El tramo, de menos de un kilómetro, atraviesa el área urbana de Quezaltepeque y es utilizado por cientos de vehículos de carga, de pasajeros y particulares.
Como este trayecto se encuentra el 60 por ciento de la red vial del país, según transportistas y el sector privado.
La principal consecuencia del estado de esas carreteras es la obligada reducción de velocidad para poder transitar.
Horas después de haber colocado las plantas, y con el objetivo de evitar un accidente, la Policía Municipal de Tránsito del municipio las retiró, pero los baches continúan.
Agilizar la contratación de trabajos de mantenimiento, sobre todo por la instalación del invierno.
Que el CIV asuma su rol como ente rector del sistema de mantenimiento y gestión de las carreteras.
Alternativas para continuar con los trabajos de ampliación suspendidos.
Según un análisis del sector privado organizado, si el estado de las carreteras se evalúa sobre 100 puntos, el asfalto recibe 57, y advierte de que si no se les da el mantenimiento adecuado, el deterioró aumentará.
Obligados a ir despacio
En condiciones normales, en las carreteras del país se puede transitar en un promedio de 50 a 60 kilómetros por hora, pero debido al estado actual de la red vial, la circulación se reduce a 35 o 40 kilómetros.
Además del retraso para recorrer los tramos, las empresas y personas particulares deben destinar 50 por ciento más de tiempo para poder cumplir con sus horarios.
Es decir que si, en promedio, un viaje de la frontera Tecún Umán, San Marcos, a la de Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa, era de seis horas, ahora se deben tomar al menos nueve horas.
La proyección la valida la Federación Centroamericana de Transportistas (Fecatrans), y el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua).
“A raíz del mal estado de las carreteras, las empresas planifican más tiempo para poder realizar las entregas y eso se traduce en más presión a los pilotos”, afirmó Lucía Soto, directora ejecutiva de Cutrigua.
Más allá del daño económico, hay una preocupación de la ciudadanía y las empresas privadas porque las malas condiciones de las carreteras puedan significar riesgos para las personas y que se traduzcan en accidentes y, en el peor de los casos, en la pérdida de vidas, refirió José González-Campo, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC).
Héctor Fajardo, directivo de Fecatrans, afirmó que el buen estado de las carreteras es, en promedio, del 60 por ciento, y el daño por falta de mantenimiento, de entre 40 y 45 por ciento.
“Si uno transita por el oriente, malo; por el occidente, malo; para el norte y sur, malo. Todo está malo, por lo que todo el panorama se ve oscuro, en el mantenimiento”, afirmó Fajardo.
Aparte de las carreteras, los puentes, que son una parte vital para el sistema, se encuentran en la misma situación.
Según Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), con base en un análisis efectuado por ese sector, 133 puentes requieren reparación.
De esa cantidad, se determinó que siete necesitan reparaciones urgentes, entre estos el Belice, que conecta a la ciudad capital con la carretera al Atlántico.
Ambos directivos advirtieron de que, si no se atiende a la brevedad el mantenimiento a las carreteras, el daño se incrementará, o sea que el costo de trabajo para la recuperación será más alto y, en todo caso, se tendrá que construir una nueva infraestructura.
Cacif indica que el último mantenimiento se hizo hace cuatro o cinco años, y que en los últimos 12 meses solo se han hecho trabajos de bacheo en algunos tramos.
Sin soluciones
González-Campo urgió a las autoridades del país a que tomen cartas en el asunto y hagan los trabajos de mantenimiento, sobre todo porque ya llegó el invierno.
“Estamos en la época de lluvia y hay presupuesto para la Unidad de Conservación Vial (Covial) para realizar los eventos de contratación para mantenimiento. Ya nos agarró la lluvia y no se realizaron los trabajos, por lo que esperamos que no exista mayor impacto”, afirmó.
Según el empresario, los contratos de mantenimiento que debería ejecutar la Dirección General de Caminos marchan lentamente, y existen algunos proyectos que están suspendidos por asuntos judiciales y falta de pago.
Entre estos casos se encuentra la suspensión de las obras efectuadas por la empresa brasileña Odebrecht, que fue contratada para ampliar a cuatro carriles de 140 kilómetros de Cocales, Suchitepéquez, a Tecún Umán, San Marcos, frontera con México.
Además está el caso de la firma guatemalteca Sigma, que debía construir la CA2 Oriente —ampliación a cuatro carriles de Escuintla a Ciudad Pedro de Alvarado—, pero ahora enfrenta proceso judicial por el caso Cooptación del Estado.
Antonio Ralda, empresario del sector turístico en Retalhuleu, indicó que el mal estado de las carreteras ha ocasionado problemas a las actividades comerciales y empresariales de la Costa Sur, por lo que una de las soluciones alternas es la construcción de carreteras privadas con el cobro de un peaje.
“Desde Cocales hasta la frontera Tecún Umán, el tramo se encuentra destruido y eso impacta en la competitividad”.
El Colegio de Ingenieros solicitó al Ministerio de Comunicaciones declarar de Emergencia Nacional la recuperación de la Red Vial Nacional.
Además pidió que la recaudación de Q200 millones que se prevé para este año por el impuesto al combustible sea utilizada para el mantenimiento de las carreteras y no para otros rubros.
Aldo García Morales, ministro de Comunicaciones, explicó que los candados impuestos a la Ley de Compras y Contrataciones son la razón por la cual no se llevan a cabo las contrataciones.
Karin Slowing, experta en temas de administración pública, considera que la parálisis que se percibe en el CIV se debe a esa ley, pero a la vez las autoridades no han demostrado la capacidad para poder resolver los problemas.
Agregó que otro problema es que ese ministerio está “plagado de casos de corrupción”.
*Con información de: Micke Castillo, Mario Morales y Enrique Paredes
