A criterio de los abogados Gabriel Orellana y Alejandro Balsells, expertos en Derecho Constitucional no es viable ninguna acción de este tipo contra un partido político debido a que se rigen bajo una ley de rango Constitucional, identificando que cualquier interpretación sesgada de la ley podría ser un claro ejemplo de golpe de estado.
Orellana: “Un partido no puede tener el mismo trato que una asociación”
El abogado constitucionalista Gabriel Orellana, califica de un absurdo querer cancelar un partido político.
¿Cómo podemos entender esta suspensión de Movimiento Semilla?
El Registro de Ciudadanos ha obrado equivocadamente, porque en primer lugar hay que partir de la premisa que un partido político no puede tener el mismo tratamiento que una asociación o agrupación de derecho privado, por cuanto a que la Constitución misma los sitúa en un marco jurídico especifico, regido conforme una ley de rango constitucional; esto les confiere a los partidos políticos una característica muy especial que deviene de su carácter de interlocutores válidos de la sociedad con el gobierno establecido en el marco constitucional.
Al privarlos de su personalidad jurídica, supuestamente por la comisión de algún delito, es como si el día de mañana quisieran cancelarle la personalidad jurídica al Congreso de la República, acusado de tráfico de influencias y el crimen organizado, son absurdos que por absurdos sirven de ilustración para dar la dimensión de lo que se está cometiendo.
Alguien puede decir que lo dice la Ley del Crimen Organizado, pero esa es una ley ordinaria, inferior en rango a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; además, no tiene la trascendencia social y la aceptación del interés colectivo que pueda tener la cancelación de la personalidad jurídica del “club deportivo X” o de determinada asociación, no son equiparables una con la otra.
¿Qué se puede esperar luego de la suspensión podría haber resistencia del Congreso para entregarles los cargos?
Le estarían coartando al pueblo de Guatemala una decisión que tomó libremente en las urnas, ese es un principio fundamental de derecho público que aquí está en juego y no podemos consentirlo, porque vamos a llegar al extremo de que quien va a decidir de último sobre la voluntad popular será la Corte de Constitucionalidad, o un juez Penal, o una Sala de lo Penal o la Corte Suprema de Justicia, es totalmente inaudito e inconcebible que esto se pueda dar en un estado de Derecho.
¿Si el Congreso se resiste dar a posesión a diputados y al presidente electo sería un golpe de Estado técnico?
Por supuesto que sí, porque la Constitución es muy clara y dice que la función del Congreso es poner en posición y tomar en juramento ante la Constitución al presidente de la República, ya con la credencial que extendió el TSE, y no pueden cuestionar esa credencial porque la función del TSE es exclusiva en materia electoral.
¿Qué podríamos esperar en los próximos días de las Cortes, el Congreso y de la misma Presidencia?
Le faltó un sector a mi juicio, y es qué podemos esperar de la reacción del pueblo de Guatemala. La Constitución misma le reconoce el derecho de resistencia a la violación a sus derechos, y en este caso se le está negando la impresión que manifestó en las urnas. Esa fuerza del pueblo, que reconoce la Constitución cuando dice que no pierde vigencia por aquellos casos en que se vea interrumpida por actos de violencia y de facto.
Balsells: “Un juez no puede suspender a un partido político”
El constitucionalista Alejandro Balsells asegura que en el país se está tratando de fraguar un golpe de Estado con la suspensión de Movimiento Semilla; algo que no tiene fundamento legal. Insiste, además, que es el Tribunal Supremo Electoral el único con competencia sobre los partidos políticos.
¿Cómo podemos entender esta suspensión en el marco de las elecciones 2023?
No hay suspensión temporal. Yo lo que no quiero es que nos perdamos, el tema electoral es uno y está a cargo de TSE, es el único órgano que puede legitimar resultados electorales, no hay otro.
El resultado electoral ya fue legitimado, ya se ordenó la entrega de credenciales. Hoy resulta que la UNE impugna el proceso, pero todos sabemos que no hay ningún argumento jurídico.
Es cierto que el juez sacó una resolución donde ordena la suspensión de Movimiento Semilla, pero las suspensiones y cancelaciones solo pueden hacerse de acuerdo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es de rango constitucional. En consecuencia, poco importa si es dentro o fuera del proceso electoral, un juez ordinario penal, civil o lo que sea no puede suspender a un partido político, porque las únicas causales están en la Ley Electoral y hay un procedimiento.
¿Qué se puede esperar luego de la suspensión, podría haber resistencia del Congreso para entregarles los cargos?
El Congreso tiene que respetar lo que se resuelva, y la decisión del Registro de Ciudadanos fue impugnada de nulidad —el pasado martes— y el TSE tendrá que resolverla, no puede surtir efectos una resolución que fue impugnada, así de fácil.
¿Si el Congreso se resiste a dar posesión a diputados y al presidente electo sería un golpe de Estado técnico?
Quítele lo de técnico, es un golpe de Estado. En los años setenta y ochenta había abogados detrás de cada cuartelazo, ahora hay cuarteles detrás de cada abogado que es golpista. Esto es un intento de golpe de Estado haciéndose bajo argumentos jurídicos, cuando no tiene nada de jurídico, esto es un desprecio a la Constitución y al régimen jurídico, y eso es lo que tenemos que tener claro.
Acá hay un intento de golpe de Estado y hay que señalarlo, no hay que cansarse de decirlo. Quien está detrás es el poder, el poder lo representa el presidente de la República, quien dice una cosa por televisión y hace otras por debajo de la mesa.
¿Qué podríamos esperar en los próximos días de las Cortes, el Congreso y de la misma Presidencia?
Primero que respeten la voluntad popular y segundo que hagan valer el mandato constitucional. Fallar en contra del mandato popular en una elección donde todos desde nuestro teléfono tenemos acceso a las actas.
Lo que estamos viendo es un ataque orquestado, incluso de partidos vinculados al narcotráfico, están tratando de deslegitimar la elección y la Constitución misma.
La población tiene que jugar un papel activo, nuestro derecho y nuestro deber es defender la pureza del proceso electoral, la efectividad del sufragio y tenemos que señalar que cualquier argumento de parte de jueces, la fiscalía o el Ejecutivo es constitutivo de golpe de estado.
