También ha puesto de nuevo en el centro de la atención a una región que en las Elecciones Generales 2019 ofreció una serie de incidentes que quedaron registrados por las autoridades correspondientes.
En ese contexto, la demanda de organizaciones civiles y sociales es investigar y sancionar a las agrupaciones políticas que propicien los actos violentos, tipificados no solo en leyes penales, sino electorales.
Natalia Gámez, portavoz de la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOEGuate) asegura que la Fiscalía de Delitos Electorales del MP debe investigar los hechos y procesar si es que incurren en delitos tipificados en las leyes de la materia.
Los posibles delitos
“Deberían de investigarse si los hechos pueden considerarse como turbación del acto eleccionario, coacción contra las elecciones y coacción contra la libertad política”, añade.
El Código Penal guatemalteco castiga la turbación del acto eleccionario en el artículo 407 “A”. “El que con violencia, intimidación o amenazas turbare gravemente o impidiere la votación o el escrutinio de una elección nacional, o municipal, será sancionado con prisión de dos a ocho años.”
Además, el artículo 407 “B”, castiga la coacción contra elecciones de esta forma: “El que mediante violencia, intimidación o amenazas a un elector le Impidiere votar, le obligare a hacerlo cuando no está obligado o a hacerlo de una manera determinada, será sancionado con prisión de uno a cinco años.”
Y finalmente, el artículo 216, “coacción contra la libertad política”: “Quien, fuera de los casos previstos en las leyes especiales respectivas, por medio de violencias o amenazas impidiere o coartare el ejercicio de cualquier derecho político, será sancionado con prisión de seis meses a tres años”.
Según Gámez, “la violencia y la conflictividad electorales amenazan la integridad de las elecciones y es fundamental que se promueva un ambiente pacifico electoral en el que todas las personas puedan ejercer sus derechos políticos”.
“Debe ser el único caso que se permita”
Agrega que el MP debe hacer su tarea e investigar y deducir responsabilidades. El exmagistrado del TSE, Gabriel Medrano, asegura que este caso debe ser el único que permita que ocurra las autoridades electorales.
“Se deben tomar medidas drásticas para que no se ponga en peligro a las personas durante el proceso electoral. El MP debe deducir responsabilidades de oficio y castigar a quien cometa delitos”, puntualiza.
El TSE, luego del hecho, emitió un comunicado y se limitó a lamentar los hechos y confirmar que investigarían el caso. La Inspectoría General ya se encarga del caso.
La disputa tuvo lugar a menos de una semana de que 27 de los 30 partidos políticos suscribieran un pacto de no agresión ante el TSE, con el objetivo de promover un proceso de elecciones sin violencia.
En el caso de Tucurú, la simpatizante de Valor, Susan Ponce, que según han expuesto en su defensa partidarios de esa agrupación política, intentaba recuperar un celular que le había arrebatado una afiliada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Todo eso terminó con el uso de un arma de fuego para lograr el objetivo. La mujer hizo un disparo al suelo, y de acuerdo con el MP, el hecho ya lo investigan de oficio e hicieron las diligencias este 17 de abril la Fiscalía Municipal de Santa Catalina La Tinta y la del Distrito de Alta Verapaz.
El artículo 127, “disparos sin causa justificada”, de la Ley de Armas y Municiones, establece que “comete este delito quien dispare con arma de fuego, sin causa justificada”.
“El responsable será sancionado con prisión de uno a tres años y comiso del o las armas. La Dirección General de Armas y Municiones (Digecam) no otorgará licencia de portación de armas por un período de tres años a quien resulte culpable de este delito”, agrega.
No está en mapa 2023
Lo que ha llamado la atención es que en el mapa de violencia electoral que presentó el TSE el 16 de enero pasado es que Tucurú no aparece entre los municipios que representan un muy alto riesgo, alto riesgo o nivel medio de riesgo.
De Alta Verapaz, y de alto riesgo, el TSE solo menciona a Chisec, Chahal, Cobán y San Pedro Carchá. Y de nivel medio de riesgo, a Panzós. Ninguno otro.
Un análisis de la asociación civil Diálogos, que pertenece al MOEGuate, revela que durante las elecciones de 2019 no registraron violencia armada.
Eso sí, en 2011, recuerdan que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) registró dos incidentes de violencia y conflictividad electoral en Tucurú.
También reportan que en 2015 hubo incidentes de violencia y conflictividad electoral, pero se desconocen la cantidad de hechos.
El MP, en 2019, reporta un delito de “turbación del acto eleccionario” en ese municipio. Este caso, según registros periodísticos “involucró a un grupo de pobladores que bloqueó el acceso al municipio por su inconformidad con los resultados electorales”.
Aquel año compitieron nueve partidos por la alcaldía en Tucurú. Ganó la UNE con el candidato Leonel Victoriano Guzmán Argueta.
El segundo lugar lo obtuvo el partido FCN-Nación, con la candidata Alba Noemí López Paz, que ahora en el proceso electoral 2023 compite de nuevo por la alcaldía, pero esta vez lo hace por la UNE.
Más adelante, según el registro de datos de Diálogos, López Paz fue ligada a proceso en enero de 2020 por el delito de atentado contra el transporte de material electoral.
El MP estableció que el 17 de junio de 2019, un grupo de personas inconformes con los resultados, supuestamente incitados por López Paz, ingresaron en el centro de cómputo y despojaron de las actas electorales a los integrantes de la Junta Receptora de Votos.
Tucurú forma parte del Valle del Polochic, integrado por los municipios de Tamahú, La Tinta, Panzós y Senahú, Alta Verapaz, y El Estor, en Izabal. En estas localidades, según Diálogos, es muy probable que ocurran incidentes de violencia electoral durante el proceso actual.
Por qué Tucurú está en una zona conflictiva
El estudio de Diálogos revela que es porque “la región tiene un significativo historial de conflictos agrarios, los cuales pueden ser aprovechados por políticos y otros actores locales con poder para movilizar a grupos de personas a favor de sus intereses o en contra de sus opositores”.
Para el MOEGuate y Diálogos “es importante entender que ningún análisis va a ser 100% certero, pues es imposible predecir con exactitud en dónde va a haber violencia o conflictividad electoral porque hay muchos factores y tenemos muy malas estadísticas.
La portavoz de MOEGuate, Natalia Gámez, considera que “el TSE debiera hacer pública la metodología que utilizó para construir el mapa de conflictividad electoral” y plantear hacer uno nuevo.
