El programa nació luego de la aprobación de la Ley Temporal de Desarrollo Integral, en el Congreso de la República, el 12 de octubre de 2022. En ese contexto, los diferentes grupos de exmilitares habían realizado una serie de bloqueos exigiendo ese beneficio.
Este grupo es recordado por los disturbios que causaron en diversas ocasiones en las protestas donde demandaban la aprobación del programa. En 2021, un grupo ingresó por la fuerza al parqueo del Palacio Legislativo y prendieron fuego a algunos de los vehículos que se encontraban en el lugar y causaron daños al inmueble.
Promesa
Alejandro Giammattei cuando competía por la presidencia, había prometido a estos grupos la aprobación de una ley que les beneficiara, a cambio de su apoyo político.
En 2021, en un entorno de protestas en las que exigían la aprobación de la iniciativa 5664, la Ley de Compensación Económica, un grupo de exmilitares mostró un audiovisual en el que se escucha la promesa de Giammattei al grupo.
“Un hombre que habla, se compromete y no cumple no debiera llamarse hombre. Yo sé que ustedes me van a ayudar a mí. Si este gobierno no pasa la ley de dignificación, que la debería de pasar, nosotros la vamos a impulsar en el Congreso; y algo más, como el próximo Congreso va a estar medio pintadito de verde, yo como presidente del país voy a ir al frente de ustedes como comandante general del Ejército a pararnos frente al Congreso hasta que pase la ley de dignificación”, decía Giammattei en ese contexto.
Y prosiguió: “no hay de otra. Lo tenemos que hacer porque yo no soy el que autoriza la ley, es el Congreso, pero yo sí voy a ser el comandante general de Ejército, y tengo que velar por los veteranos y los miembros activos del Ejército, ese es mi deber y yo los voy a acompañar a ustedes para que no me vayan a mentar la madre a mí sino nosotros se las vamos a ir a mentar a ellos si no nos hacen caso de que esa ley pase”.
Como resultado, desde que llegó a la presidencia hasta que la ley fue aprobada, los grupos de exmilitares presionaron para que el mandatario cumpliera con lo ofrecido.
Sin embargo, la Ley de Temporal de Desarrollo Integral que los beneficiaria con el pago de Q1 mil mensuales por tres años no fue del agrado de todos los que exigían el beneficio.
También estaba la iniciativa 5664 que consistía en una indemnización de Q120 mil y para obtener el beneficio no había que realizar ningún trabajo adicional; mientras que una tercera propuesta, la 6020 que contemplaba Q20 mil al año ponía como condición la prestación de servicios relacionados con el medio ambiente.
Mientras los diputados aprobaban la propuesta que finalmente fijó un pago de Q36 mil a cada excombatiente, un grupo a las afueras del Palacio Legislativo presionaba y amenazaba con disturbios de no ser aprobada la iniciativa que otorgaría Q120 mil. Incluso, recurrieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que Giammattei no sancionara la ley y detener su vigor.
Debido al contexto, diversos analistas señalan el programa como una medida que podría estar condicionada por compadrazgos o clientelismo. Además, dudan de la capacidad del Estado para verificar que los beneficiados en realidad hayan prestado el servicio debido a la incertidumbre sobre la existencia de un registro fidedigno del Ejército.
Ejecución presupuestaria
Hasta junio el Mides ha pagado Q70 millones 153 mil 270 por concepto de transferencias monetarias en el Programa Temporal de Desarrollo Integral. Para el rubro hay asignado un monto de Q303 millones para este año, es decir que en cuatro meses se ha ejecutado el 21.82 por ciento del presupuesto.
El proyecto se presentó como un resarcimiento a las personas que prestaron servicio militar durante los años del conflicto armado, sin embargo, de acuerdo con los datos de la cartera de Desarrollo, la mayor parte de beneficiados está en Jutiapa, Guatemala y Baja Verapaz.
Fueron 45 mil 113 los expedientes que se recibieron, de los cuales, hasta abril en el cierre de inscripciones, eran 37 mil los inscritos en firme y otros 8 mil que debían completar algún requisito pendiente.
Las actividades de reforestación o capacitación relacionada con el medio ambiente las deben de realizar según lo indique el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), en coordinación con el Mides.
De acuerdo con el protocolo, si el beneficiario fallece estando inscrito en el programa, su cónyuge o conviviente puede participar y convertirse en beneficiario.
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Unidad Nacional de la Esperanza
La candidata de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, respondió que planean continuar con la aplicación del programa por los años restantes.
Recordó que el programa nació de la ley que fue aprobada por los diputados, “eso es lo que está en ley, esa ley fue aprobada en el Congreso de la República este año”. Afirmó que se tiene el presupuesto para financiar las transferencias del programa y que es viable su continuación.
“Esta ley si tiene su fuente de financiamiento en el presupuesto, por eso es que la estamos apoyando, porque es totalmente viable”, declaró.
Recientemente la candidata informó que sostuvo una reunión con un grupo de exmilitares que buscan que las mujeres viudas de alguna persona que haya cumplido con el servicio militar puedan ser incluidas en el programa y obtener el beneficio económico.
Sobre esto Torres aseguró que apoyará la petición: “ellos están pidiendo que se incluya en ese programa a 37 mil viudas” y recalcó “hay que incluir a las viudas, porque también tienen derecho”.
De la misma manera, descartó la posibilidad de promover la iniciativa de los Q120 mil. “Eso ya quedó como relegado, porque como ya existe una ley que fue aprobada en el Congreso todos (los exmilitares) creo que se están ya inscribiendo en esa ley”, indicó.
Y añadió que “hay una desinformación ahí, porque creen que estamos hablando de un nuevo estipendio, es la misma ley lo que ellos están pidiendo nada más es ampliar la cobertura hacia las viudas”.
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Movimiento Semilla
El candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, expuso que debido a que el programa está sujeto a una ley vigente, se analizará su continuidad; sin embargo, de hacer gobierno, respetarán los compromisos que el Estado ya asumió.
“Sí es un compromiso legal y examinaríamos la medida de este compromiso. Nosotros vamos a respetar los compromisos legales”, puntualizó el presidenciable.
Recordó que la bancada de la agrupación se opuso a la aprobación de las iniciativas vinculadas con grupos de exmilitares.
“Nosotros estuvimos opuestos en todo momento a este tipo de arreglos transaccionales que se daban con distintos grupos”, manifestó.
Aseguró que históricamente ese tipo de agrupaciones sociales son utilizadas por la clase política para buscar algún beneficio, pero al llegar al poder no les son cumplidas las promesas realizadas.
“En época de elecciones, todo el mundo acude a estos grupos que han sido abandonados y utilizados por el Estado para tratar de ilusionarlos con que, finalmente, les van a dar cantidades de dinero, y después traicionarlos, dejándolos abandonados”, expresó Arévalo.
Aclaró que como partido están interesados en apoyar el desarrollo en tales comunidades.
“Hemos sido claros en que nosotros estamos muy interesados en trabajar para que las comunidades de esa población salgan adelante por medio del desarrollo y que nuestro compromiso es trabajar con sus comunidades para lograr que haya un desarrollo”, aseveró.
