Las contendientes del actual proceso electoral han salido al paso para desvirtuar y exacerbar los ánimos con acusaciones mutuas respecto a su paso por la administración del gobierno. Pero, ¿Cómo se contrasta lo que dicen con la documentación histórica?
El debate lo centraron en la restitución de la pena de muerte, principal ofrecimiento de campaña de Ríos, hija del jefe de Estado en la década de 1980, Efraín Ríos Montt, quien también fue presidente del Congreso durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
Torres ha descalificado la propuesta de aplicar la pena capital de Ríos Sosa, porque considera que es inviable por el vacío legal que se generó en el 2000 cuando su papá era presidente del Congreso y ella diputada.
“Seguramente aprobó ese decreto. Tenemos que verificar eso, pero muy seguramente lo aprobó. Miren ustedes la gran contradicción”, señaló.
Pena de muerte en Guatemala: Los hechos
Según la Hemeroteca Prensa Libre en 2001, durante la administración del presidente Alfonso Portillo, el Congreso, con mayoría oficialista del FRG, entre ellos la candidata y su padre, derogaron la Ley de Indultos.
El Decreto 159 de la Asamblea Nacional Legislativa regulaba el procedimiento para el otorgamiento del indulto, pero lo derogaron por medio del Decreto 32-2000 del Congreso.
Hasta el 1 de junio de 2000, el conocimiento del Recurso de Gracia y la concesión del Indulto respectivo correspondía al Presidente, conforme lo ordenaba el Decreto 159.
Ríos Sosa le respondió a Torres: “Le quiero informar que yo voté en contra de la Iniciativa de Ley 159, sus asesores seguramente lo sabían, pero usted como siempre, o no los escuchó, o los despidió, porque no piensan como usted, y no porque lo diga yo, lo dijo el exministro de Finanzas (de la UNE), (Juan Alberto) Fuentes Knight”.
Un año después, el mandatario Portillo impulsó un proyecto para abolir la pena de muerte, pero se lo rechazaron. La última ejecución fue en el 2000, por medio de la inyección letal.
Aquella vez se les aplicó la pena capital a los privados de libertad Luis Amílcar Cetino Pérez y Tomás Cerrate Hernández por el secuestro y asesinato de Isabel Bonifasi de Botrán. Esta acción judicial fue transmitida en vivo por televisión.
El 10 de febrero de 1998 se aplicó por primera vez la inyección letal para cumplir una sentencia de muerte que posteriormente fue motivo para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenada al Estado de Guatemala.
Fue Manuel Martínez Coronado quien pagó con su vida por haber asesinado a Juan Arias Bautista, Rosa Miguel, Emilia Arias y a las niñas Francisca, Jovita, Arnoldo y Aníbal, de apellidos Arias Miguel, el 16 de mayo de 1995 en la aldea El Palmar, municipio de Quezaltepeque, Chiquimula.
Cuatro años antes, durante el gobierno de Álvaro Arzú, fundador del partido Unionista, que ahora hace alianza con Valor de Zury Ríos, se aplicó por última vez el fusilamiento como pena de muerte. Fue transmitido en televisión, también.
Ríos y Torres hablan sobre pena de muerte
Ante los señalamientos de Torres, la presidenciable de Valor-Unionista se refirió a que ella (la candidata de la UNE) propone (ahora) hacer una consulta popular para posicionarse sobre la pena de muerte, (pero) nuestro partido (Valor) propuso esa iniciativa hace más de cinco años”.
Según Prensa Libre, el 29 de marzo diputados de FCN-Nación, Valor y Unionista, propusieron hacer una consulta popular para aplicar la pena capital. Esa posibilidad surgió luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió con lugar un recurso y eliminó del Código Penal la pena de muerte por el delito de asesinato.
Argumentó: “Nosotros ya consultamos al pueblo de Guatemala, el pueblo quiere que se aplique la pena de muerte y de hecho, la constitución la contempla, no hay que tener miedo de tomar decisiones firmes y menos cuando se trata de proteger la seguridad de nuestras familias, nadie está por encima de la ley”.
Ríos Sosa aseguró que los diputados de la UNE, afines a Torres, hacen mayoría con el partido oficial Vamos en temas que les interesa. Le pidió a su contendiente que demuestre su voluntad política y los instruya para votar en favor de la pena de muerte.
Durante el gobierno de la UNE, el presidente Colom vetó la ley que lo había facultado para otorgar o rechazar el indulto a los condenados a muerte.
El 12 de febrero de 2008, cuando Torres era esposa de Colom, y por ende primera dama, el legislativo guatemalteco le restituyó al mandatario la facultad de perdonar la vida o confirmar la pena capital a los reos condenados, que había quedado en suspenso en el 2000, durante el gobierno del FRG.
Colom tomó la decisión porque consideró inconstitucional la ley.
“La señora Sandra Torres hoy habló de seguridad, dice que va a cambiar el país en 100 días, ella ya fue presidente, presidente de facto y en 1460 días en lo que pudo haber hecho tanto, no hizo nada”, expresó Ríos.
