La acción, que tiene la Fiscalía de Delitos Administrativos es en seguimiento a denuncia presentada por irregularidades en la adquisición del TREP, y por eso se presentó solicitud de retiro de derecho de antejuicio en contra de los magistrados titulares del TSE.
La acción va contra la presidenta del TSE Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro Guerra, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, y Mynor Custodio Franco Flores,
Además, contra los magistrados suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.
Todos están señalados por la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
La solicitud se realiza, según el MP, en seguimiento a denuncia presentada el 29 de junio de 2023 en contra de los magistrados del TSE, así como del Departamento Informático por posibles irregularidades en la suscripción del contrato administrativo para adquirir el programa informático TREP que se usó en el proceso electoral 2023.
Los señalamientos
En un comunicado que publicó el MP, la fiscalía explica por qué los magistrados fueron acusados de los tres delitos.
Abuso de autoridad: “Porque en la calidad de magistrados del TSE posiblemente abusaron de su cargo al haber suscrito el contrato administrativo del programa informático para la trasmisión de resultados preliminares del proceso electoral 2023, tanto desde el momento de su adjudicación, como al momento de la suscripción del contrato que permitió la consignación de varias ilegalidades en claro abuso de autoridad, puesto que se permitió la no supervisión independiente del software, al consignar en el contrato que la misma entidad DATASYS, S.A; como proveedor recomendó a la entidad PODERNET, siendo el mismo proveedor quien designó a un supervisor, usurpando funciones públicas y propias del Tribunal Supremo Electoral, como lo es la sumatoria y transmisión de los votos”.
Incumplimiento de deberes: “Porque en la calidad de magistrados del TSE posterior a la suscripción del contrato administrativo antes mencionado con la entidad DATASYS GUATEMALA S.A. no hubo una supervisión del software por parte del Tribunal Supremo Electoral, sino que la misma entidad DATASYS GUATEMALA S.A; es decir, el proveedor, fue quien recomendó a la entidad PODERNET, para la misma, lo cual es ilegal porque existe un conflicto de intereses, ya que no se puede tener una supervisión por una entidad que el mismo proveedor recomienda. El Tribunal Supremo Electoral omitió el control de la sumatoria y la trasmisión de los datos, puesto que la misma se hizo a través del proveedor extranjero de origen mexicano PODERNET, el cual no estaba supervisado, por lo que los Magistrados del TSE posiblemente omitieron realizar una función propia de su cargo, debiendo de verificar si dicho programa informático cumplía con los requisitos necesarios para la trasmisión de resultados preliminares”.
Fraude: “Tal y como lo regula el artículo 450 del Código Penal, se incurre en la referida figura legal, cuando el funcionario o empleado público, con ocasión de uno o más contratos con el Estado de ejecución de obras o servicios, mediante algún artificio defraudare al Estado. Para ello, los denunciados, en calidad de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral algunos autorizaron la adjudicación y otros, la aprobación de la suscripción del contrato administrativo con la entidad DATASYS GUATEMALA S.A., misma que al momento de presentar su oferta, lo realizó por la cantidad de Q148,850,250.00, mientras que la otra entidad ofertó por la cantidad de Q113,957,424.00, siendo menor el precio, por una diferencia de Q.34,892,826.00, e incluyendo hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones, por lo que los señores magistrados, posiblemente suscribieron el contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado al especular con el precio de mercado del software adquirido el cual debió incluir dentro del contrato el hardware operativo”.
