Jiménez Irungaray, exministro de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Colom entre 2008-2009, tras la muerte en un accidente del titular Vinicio Gómez, es el nuevo jefe del Interior de la administración de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

Jiménez Irungaray es un profesor de filosofía en la universidad Rafael Landívar, donde también es coordinador de Posgrados. Tiene 60 años, nació en la Ciudad de Guatemala el 19 de julio de 1963.

Ha sido un servidor público en el área de seguridad e inteligencia como secretario de Inteligencia Estratégica de la Presidencia, director de Inteligencia Criminal, ministro y ex viceministro de Gobernación y secretario del Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala, según su hoja de vida.

Ha sido profesor de Teoría Política, Planificación y Análisis Estratégico y Epistemología. En el pasado fue profesor en el área de Filosofía Social y Ética.

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Con el programa Interpeace fue responsable del proyecto de seguridad y justicia en Guatemala, El Salvador y Honduras. Tuvo como tarea dar acompañamiento a procesos de formulación de política pública en materia de seguridad, con participación de organizaciones de sociedad civil.

Además, investigación en el campo de rol de fuerzas armadas en seguridad ciudadana y percepción de seguridad.

Jiménez Irungaray es licenciado en Filosofía y Ciencia Política por la Universidad San Carlos de Guatemala, en 1988 y doctor en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma, Italia en 1996.

En sus últimos cargos se desempeñó como secretario técnico del Consejo Asesor de Seguridad de la Presidencia de la República (2004-febrero de 2005); asesor del despacho, Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República (2002-agosto 2003 y 2004); Secretario de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República (2003) y Director de Análisis de esa Secretaría (2000-2001), según su currículum vitae.

Durante el gobierno de Colom fue juramentado como ministro de Gobernación. Antes fue el titular de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici). Jiménez asesoró el diseño y la implementación de ésta y fungió como su director desde el 2007.

Cuando Colom lo juramentó, aseguró que con Jiménez se garantizaba la continuidad de los procesos de la gestión del fallecido ministro Vinicio Gómez, quien murió en un misterioso accidente aéreo.

Gómez murió el 27 de junio de 2008 tras precipitarse el helicóptero en que volvía de una gira por Petén. El hecho ocurrió en un área de la aldea El Pacayal, Purulhá, Baja Verapaz.

Con él murieron el viceministro, Édgar Hernández; el asesor de su despacho, Rony Mejía, y el piloto de la aeronave, Mario Ávila. Los planes que debía continuar Jiménez era la profesionalización de la Policía Nacional Civil (PNC) por medio de su depuración y reforzar los controles internos, así como el fortalecimiento de la Digici.

Colom calificó a Jiménez Irungaray como la mano derecha de Gómez. Sin embargo, solo estuvo en el puesto seis meses. De acuerdo a notas periodísticas de aquella época, presiones de Sandra Torres, quien era la primera dama, obligaron a nombrar a Salvador Gándara en el puesto y sustituir a Jiménez.

El nuevo ministro de Gobernación ha participado en la discusión de iniciativas como del sistema nacional de seguridad, de la ley marco de inteligencia, de la ley de acceso a la información y de la ley de clasificación y desclasificación de información reservada del Estado.

Ha sido catedrático de la maestría en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y de la maestría en Estudios Estratégicos de la Universidad Rafael Landívar. Estudió en el Centro de Estudios Hemisféricos, con sede en Washington.

Un caso sobreseído

En mayo del 2012 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) amparó en definitiva al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en contra de cuatro exmiembros del directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap), por lo que debían ser enviados a prisión.

Dentro de estos estaba Jiménez Irungaray como ex viceministro de Gobernación, además de José Mauricio Radford Hernández, Ángel Rodríguez Tello y Calvin Augusto Illescas González.

La decisión de la CSJ dejó sin efecto la resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, que favoreció a los sindicados pues sustituyó la cárcel por arresto domiciliar. Radford Hernández, Jiménez Irungaray y Rodríguez Tello, exintegrantes del Directorio del Renap, e Illescas González, como representante de la institución, fueron acusados de adjudicar en forma irregular un contrato a la empresa Easy Marketing por Q868 millones 185 mil, para emitir el Documento Personal de Identificación (DPI) en el 2008.

La empresa no acreditó estados y balances financieros de los últimos tres años y carecía de experiencia y el respaldo necesario para el tipo de contrato otorgado, según la Cicig.

Los cuatro estuvieron ligados a proceso por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

Desde el año pasado, según información que ha trascendido, este caso fue sobreseído en favor de Jiménez. Un juez determinó que no existían suficientes evidencias para sostener la causa en su contra.

Se le consultó al nuevo ministro sobre este caso por el cual obtuvo el sobreseimiento, pero aún no ha respondido.