Se hizo mención a la “extrema judicialización” de los días anteriores a las votaciones y los resultados obtenidos el 25 de junio, lo cual representó incertidumbre y puso en riesgo la democracia guatemalteca.
“La Misión considera que el abuso de los instrumentos legales por parte de actores insatisfechos con los resultados introdujo un alto grado de incertidumbre en el proceso electoral y puso en riesgo la estabilidad democrática del país”, sostuvo Eladio Loizaga, jefe de la MOE/OEA.
Países se pronuncian
Durante la sesión, el representante de Estados Unidos, Francisco Mora, apeló a la Carta Democrática Interamericana de la cual todos los miembros de la organización son firmantes.
“Cada que se socava la democracia en la región, no nos debemos de quedar con los brazos cruzados”, mencionó el embajador Mora y recordó el artículo 1 de la Carta el cual refiere que se debe de defender la democracia en la región.
También, el diplomático mostró preocupación debido a que el intento por parte de cualquier gobierno de cancelar o suspender participaciones mientras se desarrolla el proceso electoral muestra incoherencia con la referida misiva.
Además, otros países como Canadá, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Argentina, entre otros, se unieron a los pronunciamientos de preocupación ante los intentos de cancelar agrupaciones políticas y la judicialización del proceso.
También reconocieron las acciones del Tribunal Supremo Electoral y Registro de ciudadanos al no acatar la orden de suspender al partido Movimiento Semilla, así como por oficializar los resultados del 25 de junio, dándole continuidad al proceso.
Guatemala pide no injerencia
Por su parte, el canciller guatemalteco Mario Búcaro justificó que los amparos presentados después del 25 de junio demuestran que en el país hay un balance de poderes, así como que se garantiza que prevalece orden constitucional.
Recordó a los demás países miembros de la OEA que los pronunciamientos sobre la coyuntura guatemalteca se realicen sin fines políticos y que se reafirme la no injerencia en los asuntos internos de cada país.