Ante las acciones del MP, el TSE exige que se respete a la autoridad electoral, pues consideran que estas “provocan un ambiente adverso a la legalidad”.
Castillo es acusada del supuesto delito de “obstrucción a la justicia” por no haber cumplido con la orden del juez Orellana que pretendía cancelar al partido Movimiento Semilla, que competirá en el balotaje por la Presidencia el próximo 20 de agosto, según informó la vocería del Ministerio Público.
Castillo, quien asumió interinamente el mando del Registro de Ciudadanos el 18 de julio, había informado a la Fiscalía que se mantenía en firme la decisión de negar la cancelación del partido que postula a Bernardo Arévalo de León a la Presidencia.
EN ESTE MOMENTO
Este jueves 20 de agosto, las fuerzas de seguridad realizan un allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de “secuestrar documentación”, según explicó la Fiscalía.
Hasta el momento, la captura de Castillo no se ha hecho efectiva, según las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con la secretaría del tribunal electoral, Castillo goza de inmunidad por haber sido acreditada en el cargo de registradora de ciudadanos, tras la salida a vacaciones del titular, Ramiro Muñoz.
La salida de Muñoz tuvo lugar el pasado 18 de agosto, cinco días después de haber negado la solicitud del juzgado, señalando que la ley prohíbe cancelar un partido político en plena contienda.
“Nuevamente la máxima institución electoral de la República está siendo objeto de diligencias practicadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público en las dependencias de Recursos Humanos y otras acciones en contra de la Licenciada Eleonora Noemí Castillo Pinzón, Encargada del Despacho de la Dirección General del Registro de Ciudadanos, mismas que no son coherentes ni congruentes, por el contrario, provocan un ambiente adverso a la legalidad”, refiere el TSE en su comunicado.
El documento agrega que “demandamos el respeto al Tribunal Supremo Electoral y garantizar los principios fundamentales del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, además, del estricto cumplimiento de las leyes y el respeto a las jerarquías de la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.
También dice que “es fundamental fortalecer la institucionalidad de la máxima autoridad en materia electoral de Guatemala y por supuesto la integridad y la seguridad de las personas”.
El TSE añade en su comunicado que “es importante recordar que nuestro país es una República cuyo sistema democrático privilegia las urnas como fuente de legitimidad de gobernantes y representantes electos, así como la alternabilidad en el poder político por medio del voto ciudadano en ejercicio de la soberanía popular”.
“La democracia es base del Estado del Derecho y condición indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. No es exclusiva de ningún país o región del mundo”, dice la misiva.
El TSE añadió que “todas las personas tienen derecho a la democracia y los Estados tienen la obligación de promoverla y defenderla”.
“La democracia contribuye al pleno disfrute de todos los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) y a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres para participar en la vida política y pública”, concluye el comunicado del TSE.
Bernardo Arévalo cuestiona
Respecto a los allanamientos y la orden de captura en contra de la registradora civil en funciones, Bernardo Arévalo dijo que se violan los principios del estado de derecho.
“Lo que estamos viendo es cómo la justicia es abusada y vulnerada desde el mismo aparato de justicia. La registrado en funciones tiene derecho de antejuicio y parece que no existiera, una orden de captura de ese tipo viola todos los principios del debido proceso que existen, se utilizan los allanamientos con intención intimidatoria, pero sobre todo se viola cada vez más el ordenamiento (…) estamos en la mira de la comunidad internacional y el informe de la Misión de Observación ha sido sumamente duro y condenatorio de este proceso, el informe evidencia la utilización abusiva y la persecución política que se ha construido a través del abuso de las instituciones de justicia”, dijo en conferencia de prensa Arévalo.
“Muchos de los ataques han sido contra nosotros (…) es contra el Movimiento Semilla, es contra las elecciones, es contra el estado de derecho y es contra la democracia y le corresponde al pueblo de Guatemala defender su democracia”, agregó Arévalo.
De parte de la Unidad Nacional de la Esperanza de Sandra Torres, prefirieron no pronunciarse al respecto.
MOE UE se pronuncia
Por su parte la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) mostró su preocupación por el “acoso” y “hostigamiento” al que se somete de parte de Ministerio Público y el juez Séptimo de Primera Instancia Penal, fedy Orellana.
“La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) condena enérgicamente el acoso y hostigamiento que vienen sufriendo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Movimiento Semilla por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que se han saldado en las últimas horas con la emisión de órdenes de captura contra la subdirectora de Registro de Ciudadanos y una militante del citado movimiento por el juez séptimo de primera instancia penal”, dice en un comunicado la MOE UE.
Además, la MOE UE considera que “estas órdenes, así como los allanamientos de las oficinas del TSE efectuados por la FECI constituyen una actuación impropia de un Estado democrático y de Derecho tendentes a subvertir la voluntad popular expresada en las elecciones del 25 de junio y oficializada por el propio TSE el pasado 12 de julio y que, en el caso de Semilla, atenta contra los derechos de participación política que el Estado guatemalteco está obligado a proteger, especialmente en campaña electoral”.
“La MOE UE recuerda que el TSE es máxima autoridad electoral, cuya independencia y no supeditación a organismo alguno del Estado está consagrada en la ley, por lo que es imperativo que el TSE pueda ejercer su autoridad y funciones sin cortapisas ni intimidaciones de ningún tipo por parte de instituciones públicas cuyo fin constitucional es velar por el estricto cumplimiento de las leyes de Guatemala”, finaliza el comunicado.
Caso contra Semilla
El fiscal Rafael Curruchiche acusó el pasado 12 de julio al Movimiento Semilla de supuestamente haber incorporado firmas falsas en su proceso de inscripción en 2018 y el juez Orellana ordenó su cancelación.
La Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, y los magistrados electorales, ampararon a Semilla evitando su cancelación y dando paso al proceso electoral rumbo a la segunda vuelta electoral del próximo 20 de agosto.
Arévalo De León obtuvo sorpresivamente el segundo lugar en la primera vuelta se medirá ante la ganadora, Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La situación electoral en Guatemala ha generado fuertes críticas, incluida una de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó el actuar de la Fiscalía como “un intento por desconocer la voluntad electoral”.
