Según el análisis del Ministerio de Finanzas, el 81% de esos recursos —Q1 mil 708.9 millones— saldrá del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), pese a que este afronta problemas financieros.
Con una deuda histórica sin respaldo presupuestario que supera los Q11 mil millones, el CIV puede carecer de solvencia para aportar los fondos.
“Está previsto y como cuota presupuestaria, pero la situación del Estado ha sido caótica y quedó tan mal que es una cifra, pero aún no tenemos el dinero real”, afirmó Luis Enrique Monterroso, quien dirige la Secretaría de Seguridad Alimentaria (Sesan).
Otras entidades que se prevé aporten fondos son los ministerios de Ambiente, con Q10.2 millones, y de Finanzas, con Q5 millones. También, el Instituto de Fomento a Municipalidades, con Q358 millones; la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, con Q2 millones, y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, con Q2.6 millones.
“Será difícil conseguir el dinero, porque el CIV está desfinanciado y en un desorden total. El programa Hambre Cero es algo bueno, pero hay que analizar si es factible”, señaló Nicholas Virzi, director de la carrera de Economía Empresarial de la Universidad Rafael Landívar.
Instalan consejo
Ayer sostuvo la primera reunión el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), dirigida por la Vicepresidencia.
“Ahora será coordinado; allí están los recursos de varios ministerios y secretarías, y lo que hacemos es alinear a instituciones para que la respuesta sea dentro del programa Hambre Cero”, dijo a la salida de la reunión el presidente Otto Pérez Molina.
El mandatario también refirió que la primera disposición fue aceptar el fallo judicial en el cual se multa con Q4 mil a los integrantes del Conasan por no combatir la inseguridad alimentaria.
“El Gobierno aceptará las responsabilidades; no defenderemos lo indefendible, ya que el gobierno pasado permitió que murieran niños por hambre, y no queremos que eso nos suceda”, añadió.
El 16 de febrero se prevé un viaje del gobernante a San Juan Atitán, Huehuetenango, que es el municipio con más desnutrición en el país —91.4%—. El promedio nacional es de 46%.
Allí se anticipa la firma del pacto contra el hambre.
Estrategia
Pérez Molina comentó que se prevé atender a más de un millón de niños que tienen desnutrición crónica y más de 12 mil con deficiencias alimentarias agudas.
Esas acciones van desde dotar a familias de opciones productivas para que mejoren su economía hasta un adelanto en sus condiciones de vida, como higiene, salud y educación.
Entre los programas previstos figuran el de Los Mil Días, que apunta a prevenir la nutrición desde la etapa fetal, hasta los 2 años de vida.
La inversión prevista es de Q104 millones 700 mil, y podría beneficiar a 701 mil familias en todo el país.
Además, analizan la venta de harina fortificada.
Efraín Medina, ministro de Agricultura, aseguró que el referido plan empezará en ocho días; pero Monterroso explicó que falta analizar el programa y que posiblemente no lleve el nombre de “súper tortilla”.
El secretario de Seguridad Alimentaria añadió que un grupo de técnicos analizará la conveniencia y dará su opinión la próxima semana.
Realidad nacional
Guatemala es uno de los países con mayor desigualdad del mundo; además, no produce los granos suficientes para satisfacer la demanda.
La dieta básica de maíz y frijol, en el 2007, solo cubrió el 73% de la demanda del primer grano y el 31% del segundo, según el Tercer Informe de Avances en el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según la Ficha Técnica sobre Desigualdad en Oportunidades Económicas en Guatemala del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD-2008), el 80% de la tierra productiva —apta para la explotación agrícola intensa— continúa en manos del 5% de los productores, como lo ha sido desde la mitad del siglo pasado.
Las estructuras eminentemente agrícolas explican que la población rural es del 61% del total y el 80% de ella sea pobre, según el informe.
Aunque el sector agrícola representa solo el 10% de la producción total del país, constituye el 40% de las exportaciones. Además, el agro ocupa el 50% de la fuerza de trabajo; del resto, el 35% labora en servicios y el 15% en la industria.
El problema aumenta porque, en promedio, las personas más ricas —alrededor del 10% de la población— obtienen de ingresos en un año lo que el más pobre —alrededor del 20%— ganará en el transcurso del 70% de su vida, señala el PNUD.
