El empresario Luis Gutiérrez aseguró que varios socios han decidido vender sus unidades, ya que la mayoría dice que solo trabaja para pagar extorsiones y ahora el aguinaldo.
Gutiérrez agregó que esa asociación tiene registrados 800 buses pertenecientes a 500 socios, quienes cada mes pagan Q1 mil por cada unidad a los extorsionistas.
En Colomba, Quetzaltenango, empresarios agremiados en la Asociación de Mototaxistas indicaron que pagan Q10 mil al mes a los delincuentes, y deben dar monto igual como bonos navideños.
Mientras que dueños de transportes de Escuintla reportan que delincuentes también les exigen pagos adicionales previo a la Navidad.
“No sabemos si son asaltantes, mareros o presos que están exigiendo la suma de entre Q50 mil y Q200 mil por empresa”, expresó un empresario.
Transportistas de Jalapa corren la misma suerte, y según las denuncias, la empresa más afectada es Transportes Jalapanecos Unidos.
Empleados que pidieron el anonimato dijeron que por este flagelo la empresa perdió a uno de sus socios, un piloto y a un ayudante, quienes fueron ultimados cuando se conducían de la capital a Jalapa.
Los afectados por extorsiones agregan que las exigencias de los delincuentes aumentan durante esta época, situación que complica la seguridad de los empresarios y trabajadores de las empresas.
Empresarios de varios departamentos han criticado la poca efectividad e interés de las autoridades para atender ese problema, ya que no responden por la seguridad de los usuarios, a pesar de las denuncias que hacen.
Miembros de la Gremial de Transportes Extraurbanos de Pasajeros (Gretexpa) de Sacatepéquez dicen que han pedido apoyo a Gobernación y jefes de la Policía Nacional Civil (PNC), pero no han tenido respuesta.
Jaime Osorio, asesor legal de Gretexpa, adujo que para la seguridad, y con el fin de contrarrestar estos hechos, contarán con el apoyo de una fiscalía asignada por el Ministerio Público y que está dispuesta a constituirse en querellante en casos de extorsiones.
Falta de denuncias
Érick Esquivel, jefe de Operaciones de la Comisaria 74 en Sacatepéquez, aseguró que no tienen registros de extorsiones, y si las hay, se trabajan con confidencialidad.
Agrega que la ausencia de comunicación, recursos logísticos y la falta de denuncia por parte de los afectados son las debilidades para atender esos casos.
Tanto la PNC y el MP de Santa Cruz del Quiché, Quiché, confirmaron que de noviembre a la fecha se incrementó el número de denuncias por extorsiones recibidas, y según investigaciones estas proceden de cárceles de la región.
