“Hay una situación de afectación para las comunidades. Ellos —Codeca— obligan a pagar entre Q20 y Q40 a personas y hacen que los vecinos acumulen deuda con nosotros. Además, no cuentan con un mejor servicio, por la falta de mantenimiento”, dijo Amézquita.
Agregó que el problema comenzó en el 2008, en comunidades de San Marcos y se ha extendido a varios departamentos, entre estos Huehuetenango, Sololá, Baja y Alta Verapaz y Zacapa.
“Es un problema de nunca acabar. Lo resolvemos en una comunidad y luego se traslada a otras zonas rurales. Ya agotamos nuestra capacidad de control”, agregó.
Miguel Ixcán, de Codeca, dijo que no se trata de robo de energía. “La oposición pacífica que como organización mantenemos es en contra de las transnacionales, y lo que exigimos es que el Estado vuelva a hacerse cargo de la distribución de energía”, señaló.
“Dicen que es robo de energía como estrategia para ocasionar conflicto entre los comunitarios, pero nuestro malestar se debe a que los proyectos solo benefician a las transnacionales y no se hacen consultas a las comunidades. Exigimos la renacionalización del servicio”, dijo Ixcán.
Agregó que unas 200 comunidades no cuentan con energía, debido a ese conflicto, y que hasta ahora han ingresado 26 solicitudes de proyectos al Instituto Nacional de Electrificación para las comunidades afectadas.
Frena desarrollo
En San Marcos el problema persiste. “Las comunidades rechazan su propio desarrollo, debido al desconocimiento de supuestos líderes”, dijo Héctor Herrera, representante de Hidrosalá, empresa que busca instalar una hidroeléctrica en la finca Argentina, en San Pablo.
Raúl Maldonado, alcalde del lugar, opina que Hidrosalá tiene su documentación en orden y se debe respetar el estado de derecho, aunque rechazó que la oposición se haga con violencia.
Cobro exagerado
En Huehuetenango, varios municipios siguen sin resolver la situación con la distribución de energía eléctrica.
Miguel Velásquez, vecino de Ixtahuacán, adujo que el cobro es exagerado por parte de la distribuidora, pues las facturas superan los Q500 en viviendas humildes que no tienen más de dos focos.
Vayron Herrera, delegado de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) en Huehuetenango, reconoce que hay conflictos en Santiago Chimaltenango, Santa Cruz Barillas y San Juan Ixcoy. Espera que se aborde la situación mediante mesas de diálogo que permitan encontrar soluciones.
En esos lugares no permiten el ingreso de personal de Energuate, comentó.
En Jutiapa, unas 72 comunidades registran casos de robo de energía eléctrica. La mayor parte ocurre en Santa Catarina Mita, El Progreso, Conguaco, Agua Blanca y la cabecera.
Sanciones por hurto
En febrero de 2015, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica emitió por primera vez una sanción a un usuario de la distribuidora Energuate por robo de energía.
El monto de la sanción fue de Q15 mil 953.45, que, según la resolución 462-2014 de esa comisión, la más alta establecida en el Reglamento de la Ley General de Electricidad, por el consumo de unos 10 mil kilovatios hora al mes.
En el 2013 Energuate dijo que las pérdidas por esa práctica era de unos Q210 millones anuales. Actualmente no se pudo establecer ese monto.
En julio último, seis técnicos de Energuate fueron retenidos durante cuatro horas por vecinos de Las Animas, Asunción Mita, Jutiapa, quienes amenazaban con agredirlos. Personal de PDH intervino para liberarlos.
