El ente investigador sindica a Santos de los delitos de abuso de autoridad y falsedad material con agravación electoral, mientras que a Chiroy, por abuso de autoridad.
El pasado viernes 8 de diciembre, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) presentó una fase de investigación en la que asegura haber encontrado diferencias entre los formatos avalados y los utilizados por las actas 4 de las votaciones de las elecciones 2023.
Además, el MP señaló que de las nueve entidades comerciales que fueron contratadas para la impresión de material electoral, el TSE solo reportó a cuatro ante ellos.
Según el ente investigador, el documento 4 no cumplía con los requisitos legales establecidos, y aseguró que hubo una alteración de la información de los documentos electorales con la intención de que coincidieran los datos de las actas con los que fueron publicados en el Trep.
En la investigación, el MP aseguró que hubo actas digitadas durante el transcurso del 25 de junio, en la primera vuelta de elecciones, sumado a que hay actas 4 que no coinciden con las actas 8.
También informó que no localizaron unas 7 mil actas número 4.
Se consultó al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) sobre si ambos funcionarios del TSE tuvieron movimientos migratorios, pero aún no ha habido respuesta.
También se consultó al TSE sobre si los funcionarios solicitaron licencia, pero quedó pendiente de la respuesta.
