El discurso en contra de la corrupción en la contratación de obra pública posiblemente lleve a hacer una revisión de procesos y prácticas habituales, trayendo consigo una evaluación exhaustiva de puestos, funciones, presupuestos y normas que regulan el día a día de varias instituciones del Estado. El efecto más notorio de esta decisión será una ejecución ralentizada, deteniendo significativamente la velocidad a la que se invierte en infraestructura en Guatemala. No obstante, para evitar que esta decisión no comprometa el cumplimiento de contratos y obligaciones adquiridas, la nueva administración deberá tener claro, incluso antes de asumir funciones, al menos tres puntos medulares para acelerar la inversión y llevarla a los niveles que necesita el país.
En un primer momento, hay que asegurar que se contará con un presupuesto suficiente para honrar los contratos vigentes y hacer las contrataciones necesarias a futuro. Hoy en día, las obligaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda quintuplican el presupuesto vigente, sin tomar en cuenta los fondos que serán necesarios disponer para atención de emergencias, así como la inversión en mantenimiento de la red vial existente.
De la mano con la garantía del presupuesto, la nueva gestión deberá tener la credibilidad suficiente para atraer nuevo talento y retener al existente. Lamentablemente, las personas a cargo de la planificación, licitación, revisión de estudios, contratación y supervisión de obra pública han ido migrando hacia entidades que ofrecen mayores oportunidades de crecimiento profesional, sobre todo en el sector privado. Será de vital importancia identificar los puestos clave que necesitarán personal con conocimiento, experiencia y capacidad para llevar a cabo las metas planteadas en los ambiciosos planes de gobierno que se compartieron con la población.
Finalmente, habrá necesidad de poner especial atención en la facilitación de los procesos, incluyendo la adopción de nuevas tecnologías y la aprobación de normativas y leyes que agilicen y hagan transparente la inversión en infraestructura. Existen avances en regulaciones como las normas de construcción de puentes y carreteras (i.e. Libro Azul) y el sistema de gestión de la red vial (i.e. HDM-4), pero a menos que haya una aprobación de cambios en la legislación relacionados con contrataciones y otros temas como los incluidos en la Iniciativa 5431 (e.g. adquisición de Derecho de Vía, y pagos por disponibilidad contra cumplimiento de indicadores), será muy difícil alinear el andamiaje institucional existente a los objetivos de desarrollo de país que se han planteado como parte de la política económica y social.
La invitación que se hace es a que el nuevo Gobierno no empiece de cero, y no sustituya una gestión ineficiente por una gestión inoperante. Desde hace algunos meses se ha venido estructurando una visión de país a partir de la plataforma “Guatemala No Se Detiene”, convocando a más de 30 entidades públicas y privadas para orientar los esfuerzos a una ejecución proba y transparente, de la mano de la introducción de cambios sustantivos al ecosistema de inversión en infraestructura. No se tienen respuestas sobre todas las preguntas existentes, pero se tienen propuestas muy sólidas sobre una cartera de proyectos estratégicos para la competitividad del país, un listado de intervenciones viales que impactarán positivamente el sector Agroindustrial y Turístico, así como iniciativas de ley que deben considerarse prioritarias para el próximo Congreso.
La mejor decisión que puede tomar el próximo Gobierno para superar la prueba de fuego a la que tendrá que someterse es apostar por un trabajo coordinado con quienes quieren y pueden hacer de la inversión en infraestructura el punto de apoyo generar desarrollo a todos los guatemaltecos.
* Jorge Benavides es investigador asociado de Fundesa
