La Multisectorial, que articula varias expresiones sociales de Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, San Marcos y otras regiones del país, publicó este lunes un comunicado en el que manifiesta su preocupación ante la coyuntura nacional, al considera que la voluntad popular, manifestada en las urnas, está en peligro.
El comunicado señala que “las insistentes acciones que impulsa el Pacto de Corruptos en contra del pueblo, su voluntad popular, la Democracia, la justicia, la libertad de expresión y el bienestar social está colocando al país al borde de una de las peores crisis políticas, económicas y sociales”.
Agrega que “el costo por las acciones irresponsables e ilegales del gobierno, políticos, empresarios, empleados públicos y personas relacionadas con los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos es muy alto y el pueblo está cansado de soportar sus abusos, derroches y robos”.
Refiere que ante los acontecimientos antes descritos el pueblo “mantiene su dignidad intacta reflejada en sus luchas, revueltas, resistencias y su ejemplar resiliencia”.
“Ese pueblo digno y luchador es el único que tiene el poder soberano y es el que les advierte que hasta aquí llegaron”, agrega el documento, en el que se enumeran varias exigencias.
Entre las demandas están “el cese a la persecución y criminalización del Partido Semilla y que se dejen sin efecto las medidas jurídicas provisionales que ponen en riesgo la toma de posesión del gobierno electo democráticamente por el pueblo de Guatemala en las pasadas elecciones generales”.
También piden la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra La Impunidad, Rafael Curruchiche; el juez, Fredy Orellana; la fiscal Cinthia Monterroso y presidenta del Congreso, Shirley Rivera, “por la sistemática criminalización de operadores de justicia, fiscales como Virginia Laparra, jueces, periodistas, activistas y estudiantes universitarios en resistencia”.
“Hacemos un llamado al pueblo digno, luchador, solidario, así como a las organizaciones sociales, activistas, defensores, estudiantes conscientes, líderes comunitarios y autoridades ancestrales a declarar personas Non Gratas en cada uno de sus territorios a quienes atenten contra la voluntad popular, la democracia, el Estado de Derecho, la justicia y el bien común”, dice el documento.
Por último, hacen un llamado a “todos los pueblos a la organización, articulación y coordinación de acciones conjuntas a nivel nacional, pues nuevas amenazas aparecen y buscarán debilitarnos, separarnos, dividirnos, pero ya no caemos en la trampa, pues unidos somos invencibles (…)”.
Postura
Al respecto el MP señaló que las investigaciones que se efectúan están basadas en ley.
“Todas las acciones del Ministerio Público se desarrollan en estricto apego al principio de legalidad. La obligación constitucional del Ministerio Público es investigar las denuncias ciudadanas; una investigación tiene como fin averiguar la verdad por lo que jamás podría considerarse criminalización”, señaló la Fiscalía.
