De acuerdo con el documento, en una audiencia solicitada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) se ordenó trasladar una copia de los avances de la investigación y la medida de suspensión provisional de la inscripción de la personalidad jurídica del partido del presidente electo, el Movimiento Semilla, y que por esa razón se debía ejecutar la orden judicial.
“Me dirijo a Usted (…) con el objeto de indicarle que dentro de la Carpeta Judicial identificada al inicio del presente, esta Judicatura celebró audiencia unilateral en la presente fecha, en la cual en virtud de solicitud expresa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (FECI) se ordenó remitir copia del Informe sobre avances de la investigación en el proceso donde se decretó la medida precautoria de suspensión provisional de la inscripción de persona jurídica del Comité para la Constitución del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla, entregado el día de hoy a esta judicatura, para que proceda de manera inmediata con todos los efectos legales que son competencia del Tribunal Supremo Electoral”, señala el oficio firmado por el juez Orellana, sancionado por el Departamento de Estado de EE. UU.
Con la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla se debe empezar un procedimiento para cancelar al partido; además, los diputados de dicha agrupación política tendrían que ser declarados independientes y no podrán integrar comisiones legislativas ni la Junta Directiva del Congreso.
El TSE confirmó la noche de este lunes que recibió el oficio emitido por el juez Fredy Orellana.
En suspenso
El Movimiento Semilla continuó siendo partido político, según lo resuelto por el Pleno de magistrados del TSE, quien suspendió la orden de su cancelación.
El Pleno del TSE tomó la decisión la noche del 2 de septiembre, notificando de la decisión al partido político durante la mañana del 3 de septiembre, cumpliendo con el plazo que estipula la ley.
El Registro de Ciudadanos suspendió temporalmente a la agrupación, tomando como base una resolución judicial, misma que fue impugnada por el partido político del binomio electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
A consideración del Pleno del TSE, el Registro de Ciudadanos dio cumplimiento a la orden del juez, que emitió la suspensión contra Movimiento Semilla en el contexto de una investigación penal por aparentes ilegalidades en el proceso de formación a partido político.
Sin embargo, las autoridades electorales también consideraron que “no resulta razonable ni prudente exponer la vigencia de la personalidad jurídica de las organizaciones políticas, pues estas constituyen, conforme a la ley y la doctrina, la base del sistema electoral de Guatemala”, señala el documento.
La decisión del Pleno respecto a la nulidad suspende la decisión del Registro de Ciudadanos hasta que concluya el periodo electoral el próximo 31 de octubre.
Los magistrados no entraron a conocer el fondo de la nulidad que promovió el presidente electo Bernardo Arévalo, que cuestionaba la manera en que un juez ordinario suspendió a un partido político, decisión que a consideración del mandatario electo corresponde exclusivamente a las autoridades en materia electoral.
Muestra seguridad
Por su parte Arévalo aseguró que el domingo asumirá la Presidencia pese a que el Ministerio Público (MP) ha llevado a cabo acciones legales contra él y su partido, acusándolos de supuestas ilegalidades electorales.
“Desde el punto de vista legal, no hay ninguna posibilidad (de evitar que asuma). Por supuesto, siempre van a seguir haciendo intentos y van a seguir queriendo hacer, por medio de interpretaciones antojadizas, el juego de último minuto”, afirmó.
En diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó garantizar “la toma de posesión” de todos los funcionarios electos, mientras que el Tribunal Supremo Electoral declaró los resultados de los comicios como “inalterables y definitivos”.
La Fiscalía emprendió acciones legales contra Arévalo desde que en las elecciones de junio pasó a la segunda vuelta presidencial. El ahora mandatario electo denunció entonces un intento de “golpe de Estado” ante su promesa de combatir la corrupción.
