Orellana, quien fungió como presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, fue quien avaló la captura del periodista y fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien el 14 de junio fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero.
También procesó a la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Samari Gómez, quien finalmente fue absuelta del delito de revelación de información confidencial o reservada; aunque el MP apeló la resolución.
En el mismo caso, Orellana confirmó la orden de extradición en contra del exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, por posibles vínculos con Zamora. Sandoval se encuentra en Estados Unidos desde julio de 2021 y desde allá argumenta persecución por los casos de corrupción que develó junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
En enero de 2020 Sandoval presentó una recusación en contra de Fredy Orellana, al hacerse pública una fotografía donde se observa al juez con una pistola en la mano y al lado de uno de los abogados de Gustavo Alejos, procesado por su vínculo en varios casos de corrupción.
El caso del abogado Juan Francisco Solorzano Foppa también lo conoció Orellana. El MP afirmó que Foppa, quien fue abogado defensor de Zamora , se concertó con otras personas para realizar y presentar un documento fraudulento en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero, en el que está vinculado Zamora.
El 13 de junio último, Foppa fue sentenciado a dos años de prisión conmutables, luego de aceptar los cargos que el Ministerio Público (MP) le imputó.
Caso IGSS
Orellana también ordenó el cierre del proceso penal a favor del exdiputado Baudilio Hichos quien falleció en 2021.
En octubre de 2020, Orellana emitió el sobreseimiento del caso IGSS-Chiquimula, dando por terminada la persecución penal contra Hichos por tráfico de influencias.
La Feci dijo que Hichos dirigió una red integrada por personal del IGSS y particulares en la que negociaron el arrendamiento de manera discrecional del edificio en el centro de Chiquimula.
Según la Feci, el exdiputado “tenía el control administrativo y económico” del inmueble a nombre de la sociedad Comercial & Constructora Siboney, S. A.; además, cuando se negociaba el arrendamiento era el presidente del consejo de administración del edificio.
El contrato de arrendamiento del IGSS lo obtuvo Hichos “pese a su condición de diputado” y ese procedimiento “contraviene la Ley de Probidad y la Ley de Contrataciones del Estado”, acusó la fiscalía.
El titular del Juzgado Séptimo Penal también benefició al exdiputado Roberto Kestler al cerrar la persecución penal por asociación ilícita y enviarlo a juicio únicamente por tráfico de influencias en el caso Negociantes de la Salud.
